Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Las muertes violentas de mujeres van en alza en todos los observatorios de la violencia en Honduras, razón por la cual organizaciones de mujeres y feministas urgen la creación de casas refugio o centros para refugio, pero hasta el momento no se perciben impulsos por parte del gobierno.
Es oportuno recordar que, el ocho de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los bajos del Congreso Nacional se convirtieron en el punto de encuentro para exigir la aprobación del anteproyecto de Ley de Casas Refugio, con el propósito de proteger a víctimas y sobrevivientes de violencia.
Esta propuesta ha sido rezagada desde el gobierno anterior dirigido por el exmandatario y extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, sin importar que las mujeres han demandado desde entonces al Legislativo aprobar esta ley que tiene más de cuatro años de estar engavetada.
Los centros de refugio podrían ayudar a prevenir el alza de femicidios al separar a las mujeres de los agresores con los que viven violencia doméstica y otro tipo de agresiones a diario.
Lea también: Sistema patriarcal y machista incide en culpabilizar a las mujeres por femicidios
En conversación con Criterio.hn, la directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), Jessica Sánchez, manifestó que, hasta el momento, el tema no ha sido abordado en conjunto con el gobierno.
Hace algunos días, el diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera Hernández, presentó un proyecto de ley para que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) envíe un inventario detallando los bienes e inmuebles incautados, para que Ciudad Mujer asigne cuáles pueden ser utilizados como refugio para las mujeres.
Aunque urge establecer refugios para las mujeres, la propuesta de Herrera Hernández, tendría que analizarse con más detenimiento porque son bienes en litigio con criminales involucrados en narcotráfico y otros delitos del crimen organizado.
La directora del GSC contó que tuvieron una pésima experiencia con una casa refugio en Tegucigalpa, pues era un bien incautado que se utilizó durante el gobierno de Hernández, pero cuando esta propiedad fue devuelta a los dueños, tuvieron que abandonarla apresuradamente.
Por esa razón, lo que necesitan es medidas de largo alcance, lugares creados especialmente para la protección y cuidados de las mujeres víctimas de violencia o que los bienes hayan pasado al dominio pleno del Estado.
Sánchez apuntó que muchas mujeres no quieren quedarse en refugios, pero quizás sí en habitaciones.
“Me parece grave que tanto los legisladores como el Ejecutivo no estén coordinando con el movimiento feminista y de mujeres, porque somos las expertas en el tema y que tampoco promuevan las propuestas de ley”, expresó.
Lea también: Mujeres exigen al Congreso aprobación de anteproyecto de Ley de Casas Refugio
PROYECTO ENGAVETADO
Desde marzo de 2018, mujeres organizadas entregaron a diputados de los diferentes partidos políticos en el Congreso Nacional la iniciativa de ley para crear una normativa que legalice las Casas de Acogida o Casas Refugio, con el objetivo de proteger a víctimas y sobrevivientes de diferentes tipos de violencia como: la trata de mujeres, el desplazamiento forzado y el abuso sexual, entre otros.
Sánchez razonó que estas iniciativas deben abordarse con personas con experiencia, en coordinación con el movimiento feminista, quienes conocen cómo se debe tratar a las víctimas, porque han desarrollado metodologías comparadas, por lo tanto, si se tienen iniciativas, es mejor que no se trate de una medida temporal o se tratará de lo mismo.
Para la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Merly Eguigure, el rango de atención de las casas refugio debe ampliarse, porque en su mayoría, las que existen son dirigidas por organizaciones impulsadas por mujeres.
La lideresa feminista, recordó que el Congreso asegura y promete servir al pueblo, a los sectores populares y escuchar a las mujeres, pero desde hace tiempo se ha exigido la aprobación de esta ley, la cual ha sido rezagada por más de cuatro años.
Solo en Santa Rosa de Copán y en La Ceiba cuentan con su propio edificio de refugio.
Las necesidades expuestas por Sánchez, son un local permanente, presupuesto, el equipo necesario y personal capacitado, pues deben atender, en muchas ocasiones, mujeres con capacidades especiales.
Lea también: Ministerio Público es negligente con casos de violencia sexual y asesinatos de mujeres
Es primordial también brindar atención a las mujeres y sus hijos menores de 17 años, debido a que muchos llegan con necesidad de atención psicológica debido a la violencia que han sufrido. Además, se necesita una pedagoga o un pedagogo porque los niños y jóvenes pueden presentar problemas de aprendizaje.
Datos recolectados por el Observatorio de Violencias contra las Mujeres 2022 del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), hasta el 23 de junio de 2022, reportaban 146 femicidios. En enero se registraron 27, en febrero 26, en marzo 29, en abril 27, en mayo 21 y hasta esa fecha de junio 16.de comunicación impresos y digitales.
Además, hasta el 31 de mayo del año en curso, se han ejecutado 19 homicidios múltiples en los que han perdido la vida 71 personas, 3 de estas mujeres. La mayoría son asesinadas con arma de fuego. Cortés y Francisco Morazán son los departamentos que encabezan la lista de más femicidios.
El presupuesto que se necesita debe cubrir una atención integral y proponen un consejo consultivo como la tiene Ciudad Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer (Inam) y otras entidades. Para el funcionamiento de una casa refugio necesitarían anualmente entre dos millones y tres millones de lempiras, para cubrir entre otros gastos, alimentación, utensilios y salarios del personal.
Los niveles de impunidad en Honduras alcanzan casi los mismos porcentajes para diversos sectores. El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, dijo a Criterio.hn que en el caso de los femicidios la impunidad alcanza un 90%, a la comunidad LGBTIQ+ también en un 90%, a los comunicadores sociales y periodistas en un 93%, a la niñez y adolescencia en un 95% y en un 97% a los defensores de derechos humanos, del territorio y la tierra.
Un comentario
Hola me pueden ayudar con Asesoria