“Haber publicado información recibida en calidad de reserva, representa una amenaza contra la ciudadanía que tiene la valentía de denunciar o tachar a aspirantes que no cumplen con el perfil idóneo o que tienen vínculos con redes corruptas, en este caso se cambió la norma aprobada”
Tegucigalpa.- La Junta Proponente está exponiendo peligrosamente a los denunciantes, restando credibilidad y confianza en el proceso y exponiendo a la ciudadanía en uno de los países con los mayores índices de crímenes contra defensores de Derechos Humanos, escribió la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia en su cuenta de Twitter.
La Articulación Ciudadana, le recuerda a la Junta Proponente que el reglamento que ellos elaboraron en el artículo 48 reza que, «la interposición de denuncias o tachas deberán presentarse por escrito, observando las formalidades que a continuación se detallan: 1. Nombres, apellidos, generales de ley y correo electrónico o dirección física para notificaciones. La tacha o denuncia podrá realizarse bajo petición de reserva. En ese caso, la Junta ponderará y procederá a establecer el mecanismo respectivo para su tramitación.”
Por tal razón solicitan una explicación por escrito referente a la decisión de hacer públicas las denuncias y tachas que interpusieron, aun cuando lo hicieron en calidad de reserva, haciendo uso de una herramienta creada con el fin de salvaguardar y proteger la integridad del denunciante.
Si el reglamento ya contemplaba la calidad de reserva para los denunciantes, la Articulación señala que les preocupa que, una vez presentadas las denuncias y tachas, la Junta haya cambiado las reglas del juego, adhiriendo interpretaciones que vienen a poner en riesgo la vida, la integridad, el honor de los denunciantes, y a socavar la ya raquítica confianza que la ciudadanía deposita en este tipo de procesos.
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en su guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes, establece que la gestión de las denuncias y cooperación, la evaluación del fondo de la información y la adopción de medidas apropiadas para hacer frente a las irregularidades son elementos fundamentales para fomentar la confianza.
Este es uno de los aspectos más importantes de la protección de los denunciantes. Si se procede de manera adecuada, se reduce al mínimo el riesgo para el denunciante, así como la necesidad de seguir contando con su participación, cuando se considere necesario que siga participando —porque su testimonio es esencial para probar la irregularidad denunciada ante un tribunal de justicia, por ejemplo— la clave para lograr su cooperación radica en responder con sensibilidad y de forma apropiada a todas las inquietudes que pueda tener por su propia seguridad la seguridad de sus allegados.
La percepción que se tenga del éxito o fracaso de las medidas jurídicas dependerá en gran parte de la manera en que se gestione la información que aportan los denunciantes y de que las irregularidades reciban o no la atención apropiada. Por lo tanto, es indispensable que los sistemas que establezcan las autoridades competentes para gestionar la información recibida de los denunciantes satisfagan criterios de calidad y equidad, y que los funcionarios responsables de esas labores posean las aptitudes y la capacitación necesarias.
También se requiere una cooperación interinstitucional eficaz para asegurar el mantenimiento de las normas de protección cuando la información se traslade de una institución a otra. “Pero en nuestro caso, se nos ha expuesto, atentando de este modo contra nuestro derecho ciudadano a denunciar, y poniendo en riesgo nuestra vida”, afirma el comunicado.
La Articulación Ciudadana señalan que ya algunos autopostulantes, a quienes denunciaron, han vertido declaraciones en medios de comunicación a fin de amenazarlos, intimidarlos, o poner en entredicho las intenciones de nuestras denuncias, que no son más, que contribuir con el sistema de Justicia de Honduras, para que las mejores mujeres y hombres ostenten cargos tan importantes como la fiscalía general y adjunta.
Finalmente, responsabilizan a los miembros de la Junta Proponente que mocionaron y votaron a favor para eliminar la reserva de las tachas y denuncias, una vez vencido el plazo de recepción, así como a los responsables de la publicación de la información que les enviamos en carácter de reserva, por cualquier represalia en nuestra contra.
Asimismo, notifican que presentarán las denuncias correspondientes ante los entes nacionales competentes, como el derecho de denunciar ante las instancias internacionales por la indefensión que las y los Defensores de Derechos Humanos sufrimos en Honduras.
