Antidemocratas y demagogos

 

Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.

Por: Edmundo Orellana Mercado

Los dirigentes nacionalistas, dicen que impulsados por su vocación democrática, decidieron  consultar a  sus  correligionarios cuántos periodos tiene que reelegirse el Presidente.

Por su trascendencia, según ellos, la consulta popular es procedente. Dicen que no reglamentar la reelección propicia la reelección indefinida, posición en la que se  encuentran  los  partidos  que  se  niegan  a  reglamentarla.  No se  trata,  realmente  de “reglamentar”,  porque  solamente  las  leyes  se  reglamentan  y,  en  este  caso,  no  existe  ley alguna    que    permita    la    reelección.   

Lo    que    sí    existe    es    una    sentencia    que inconstitucionalmente  derogó,  supuestamente,  la  prohibición  de la  reelección.  En  otras palabras,  lo  que  pretenden  es  regular  la  reelección,  que, según  ellos,  introdujo  en  nuestro sistema constitucional, la sentencia (!).

Por  su  lado,  Zelaya  ha  decidido  consultar  a  sus  parciales,  si  se  inscribe  su  candidatura  en caso de que el Presidente  inscriba  la  suya. Si gana el “sí”, según  los de  Libre,  Zelaya está autorizado  para  competir  con  Hernández  en  las  próximas  elecciones.  Esta  consulta,  sin embargo, es innecesaria, porque este partido nació por, con y para Zelaya, quien es su líder indiscutible.

La consulta le será, inequívocamente, favorable. Esas  consultas  no  son  democráticas,  porque  no  se  dirigen al  pueblo  hondureño,  sino  a  un sector  de  éste,  que,  por  razones  obvias,  votará  como  quieren  los  promotores  de  la  misma.

Los  nacionalistas,  sometidos  a   la   férrea  jerarquía  de  su  partido,   votarán  como  sus autoridades desean; los Libre, votarán como quiere su líder. La consulta de los nacionalistas es doblemente antidemocrática, porque, además de lo dicho en  el  párrafo  anterior,  lo  que  se  debió  consultar,  no    los  nacionalistas,  sino  al  pueblo hondureño, es si está de acuerdo con la reelección. Debió consultarse al pueblo porque éste es el depositario de la soberanía, de la que dimanan todos los Poderes.

Esa manifestación de imperio  la  ejerce  el  pueblo,  directamente  (cuando  ejerce el  sufragio,  por  ejemplo)  o  por medio   de   sus   representantes   (Presidente   o   diputados),   en apego   al   pacto   aceptado voluntariamente (Constitución), cuyas estipulaciones deben respetarse y cumplirse. En caso de modificación de ese pacto, se debe estar a lo que el mismo disponga.

Este   pacto   consagra,   al   respecto,   varias   reglas.   Una,   dispone   que   solamente   podrá reformarse mediante el procedimiento que prevé el pacto mismo; otra, que el pueblo puede ser consultado para asuntos de trascendencia nacional, mediante el plebiscito o referéndum.

La prohibición de la reelección es parte del texto original de la Constitución. La pretensión de  removerla es,  pues,  lo  fundamental,  lo  demás  es  secundario.  Lo  correcto  hubiese  sido, entonces,  consultar  al  pueblo  sobre  lo  principal,  no  sobre  lo  accesorio,  mediante  los mecanismos de consulta popular, el plebiscito o el referéndum.

En nuestro país, sin embargo, nada es como debe ser, sino como tiene que ser. Porque querían suprimir la reelección y sabían que de consultarle al pueblo éste se opondría, fueron a la Sala Constitucional, dócil instrumento que, suplantando la soberanía popular, decidió según lo  pedido. 

Asegurado,  supuestamente,  el  reconocimiento  de  la reelección, es  decir,  lo principal,  someten  a  los  nacionalistas  (no  al  pueblo,  que es  el  auténtico  soberano)  la consulta  de  sobre  cuantas  veces  tiene  que  reelegirse  el Presidente,  es  decir,  lo  accesorio, alegando que es ineludible esta consulta, por la trascendencia de la cuestión.  ¡Qué temor les inspira el soberano! Son nuestros políticos oligarcas elevando la bandera del despotismo  ilustrado: «Todo  para  el  pueblo,  pero  sin  el  pueblo».  Antidemocracia  y demagogia en su expresión más acabada. Quintaesencia de la política vernácula.

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