COFADEH rechaza la militarización de la pandemia covid-19

 

Por: Redacción CRITERIO

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Fotos: Fernando Destephen

Tegucigalpa. – El Comité de Familiares de Detenidos en un comunicado rechazó la militarización que el gobierno de Honduras ha hecho ante la presencia del coronavirus.

El pasado lunes 16 de marzo, el gobierno que dirige el señor Juan Hernández movió la emergencia del Covid19 al ámbito militar, tras haber aprobado en el «Consejo Nacional de Defensa y Seguridad» una serie de disposiciones que restringen, disminuyen o violan derechos humanos constitucionales.

En la primera fase de la pandemia, la dictadura dirigió una campaña de miedo colectivo a través de sus aparatos de desinformación y guerra psicológica, para convertir una variedad de influenza humana de 2.5% de mortalidad en un demonio apocalíptico destructor del planeta Tierra, reza el comunicado.

En esta primera fase, el objetivo fue de implantar las mismas medidas de control sanitario que implementan los países colonizadores – Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos y Canadá –, que poseen recursos financieros y logísticos muy superiores a Honduras.

En la segunda fase, esta misma banda corrompida que controla el Congreso y el Ejecutivo aprovechó la “emergencia coronavirus” para auto donarse una permisión legal de compras directas sin licitación por casi 500 millones de dólares, la llamada “ley de aceleración económica contra el virus19” que ni los países con poblaciones superiores a 20 millones de personas han considerado para ese propósito

Esta segunda fase sirvió, además, para instalar un discurso público de ultratumba que favorece la industria farmacéutica, laboratorista y constructivista, la cual mueve millones de intereses financieros a través de la banca internacional.

Ahora, en la tercera fase de manipulación pública, el régimen lanza contra la ciudadanía los mismos policías represivos junto a los mismos militares sedientos de poder y gloria que dirigen el golpismo de los últimos diez años, para reprimir derechos de la población.

En esta fase, la armada deja atrás el discurso sanitario y de cultura solidaria contra el virus, para imponer la suspensión de derechos individuales y garantías constitucionales, que atacan la libertad personal, la libertad de expresión, de reunión, de locomoción y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

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