Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. La coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), Yasmín López afirmó que el caso Pandora fue un atentado contra la vida de los y las campesinas de Honduras, pues no accedieron a recursos que debieron ser usados para el fortalecimiento e impulso de los huertos y milpas, que es la alimentación base, atentando de esta forma contra los derechos a la alimentación y a la vida.
La declaración fue realizada durante su participación en el foro «Víctimas del caso Pandora exigen que se revoque absolución para 22 de los 38 implicados», organizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y Radio Progreso; y en el que también participó el abogado Edy Tabora del Bufete de Justicia para los Pueblos y la periodista del CESPAD, Xiomara Orellana.
El caso Pandora involucró el desvío de 282 millones de Lempiras que tenían como objetivo ser destinados al sector agrícola pero terminaron financiando campañas políticas durante las elecciones del 2013 para los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio. La lista de los imputados involucra a 38 personas entre diputados, ex diputados, funcionarios y exfuncionarios públicos y particulares, de los cuales 22 gozan de sobreseimiento definitivo, motivo por el que CODIMCA junto a otras organizaciones presentaron un recurso de amparo contra la resolución que dejó libres a los implicados.
López aseveró que los efectos del caso Pandora repercuten hasta el día de hoy y que como campesinas enfrentan dos pandemias, la pandemia del Covid-19 y la pandemia de la corrupción a la que «no le importa si nuestras compañeras y compañeros, que le dan la vida a un país, se mueren de hambre». Incluso tras el paso de los huracanes Eta y Iota, que causaron calamidad en el sector agricultor, el «gobierno está hablando de un plan de reconstrucción y nosotras nos preguntamos qué tanto ese plan de reconstrucción de verdad va a aportar en el desarrollo y la vida de las campesinas y los campesinos».
La lideresa resaltó que el campesinado en Honduras se encuentra en modo supervivencia. «Es completamente inaudito lo que pasa con el campo y aún así tratamos de continuar, y a nuestras organizaciones nos toca hacer el trabajo» que le corresponde al Estado de Honduras, «porque lo que menos queremos es perder a nuestros compañeras y compañeros». Agregó que es doloroso escuchar cuando deciden emprender camino hacia Estados Unidos porque no tienen cómo sobrevivir.
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«Si realmente ese dinero que se ocupó para beneficios personales de los funcionarios públicos se hubiera invertido en los campesinos y las campesinas, otra historia estuviéramos contando. Quizá Honduras no fuera tan dependiente de la donación internacional, quizá Honduras no dependiera tanto de que vengan productos de otros países para garantizar la comida hondureña» resaltó López.
La coordinadora general del CODIMCA manifestó que así como las mujeres no son vulnerables sino vulneralizadas, el campesinado en Honduras fue debilitado por el Estado por lo que es imposible seguir callando ante una situación de hambre e injusticia en el campo. «Declaramos que somos víctimas de los saqueos, porque no hay dinero para resolver problemas estructurales en Honduras pero sí hay dinero para saquearlo» como ocurrió en el caso Pandora.
CIUDADANÍA DEBE PONER UN ALTO A LA IMPUNIDAD SOCIAL
El profesional del derecho, Edy Tabora quien representa a través del Bufete de Justicia para los Pueblos tanto a CODIMCA como a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) en el recurso de amparo; afirma que no bastan las herramientas jurídicas para poner un alto a la impunidad social-histórica que aqueja a Honduras, sino que además debe ser discutida y debatida en espacios públicos.
«Lo primero que le apuntan los corruptos es a que no se exprese, a que no se debata cómo han robado los fondos públicos», y es que para Tabora el caso Pandora muestra la metodología usada desde el poder para el saqueo y por medio del cual usaban diferentes fundaciones para adquirir fondos públicos que después eran transferidos a terceras personas, funcionarios públicos, personas particulares o empresarios. «Pero principalmente para comprar funcionarios públicos, sobre todo diputados que iban a elegir a altos funcionarios del Estado o también para inyectar fondos para campañas políticas», declaró el profesional del derecho.
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El abogado del Bufete de Justicia para los Pueblos sostuvo que la metodología utilizada en el caso Pandora es la misma utilizada en el caso de la Red de Diputados, en el caso Arca Abierta y el recién presentado caso Hermes, en cuyo requerimiento «se establece que lideraba el saqueo de los fondos, la señora Hilda Hernández y que de eso tenía conocimiento el señor Juan Hernández».
Tábora amplio la discusión recordando que muchos de los implicados en el caso Pandora son hoy virtuales candidatos a cargos de elección popular de cara a las elecciones generales de noviembre 2021 y que mediante la Ley Electoral podrían ser sancionados de forma administrativa mediante multas que duplican el monto recibido en fondos ilícitos.
El abogado planteó que «tanto el Juez de Letras como la Corte de Apelaciones designada, establecieron que son hechos incontrovertidos que ese dinero es un dinero ilícito, entonces ¿por qué el CNE [Consejo Nacional Electoral] no abre una investigación de oficio en el caso Pandora para sancionar a estas personas?»
Tábora concluyó su participación remarcando que es importante seguir discutiendo públicamente la situación de impunidad en el país porque «lo primero que les interesa a los corruptos, a las mafias de la corrupción, es que no se hable de los hechos que produjeron estas graves violaciones tanto a derechos fundamentales como a la administración pública».
