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Analistas dudan que CSJ emita resolución sobre integración de Juntas Receptoras de Votos

Analistas dudan que CSJ emita resolución

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Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley Electoral, en lo referente a la integración de las Juntas Receptoras de Votos. Sin embargo, analistas advierten que dicha admisión no equivale necesariamente a una resolución favorable, especialmente cuando la Sala de lo Constitucional tiene un largo historial de admitir recursos ligados a procesos electorales sin que estos sean resueltos. 

El director de gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, detalló que la admisión del recurso solamente indica que se han verificado los fundamentos de derecho de lo que se argumenta, la calidad del peticionario y si se cumple con lo que establece la Ley de Justicia Constitucional. No obstante, aclaró que la Sala de lo Constitucional tiene recursos de procesos electorales de 2017, 2013 y hasta de inicios de la primera década del siglo, sin que los mismos fuesen resueltos a favor o en contra.

«Este ha sido uno de los grandes problemas, porque muchas veces estos recursos quedan sin resolver, transcurren los procesos electorales, se brindan los resultados, se declaran las elecciones y estos recursos quedan ahí en el limbo», dijo Ramírez a medios de comunicación.

El director de gobernanza de la ASJ, señaló que a través de este recurso las partes recurrentes intentan invocar que todos son iguales ante la ley, tanto las personas naturales como jurídicas, y que al establecer que los partidos que participan en el proceso electoral primario son quienes tienen plaza definitiva en las juntas receptoras de votos, se incurre en discriminación y desigualdad contra los partidos minoritarios.  

EL TRÁFICO DE CREDENCIALES, RAÍZ DEL PROBLEMA

El sociólogo Eugenio Sosa concuerda con lo expresado por Ramírez en que la admisión por parte de la Sala de lo Constitucional no indica una resolución favorable y argumenta que el problema continuará con o sin la corte, debido a que su origen radica en que las reformas político-electorales no fueron abordadas a profundidad.

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Sosa dijo a Criterio.hn que Honduras vive una «paradoja democrática», por un lado en una democracia «los derechos hacia los partidos políticos de alguna manera tienen que ser correspondidos, ser iguales». No obstante, la nueva Ley Electoral y específicamente lo referente a la integración de las Juntas Receptoras de Votos fue negociada e impuesta por tres partidos políticos para resolver un problema práctico, que corresponde al tráfico de credenciales, dejando fuera de las mismas a los partidos minoritarios. «No estoy seguro de que haya sido la mejor manera de solucionarlo», compartió.

Agregó que hay «suficientes indicios de que estos partidos llamados minoritarios -no todos, pero una buena parte- trafican y participan de un tráfico de credenciales que ha dado lugar para que un partido con recursos, como ha sido el Partido Nacional pueda comprar uno, dos, tres o más partidos políticos, más que a los partidos a sus representantes».

Para Sosa, la solución a futuro estaría enmarcada en devolver los derechos a los partidos políticos, pero a la vez exigir que realmente sean partidos con caudal electoral. Porque el problema, de acuerdo con el analista, es que se ha permitido que partidos con menos del 2% de votos válidos sigan subsistiendo solo porque lograron sacar un diputado o un alcalde a nivel nacional.

El sociólogo manifestó que en caso de que la Sala de lo Constitucional llegue a resolver a favor de los partidos minoritarios, se tendría que volver a reformar la Ley Electoral y dar paso a que representantes -propietarios y suplentes- de los 15 candidatos integren las Juntas Receptoras de Votos. Es decir, 30 personas en una sola mesa.

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Esto, concluyó Sosa, abriría las puertas a un nuevo debate y confrontación en relación a la venta de credenciales en un proceso electoral que desde ya goza de poca credibilidad, generando mayor desconfianza e incertidumbre; lo que podría desembocar en condiciones en las que los partidos no se sientan satisfechos en el día de las elecciones y decidan no reconocer los resultados y se produzca una crisis electoral similar a la de 2017.

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