COHEP exige que haya nueva Corte, pero no cuestiona el empecinamiento del bipartidismo por repartirse el Poder Judicial

Por: Redacción  CRITERIO

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Los empresarios también admiten que en Honduras hay una crisis institucional porque no existe el pleno funcionamiento de los tres poderes del Estado.

Tegucigalpa.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) admitió este  miércoles que a raíz de la no elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) existe una crisis institucional que está afectando la seguridad jurídica y por ende las inversiones.

Mediante un comunicado lamenta que la clase política haya sido incapaz de elegir a los 15 magistrados que integran la CSJ y le exige buscar consensos en el Congreso Nacional para elegir a los siete magistrados que aún restan.

En su exposición los empresarios no cuestionan el papel de injerencia que ha tenido en el  proceso el presidente Juan Hernández y la confabulación de los partidos tradicionales (Liberal y Nacional) en cuanto a la repartición de cuotas en el Poder Judicial, pues únicamente basa su señalamiento a la no elección de los magistrados  y a la supuesta falta de consensos por parte de la clase política en general.

A continuación el comunicado:

EL Consejo Hondureño de la Empresa Privada-COHEP, ante los acontecimientos de orden público, relacionado con la dilación del proceso de nombramiento de la Honorable Corte Suprema  de Justicia (CSJ), se pronuncia en los términos siguientes:

  1. La Constitución de la República en su artículo 311 establece el procedimiento para la elección de la Corte Suprema de Justicia. El Sector Privado apoyó de manera decidida a la Junta Nominadora para la selección de los candidatos a Magistrados, la que cumplió satisfactoriamente su cometido.
  2. Como de todos es conocido, el Congreso Nacional de la República y la misma clase política, después de varias rondas, ha sido incapaz de elegir a los 15 magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia, factor fundamental para garantizar la plena institucionalidad con el normal y pleno funcionamiento de los tres Poderes del Estado.
  3. El incumplimiento por el Congreso Nacional de esa obligación que impone la Constitución, afecta sin lugar a dudas la seguridad jurídica y su consecuente efecto sobre el clima de inversiones, pone en precario la credibilidad internacional y retrasa las importantes inversiones nacionales y extranjeras, que demanda la nación para fomentar la creación de empleo y empresas, único camino para mejorar la calidad de vida de los hondureños.
  4. Por las razones expuestas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, exige a la clase política, a los partidos políticos y sus diputados, poner los intereses colectivos y sociales de Honduras, sobre los intereses partidarios y particulares; en consecuencia, pedimos agotar las instancias de diálogo para alcanzar los consensos necesarios para lograr a la mayor brevedad posible la elección de los 7 magistrados que restan por nombrar respetando así el juego democrático.
  5. Una vez logrado el consenso para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, se devolverá la tranquilidad necesaria a la población y permitirá continuar los procesos de consolidación de un Poder tan importante, que garantizará la impartición de justicia, combate a la impunidad y la seguridad ciudadana y jurídica esencial.

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