La simplificación del proceso de licenciamiento ambiental podría generar graves impactos sociales y ambientales, y llama al Estado a garantizar el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana
Tegucigalpa, Honduras. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha expresado su preocupación ante la iniciativa de ley que busca simplificar el procedimiento para la aprobación, ampliación y renovación de licencias ambientales por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
El proyecto de Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, impulsado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, busca agilizar la emisión de licencias ambientales que permitiría a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) otorgar licencias de forma inmediata.
Esta iniciativa, que se encuentra en proceso de aprobación y podría ser ratificada en su tercer debate el próximo 13 de mayo, ha sido promovida con el argumento de atraer inversiones y generar empleo; sin embargo, organizaciones como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y la Red Hondureña por Escazú han alertado que la ley excluye la participación ciudadana, debilita las salvaguardas ambientales y podría aumentar la conflictividad territorial y la criminalización de defensores ambientales
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SIMPLIFICACIÓN QUE PONE EN RIESGO DERECHOS Y MEDIO AMBIENTE
De aprobarse esta ley, el simple vencimiento de los plazos habilitaría automáticamente el otorgamiento de licencias ambientales sin que la autoridad verifique el cumplimiento de los requisitos necesarios, lo que contraviene estándares internacionales sobre debida diligencia, consulta ambiental y el consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas y afrohondureños. Además, se vulnerarían derechos a la participación pública, acceso a la información y justicia en asuntos ambientales, advierte OACNUDH.
La propuesta contempla que SERNA pueda emitir licencias de forma inmediata mediante un «mecanismo especial, excepcional y simplificado», priorizando sectores como infraestructura, energía renovable, agroindustria, turismo sostenible, manufactura, vivienda social y zonas francas.
OACNUDH señala que, en proyectos como Agua Zarca, Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, Jilamito, Pajuiles y Azacualpa se han registrado desplazamientos forzados, represión, criminalización y violencia contra comunidades indígenas, afrohondureñas y defensoras del medio ambiente.
De igual manera, el organismo internacional reafirma que se han producido impactos negativos como contaminación, daños ambientales, explotación ilegal de recursos y destrucción de biodiversidad, muchas veces por procesos de licenciamiento opacos y sin mecanismos efectivos de supervisión y reparación.
RECHAZO DE SOCIEDAD CIVIL
Ante esta iniciativa de ley organizaciones ambientales como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han pronunciado su rechazo. La organización advierte que esta iniciativa representa una grave amenaza para los territorios, los derechos de los pueblos indígenas y la naturaleza, recordando el asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres, víctima de la violencia generada por proyectos aprobados sin consulta previa ni transparencia.
COPINH exige la suspensión inmediata de cualquier trámite de licenciamiento que no cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos indígenas y ambientales, así como la implementación efectiva de procesos de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.
La organización subraya la importancia del respeto absoluto a los derechos territoriales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas, y demanda su participación activa y vinculante en todas las decisiones que afecten sus comunidades.
En línea con esta postura, el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) alerta sobre la exclusión de la participación ciudadana en la propuesta legislativa y el riesgo de que la narrativa de sectores «estratégicos» sirva para justificar la extracción intensiva de recursos sin control.
Ambas organizaciones llaman a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y defensoras territoriales a mantenerse en alerta y ejercer su derecho a la participación para evitar un proceso de licenciamiento ambiental que desproteja sus derechos y territorios.
Por su parte la Alternativa de Reinvindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) condenó que el dictamen por parte de la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático haya sido favorable, esto solo fue posible gracias a que se escuchó solo al sector privado, tan privado e individual como sus intereses, dejando de lado la opinión sobradamente calificada de los espacios territoriales, que viven de primera mano los impactos de estos proyectos.
La reorganización del presupuesto de SERNA, debería ir más bien encaminada, a robustecer los procesos de investigación sobre las miles de denuncias ambientales que hay sin resolver ¿O es que la impunidad sigue siendo base fundamental de la estructura del Estado?, cuestionó Arcah en un comunicado.
LLAMADO A RECONSIDERAR LA INICIATIVA
La Oficina de derechos humanos reconoce el interés estatal de fomentar desarrollo, atraer inversiones y generar empleo, pero advierte que estas medidas “no deben comprometer los derechos humanos ni la protección ambiental”, especialmente en un país donde la criminalización de defensores ambientales es alarmante.
Ante este panorama, OACNUDH hace un llamado urgente al Estado hondureño para reconsiderar la iniciativa legislativa y garantizar que cualquier reforma respete plenamente las obligaciones internacionales. Además, reitera la importancia de que las empresas actúen con compromiso firme hacia los derechos humanos en contextos de alto riesgo social y ambiental.
