Cinco funcionarios del gobierno de Xiomara Castro se han incrementado el salario

Un análisis de datos de Criterio.hn encontró que cinco funcionarios se han incrementado el salario, diez se lo han reducido y once mantienen el mismo

Redacción y gráficos: Luis Escalante

Portada: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. – A más de cinco meses de haber asumido el poder y prometer que ningún alto funcionario perteneciente al Poder Ejecutivo tendría un salario superior al que devenga la presidenta Xiomara Castro, son pocos los funcionarios que han cumplido esta promesa, de hecho, hay otros que se han recetado incrementos.

Un análisis de datos de Criterio.hn, con base en informes del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ha constatado el comportamiento de las nóminas de pagos salariales de las diferentes secretarías de Estado y otras instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.

Dicho trabajo periodístico ha determinado que, si se hace una comparación con los salarios que se habían devengado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, han sido cinco burócratas del más alto nivel –dependientes del Ejecutivo– los que han gozado, durante los últimos meses, de considerables aumentos salariales. Por otra parte, el salario de diez se ha disminuido y el de once no se ha modificado.

El pasado 24 de febrero, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, presentó un informe que desnudó, según el actual gobierno, la raquítica situación financiera heredada por las tres anteriores administraciones: las de los nacionalistas Porfirio Lobo Sosa, que ocupó la Presidencia entre 2010 y 2014, y Juan Orlando Hernández, que primero gobernó de 2014 a 2018 y que después, amparado en una reelección inconstitucional avalada por la actual Corte Suprema de Justicia y serios señalamientos de fraude electoral, lo hizo de 2018 a 2022.

Después de que se publicó el citado informe, que reveló –entre otros asuntos– el desvío de unos L 168,000 millones (US$ 6,888 millones), Moncada se convirtió en una abanderada de promover, como estrategia de ahorro al aparato estatal, una regulación en los salarios de los altos funcionarios.

“La medida debe aplicarse a todos los funcionarios del Estado, sin excepción, modificando, de ser necesario, la legislación especial”, señaló Moncada en aquel momento. Declaró, de igual modo, que el objetivo trazado sería lograr que ningún burócrata del más alto nivel devengara un salario bruto mensual superior al que recibe la presidenta Xiomara Castro, que es de L 137,800.00. La promesa, de momento, no se ha cumplido.

Días después, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, aseguró que la medida sería adoptada en el Ejecutivo a modo de instrucción por parte de la presidenta. Sin embargo, al menos, según lo que ha constatado Criterio.hn, ello no ha ocurrido en su totalidad. Y, paradójicamente, se ha encontrado que algunos funcionarios dependientes de ese poder del Estado, lejos de haber reducido sus ingresos mensuales en concepto de salario, se han beneficiado con significativos incrementos.

Por ejemplo, el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, quien siempre se ha mostrado en contra de esas medidas de ahorro, ha pasado de tener un salario bruto de L 194,698.57, en febrero, a  L 241,211.00, en mayo.

Conformado también por los comisionados propietarios Esdras Sánchez y Alba Valladares, el resto del directorio de la CNBS devengaba, al comienzo, sueldos de L 189,522.93 y de L 182,906.43 –sin haberse comprobado a quién correspondía cada uno porque la información del IAIP refiere los cargos, pero no los nombres. Ahora ambos funcionarios, que según el artículo 2 de la Ley de la CNBS son nombradas por la presidenta, han pasado a ganar L 232,790.00 al mes.

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Otro de los altos funcionarios que tampoco ha acatado la directriz del Ejecutivo, por lo menos vertida a través de los medios de comunicación, es el presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Edwin Araque. El también presidente del Banco Central de Honduras (BCH) durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, de 2006 a 2009, ganaba L 214,256.41 en febrero y ahora devenga L 239,967.00.

Sorprende además que el titular en la Secretaría de Prensa, Ivis Alvarado, que desde el 27 de enero asumió el cargo, haya comenzado devengando L 80,000.00 mensuales y que, a partir de mayo, su salario haya ascendido a  L 109,000.00.

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA ADMITE QUE EXISTE CONTRADICCIÓN

En Honduras, un país donde algunos sectores tienen fijado como salario mínimo mensual los L 7,408.00 (USD 301.35), aspirar a ganar sueldos similares a los que se devengan en el más alto nivel de la administración pública es casi una utopía.

«Existe coherencia cuando se señala una contradicción con respecto a lo que ganan la mayoría de personas en Honduras. Somos conscientes de que no deberían darse aumentos a salarios que de por sí son elevados, personalmente coincido con ello», opinó a Criterio.hn el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta Xiomara Castro.

