En Consejo de Ministros, el pasado 16 de septiembre se aprobó un decreto ejecutivo que permitirá un monitoreo y un diagnóstico de los contenidos relacionados con el Gobierno. ¿De qué se trata?
Tegucigalpa.- Un polémico decreto ejecutivo, bajo el cual se crea la Dirección General de Información y Prensa (DGIP), ha sido aprobado en Honduras. Entre otros aspectos, bajo esta normativa, el Gobierno queda autorizado a monitorear y diagnosticar a todos los medios de comunicación, tradicionales o alternativos, que operan en el país.
El decreto ejecutivo 023-2022, que consta de tres artículos, se aprobó en Consejo de Ministros el 16 de septiembre de 2022 y tres días después, el 19 de septiembre, se publicó en el diario oficial La Gaceta.
A pesar de la existencia de una Secretaría de Prensa, la DGIP estará adscrita a la recién creada Secretaría de Planificación Estratégica.
Por otro lado, incluso cuando se prevé que el decreto generará un alto impacto con relación a la generación de contenidos periodísticos, tanto de medios oficiales como privados, previo a su aprobación no fue debidamente socializado con periodistas, dueños de medios de comunicación o instancias de sociedad civil.
Es válido mencionarlo debido a que en su artículo dos, numeral tres, el decreto ordena a la DGIP: «Realizar de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales o alternativos que operan en el país, así como las redes sociales».
Asimismo, establece que, para tal fin, dicha instancia «podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión y otros medios técnicos necesarios».
Además, en el numeral ocho del mismo artículo establece que se creará un programa cuyo propósito será «mantener comunicación permanente con todos los medios que cubren la fuente gubernamental o que solicitan información oficial por parte del Gobierno, a efecto de mejorar los tiempos, calidad, veracidad y confiabilidad de la información que se les proporcione». Pero, ¿quién verificará esa «confiabilidad»?
Esto se da al margen de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece cuáles son las plataformas donde se puede solicitar ese tipo de información. Durante los últimos meses, al equipo de Criterio.hn se le ha negado el derecho a cubrir la fuente de Casa Presidencial, mientras que la información pública solicitada a esa institución ha sido entregada incompleta.
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Aunque el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, asegura que el decreto no reviste riesgo o da muestra de una «pretensión de atentar contra la libertad de prensa», sí considera que «me pareció innecesaria su creación».
«Eso es una tarea administrativa que bastaba con que la presidenta, Xiomara Castro, se la ordenara al ministro de Prensa, para que él hiciera lo que ahí está contemplado. Aquí, en Honduras, desafortunadamente hay quienes piensan que, si las cosas no se dicen a cierto nivel, ni se instrumentalizan en un decreto, no deben cumplirse», mencionó Orellana, haciendo referencia a que ya existe una Secretaría de Prensa.
VARIOS RIESGOS
A pesar de lo anterior, existen otras aristas dentro de la normativa que generan cierto grado de suspicacia. Por ejemplo, en el numeral 11 del artículo dos, se ordena a la DGIP «coordinar junto a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) un inventario de las radioemisoras, televisoras, periódicos impresos y digitales, asimismo todo contenido que se maneje en las redes sociales del país».
Según la perspectiva de la directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce, esto representa un alto grado de ambigüedad. Conatel no regula contenidos ni otorga permisos a periódicos impresos o escritos.
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«Conatel no regula los contenidos, sino que regula los permisos de operación sobre el espectro radioeléctrico. Las empresas de comunicación no dan inventario de sus equipos a Conatel, por lo tanto, a esta institución se le estarían otorgando funciones más allá de lo que permite la ley», dijo a Criterio.hn.
Otro punto a señalar figura dentro del numeral dos del segundo artículo, que textualmente manda a la DGIP a «realizar periódicamente un diagnóstico y evaluación de los recursos y las capacidades de todos los órganos y dependencias del Gobierno en materia de comunicación y redes sociales para acciones y racionalizar su uso».
«Ahí no solo figurarán las instituciones que dependen del Ejecutivo, sino que también se incluirán al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Asimismo, a las corporaciones municipales y a todos los órganos descentralizados que reciben recursos del Estado en materia de comunicación. Esto, desde mi perspectiva, alienta una concentración de información», añadió la directora del C-Libre.
