Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Una nueva queja contra el Estado de Honduras fue presentada este miércoles ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) por las actuaciones de funcionarios públicos en perjuicio de 722 médicos en formación.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó la queja en relación con las actas de exoneración que autoridades académicas, directores y jefes regionales de los hospitales públicos exigían a los estudiantes de Medicina que realizan su internado rotatorio y servicio social universitario.
Los estudiantes de la carrera de Medicina y Cirugía deben prestar sus servicios a la comunidad en dos etapas, el internado rotatorio en las áreas de pediatría, ginecología, cirugía e interna, y el servicio social universitario en el que se desempeñan como médicos in fieri.
El CNA señala en el documento presentado ante el Conadeh que debido a la negativa de las autoridades de los hospitales públicos de proveer a los estudiantes equipo de protección pese a la emergencia sanitaria por la presencia del Covid-19, el Consejo de Educación Superior de la UNAH determinó en marzo de 2020 su retiro de los hospitales.
En noviembre pasado, las autoridades de la red hospitalaria permitieron su retorno con la condición de firmar un acta de exoneración de responsabilidad penal, civil y administrativa, señala la narración de hechos del organismo anticorrupción.
El Hospital Escuela es uno de los centros hospitalarios donde los encargados de cuatro salas impusieron esa condición que para febrero de este año seguía aplicándose todavía en las salas de pediatría y cirugía.
Los médicos internos son obligados a servir más horas que las que dice el reglamento y aunque no están autorizados para atender pacientes con Covid-19, “una examinación disfrazada de un relato patológico diferente da lugar a un posible contagio” que podría ser mortal, señala el CNA.
Pese a las circunstancias extraordinarias por la pandemia, no se han contemplado medidas para reducir la exposición al contagio, como una reducción de horarios o respetar el establecido y la implementación de métodos efectivos de bioseguridad.
El Estado de Honduras está en la obligación moral y legal de suministrar equipo de protección a los futuros profesionales, pero se ha logrado constatar que en algunos hospitales no se les ha brindado material de bioseguridad suficiente y adecuado, por lo que han tenido que costearlo ellos mismos.
Además, señala el CNA, el desentendimiento de la Secretaría de Salud (Sesal) respecto al desembolso del salario-beca de los médicos in fieri, que se hace de forma irregular e intermitente, los pone en una situación de supervivencia que pudiera llegar a condiciones “inhumanas y degradantes”.
A raíz de las denuncias, algunas que se hicieron virales, la Sesal ordenó suspender la firma del acta de exoneración, la distribución de equipo de protección y la incorporación de los estudiantes en el censo de vacunas para priorizar su inmunización.
A su vez, señala que hay “elementos de convicción suficientes para argüir la vulneración de los derechos humanos de la comunidad médica universitaria” que presta sus servicios a la comunidad.
La desatención del Estado expone a los miembros del internado rotatorio y servicio social al contagio del virus, lo cual les provoca además “elevados índices de estrés y ansiedad”, violentando su derecho a la integridad psicológica.
El trato diferenciado que se les ha dado a los estudiantes, al obligarlos a firmar un documento que exonera a las autoridades públicas de cualquier responsabilidad penal, civil o administrativa, “constituye una palpable transgresión a la obligación del Estado de Honduras de soslayar el trato discriminatorio entre hondureños”, en este caso del personal en internado rotatorio y servicio social.
Finalmente, el CNA pide al Conadeh iniciar las diligencias para verificar el cumplimiento de los compromisos adoptados por el Estado para garantizar los derechos a los futuros profesionales de la medicina.
