Corte de Apelaciones actúa contra Red de Diputados, pero hizo oídos sordos en Caso Pandora

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones Natural declaró con lugar, en el caso «Red de Diputados», los recursos de apelación interpuestos por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en contra de la decisión de un Juez Natural de archivar extrañamente la presente causa.

Se puede hacer comparaciones de ver a quiénes les declaran con lugar recursos y a quiénes se los niegan, pareciera que se trata de una especie de justicia selectiva, que selecciona a las víctimas que va a ajusticiar, este caso no tiene mayor diferencia si se compara con el caso Pandora, sin embargo a unos los sobreseen definitivamente y a otros, que al parecer no son políticos de mayor peso, se les aplica otra justicia, dijo este martes a Criterio.hn el exfiscal hondureño Omar Menjívar.

Menjívar dice que, si analizamos el caso de la Red de Diputados, la mayoría de imputados no pertenecen al partido de gobierno, por ejemplo, el caso de Augusto Cruz Asencio que pertenece a un partido casi inexistente que se llama Vamos, y, cuando este entró al Congreso Nacional lo hizo a través de la Democracia Cristiana. Otros imputados en este caso pertenecieron en su momento al partido Libertad y Refundación (Libre), como es el caso de Audelia Rodríguez.

Para Menjívar este caso sí puso en evidencia cómo estos diputados drenaban fondos del Estado y explicó que el caso fue archivado porque la juez tenía información de que se aprobaría un decreto sobre la Ley de Presupuesto que liberaba responsabilidad a los imputados. Así que la juez esperó a que el Congreso Nacional lo aprobara y una vez aprobado, archivó el caso. “Acá se vio la confabulación entre el juez, diputados y su pacto por asegurarse la impunidad”, sostiene Menjívar.

“Más tarde la Corte declaró inconstitucional ese decreto, pero ya los diputados estaban libres. Hoy nos han sorprendido con esta resolución. Esto uno no lo habría esperado. Es una muestra más de que en Honduras no existe la seguridad jurídica”, comenta el jurista.

El Tribunal de Alzada Designado ordenó se dicte la resolución correspondiente en contra de los diputados y exdiputados a los cuales se favoreció con el encarpetamiento de su expediente por el delito de malversación de caudales públicos.

Los imputados son Augusto Domingo Cruz Ascencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.

Como se recordará, en el año, el equipo integrado de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic, ahora Uferco) junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) descubrieron a una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Los diputados y la diputada acusados se valieron de una ONG que recibía fondos para obras sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.

Según el Ministerio Público, los imputados solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, mismos que eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Los diputados y diputada implicados en esta Red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE BARRIOS Y COLONIAS DE HONDURAS (ANPIBCH), la cual percibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3, 300,000. 00 el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total se trasladó a dicha ONG L. 8, 300,000. 00, incluso fondos del Congreso Nacional.

 La Ufecic siguió la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.

Según el Ministerio Público,  la estructura de la red de diputados involucrados incluyó la participación de otras personas, entre quienes figuran Jeremías Castro Andrade, Tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, Director Ejecutivo de la ONG; y, Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.

El Ministerio Público espera que ahora que se reactiva el caso «Red de Diputados» se decrete el auto de formal procesamiento respectivo.

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