Cuando Criterio.hn consultó si desde la Presidencia están enterados de esta revelación, Pastor de María argumentó que dichos aumentos, sobre todo los que se han registrado en la presidencia de la CNBS y del Banhprovi, se pudieron haber generado en respuesta al efecto inflacionario –en junio la inflación interanual se situó en un histórico 10,22%– que se atraviesa, pero que, a la vez, no es una justificación válida con los índices de pobreza y desigualdad que posee Honduras.

«Es válido recordar que las instituciones financieras como el BCH, el Banhprovi y la CNBS se administran solas y no reciben fondos de la Secretaría de Finanzas. Son los propios bancos quienes determinan sus rangos salariales, en sincronía con sus escalafones», explicó y recordó que una disminución abrupta en los salarios de todos los funcionarios representaría una violación a los derechos laborales.

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Sin embargo, el funcionario ha adelantado que en la Secretaría de la Presidencia se trabaja en el diseño de una política de escala salarial que traza como objetivo conseguir que ningún funcionario, siempre y cuando la institución para la que labore se rija bajo la Ley del Servicio Civil, posea un salario mayor al de la máxima magistratura del Estado.

Aun así, esta normativa exime en su artículo 3 a los secretarios y subsecretarios de Estado, los miembros del Cuerpo Diplomático, los administradores de rentas y aduanas, los comisionados o consejeros de los órganos electorales y los presidentes o vicepresidentes de los bancos estatales, entre otros servidores públicos.

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA: MÁS BIEN SE DEBE COMBATIR DUPLICIDAD DE SALARIOS

En entrevista con Criterio.hn, el secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado, ha intentado justificar los salarios de algunos altos funcionarios y ha dicho que llegar a esas esferas de la administración pública representa una “tremenda responsabilidad”.

«Esa tesis de reducir los salarios a los funcionarios no es el camino. En realidad, la ruta es y será disminuir la corrupción dentro de la burocracia», dijo.

De igual modo, ha asegurado que han descubierto que en el gobierno anterior hubo funcionarios que nominalmente ganaban un salario inferior a los L 100,000.00, pero que en Casa Presidencial les otorgaban un ajuste y terminaban devengando hasta L250,000.00. «En esta administración ese tipo de prácticas no ocurren ni ocurrirán», sentenció.

Lo afirmado por Orellana Mercado tiene sustento en el caso del exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, ya que en respuesta a una solicitud de información presentada por Criterio.hn, en junio de 2020, ante la Secretaría de la Presidencia, se nos respondió que no existía ningún pago por dicha institución, pero sí existía una remuneración para este funcionario por parte de Casa Presidencial de L 100,000.00.

SE NECESITAN MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), ha recordado que el sector público históricamente ha enfrentado grandes retos al momento de reclutar y mantener talento humano.

«Si se quiere contar con personas talentosas, se debe ofrecer incentivos acordes a esas destrezas. Más allá de cuestionar los salarios, yo propondría rigurosos mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados», expuso a Criterio.hn.

Añadió que, ante la ausencia de esos mecanismos, la población considera que es insuficiente la inversión que se hace en funcionarios que devengan salarios altos y que no generan los resultados deseados.

«No solo se debe criticar el tema salarial, sino también la capacidad que tiene el gobierno de monitorear y evaluar, cosa que le hace falta y que, me temo, no quiere hacer», prosiguió Ramírez, quien añadió que cuando una persona no es supervisada esta tiende a no respetar el trabajo para el que se le ha contratado.

QUÉ FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO SÍ SE HAN BAJADO SU SALARIO

En contraste con lo que se ha expuesto al inicio, Criterio.hn también ha conocido que han sido siete los altos funcionarios que sí han disminuido sus salarios mensuales, algunos a partir de febrero y otros a partir de marzo, siendo la presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Rebeca Santos quien, además de cumplir con reducirse el salario a un rango menor al de la presidenta, tuvo una reducción de un 50,8%.

Santos, una de las cinco personas encargadas de dirigir la política monetaria del país, había iniciado ganando L 274,697.00, la remuneración más alta en toda la administración pública. No obstante, se ha comprobado que, a partir de marzo, su devengo salarial ha pasado a ser de L 135,000.00.

Otros salarios de funcionarios nombrados por la presidenta que han disminuido considerablemente son los que devenga el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, quien pasó de devengar L 140,000.00 a L 120,000.00. Asimismo, el director ejecutivo de la Administración Aduanera, Fausto Cálix, que de L 150,000.00 pasó a L 135,000.00, y la consejera propietaria del Banhprovi, Maritza Arita que, de L 225,000.00 pasó a ganar L 150,000.00, aunque esta última sigue siendo remunerada en mayor proporción con respecto a la mandataria.

Arita, abogada de profesión, es esposa del diputado de Libre, Jari Dixon Herrera Hernández, quien previo a la asunción al poder del actual gobierno predicó una política de austeridad.

