Aunque la Junta Directiva del Congreso haya nombrado e instalado una Comisión Permanente para nombrar autoridades interinas en la Fiscalía, la crisis se mantiene porque las sesiones siguen sin desarrollarse, el pleno de diputados sigue sin ser convocado y, entre otros temas, el tema de seguridad es uno de los afectados, por ejemplo, la aprobación en tercer debate de la Ley de Usuarios de las Comunicaciones
Tegucigalpa, Honduras.- La conflictividad, que ha ido en ascenso en las instituciones del Estado y que ha escalado, en los últimos meses, en el Congreso Nacional, ha provocado que se mantenga archivada la Ley de Protección de Usuarios de las Comunicaciones, frenando, de esa manera, la lucha frontal contra el delito de extorsión, orquestado y ejecutado por integrantes de maras y pandillas.
“La última ley que estábamos pidiendo (que se aprobara) es la Ley de Protección de Usuarios de Comunicaciones, pero no pasó de dos debates en el Congreso Nacional porque generó discusión, ya que entendían que, a través de esa norma, nosotros íbamos a intervenir las llamadas, pero no es así”, dijo en medios de comunicación el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
En palabras sencillas, Sánchez, que llegó a sustituir del cargo al general Ramón Sabillón, explicó que el espíritu de esta ley, es crear una base de datos para que todos los hondureños y extranjeros que utilicen la telefonía celular estén registrados y, de esa manera, dar con la información y ubicación del presunto criminal que se encarga de extorsionar a través de llamadas telefónicas.
Además, planteó que otro factor importante que se está obstaculizando con la no aprobación de esa normativa, es que las empresas de telefonía que operan en Honduras, son ineficientes a la hora de brindar información relacionada con quienes son los dueños de chips de donde se encontró que están saliendo las llamadas extorsivas.
“Se está pidiendo que las empresas de telefonía celular en 24 horas nos den la que solicitamos (…) tenemos el número (del posible culpable); pedimos la información del registro de ese número a la empresa, pero nos la entregan en seis meses”, argumentó Sánchez.
En ese sentido, Sánchez aseguró que esta normativa no va encaminada a intervenir llamadas telefónicas, como la mal llamada “ley de escuchas”, la que ha sido manipulada en el escenario político, aprobada por el Congreso Nacional en 2011, cuando lo presidía Juan Orlando Hernández.
Esta iniciativa de ley fue impulsada por la oficialista bancada de Libertad y Refundación (Libre) y quedó estancada en el tercer debate en agosto de este año y, ante la crisis que se mantiene en el Congreso Nacional por la falta de consensos entre los diputados para escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), su aprobación sería hasta el próximo año, es decir, en la tercera legislatura.
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LEY PODRÍA INVADIR LA PRIVACIDAD
Aunque la cúpula de la Policía Nacional defiende que esta normativa no invadiría la privacidad de la ciudadanía, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, cuestionó que las autoridades de seguridad deberían explicar lo contrario.
“Invadir la privacidad es un problema, es un riesgo siempre, ahí es donde las instituciones del Estado deben demostrar que es para investigación científica criminal. Necesitamos que el pueblo conozca esas explicaciones”, dijo Ayestas en medios de comunicación.
Ayestas sostuvo que, cuando se manipula una ley como esta, se pone en riesgo la vida de las personas. “A mí me ha pasado que han escuchado mis conversaciones, la ventaja que tengo es que lo que digo en público, lo digo en privado, pero mucha gente se pone en riesgo cuando se utiliza mal un procedimiento como este”, opinó.
Precisamente esa es la disyuntiva que encontró una facción de diputados de oposición que no acuerparon esta normativa, ya que en el artículo 23 establece que las autoridades pueden obtener información de los registros de los usuarios en internet de las últimas 24 horas, sin tener que pasar previamente por una orden judicial.
En ese sentido, el diputado oficialista Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, dijo en medios de comunicación que, ante la negativa de los diputados y el temor de la sociedad, algunos artículos de esa normativa, podrían ser modificados con el fin de arreciar la lucha con la extorsión, que tiene sus tentáculos en todo el gremio del transporte urbano y comercio hondureño.
De acuerdo con denuncias de los transportistas, sólo en el Distrito Central los choferes o dueños de buses, están entregando a las maras y pandillas sólo en pago de extorsión unos 20 millones de lempiras mensuales y están bajo la amenaza que al cierre de este 2023 la cifra pueda aumentar.