SOLO CINCO MINISTROS BAJARON SUS SALARIOS

Ahora bien, si se hace una comparación con los salarios que percibieron los secretarios de Estado en el segundo período del gobierno del conservador Juan Orlando Hernández, solo cuatro de su sucesora, Xiomara Castro, comenzaron ganando menos dinero a partir de febrero de 2022.

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En ese orden de ideas, se ha logrado identificar que se trata de Tomás Vaquero, de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización; Enrique Reina, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Laura Suazo, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; y Ramón Sabillón, de la Secretaría de Seguridad.

Vaquero gana mensualmente un salario  de L 93,100.00, lo que representa L 250.00 menos que los L93,350.00 captados por su predecesor, Leonel Ayala. En tanto, el canciller, con un sueldo de L 90,000.00, gana L 2,000.00 menos que los L 92,000.00 que se le depositaban a Lisandro Rosales, uno de los funcionarios más leales al exgobernante Hernández, quien enfrenta actualmente a la justicia de Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas.

Mientras tanto, Suazo y Sabillón perciben un sueldo mensual de L 94,900.00, que viene a ser de L 250.00 menos que los L 95,150.00 que recibían respectivamente sus antecesores, Mauricio Guevara y Julián Pacheco Tinoco, otra pieza clave en el régimen de Hernández.

En el caso de Rodolfo Pastor de María –L 90,800.00– y Pedro Barquero –L 90,000.00–, secretarios de Estado en los despachos de la Presidencia y Desarrollo Económico, respectivamente. Criterio.hn no ha logrado establecer una comparación precisa en relación a los salarios de quienes habían ocupado dichas titularidades durante la anterior administración.

Se ha intentado determinar de cuánto era el sueldo que percibía, en su condición de secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, la mano derecha de Hernández, ahora nacionalizado nicaragüense en medio de señalamientos por corrupción.  

En ese sentido, fuentes del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) han indicado a Criterio.hn que su cancelación salarial no se realizaba a través de la secretaría en cuestión, sino que mediante la Presidencia de la República. Su salario mensual, según detalló, en junio de 2020, la Unidad de Transparencia de Casa Presidencial, habría sido de L 100,000.00.

En el caso de la titularidad en la Secretaría de Desarrollo Económico, que había venido siendo ocupada por María Antonia Rivera, las cancelaciones por concepto salarial también se realizaban a través de la Presidencia. Rivera, quien fue designada presidencial durante el gobierno de Hernández, de igual forma habría devengado una remuneración mensual de L 100,000.00.  

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OPOSICIÓN: TODO QUEDA EN PROMESAS

El diputado opositor Jorge Zelaya, del Partido Nacional, es del criterio que el ajuste salarial de los altos funcionarios que anunció el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, no representó más que una reacción a la presión de los ciudadanos y de los medios de comunicación.

«Desafortunadamente hemos observado que el actual gobierno no ha sido consecuente entre lo que ha dicho y lo que ha hecho. Yo me cuestionaría, de hecho, si esa reducción a los salarios de la que tanto se habló realmente respondió a una política real por parte de Xiomara Castro», señaló a Criterio.hn, el también periodista, quien figura en el caso de corrupción Hermes, mediante el cual la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ha señalado  a 77 periodistas de haber recibido fondos de Casa Presidencial, durante el periodo 2014-2017 y a través de una empresa de maletín, sin sustento alguno, por concepto de publicidad.

Zelaya recordó que, a finales de febrero, el legislador de Libertad y Refundación (Libre), Samuel Madrid, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de decreto cuya finalidad era reducir los sueldos de funcionarios y diputados.

Criterio.hn ha intentado obtener una entrevista con el diputado Madrid, más no ha recibido una respuesta.

A pesar de lo expresado por Zelaya, algunos de sus actuales compañeros de bancada, entre ellos Tomás Zambrano, Antonio Rivera Callejas, Gladis López, Mario Pérez y Nelson Márquez, fueron parte del grupo de diputados que aprobó en 2018 un aumento de L 35,000.00 a sus salarios y que les permitió a todos los legisladores ganar –sin incluir otras prebendas– los L 90,892.42 que devengan actualmente.

En febrero pasado, el presidente del Congreso, Luis Redondo, dejó a voluntad de los diputados recetarse una reducción en sus salarios. Sin embargo, ninguno de ellos –incluido Redondo– lo ha hecho.

Fue también durante la última legislatura, presidida por Mauricio Oliva, que en diciembre de 2021, a través de una serie de artimañas, se invocó el artículo 127 de la Ley del Servicio Civil y se incluyó en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente a 2022 un ilegal pago de jugosas liquidaciones destinadas a funcionarios del servicio excluido que ejercieron sus funciones durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Algunos de ellos llegaron a recibir hasta L 3,000.000.00, mientras que el perjuicio económico a las finanzas del Estado se estima en L 1,156 millones.