Tegucigalpa. –Ni las acusaciones en su contra por los defensores del medio ambiente de Guapinol, mucho menos los señalamientos de narcotráfico detienen la aspiración de seguir siendo el alcalde rojinegro de Tocoa, dignificado por “Mel” Zelaya.
José Adán Fúnez, nació un uno de abril de 1950, en el caribeño departamento de Colón. Su información personal es escaza y pese a los constantes intentos del equipo de Criterio.hn por conocer más sobre su infancia, juventud y vida política no se obtuvo datos pormenorizados.
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Lo más publico que se conoce de su vida personal es que tres de sus hijos han fallecido de manera trágica: en accidentes de tránsito. Celín Fúnez, de quien no se logró establecer la fecha de su muerte; Joel Fúnez, el 2 de marzo de 2016; Allan Fúnez, el 20 de agosto de 2017. Y a finales de enero de este año se reportó el deceso de Fredy Fúnez, víctima de la COVID-19.
Pero hay otros hechos alrededor de este polémico político rojinegro que ha vulnerado los derechos de la población que lo ha escogido como alcalde pese a ser aliado de la actividad extractivista y de tener aparentes nexos con la narcoactividad.
Afín al Partido Libertad y Refundación (Libre) y camarada del coordinador de ese partido, el expresidente de Honduras (2006-2009) José Manuel “Mel” Zelaya Rosales.
En el año 2002 junto a su esposa Mirna Aleyda Ochoa e hijos, decidieron fundar la empresa de transportes Mirna que recorre las ciudades de Bonito Oriental, Tocoa, Sabá, en Colón; La Ceiba y Tela en el departamento de Atlántida; la ciudad de El progreso, en Yoro; San Pedro Sula, Cortés y la capital Tegucigalpa. Actualmente cuenta con 18 unidades de transporte y alrededor de 65 empleados.
Fue candidato a alcalde por el Partido Liberal para las elecciones de 2010-2014, sin embargo, no fue electo. Luego al fundarse el partido Libre, en el 2011, migró a esta institución política que lo ungió como coordinador del departamento de Colón y líder de la corriente 28 de junio.
La empresa de transporte lo posicionó para aspirar a la alcaldía de Tocoa y convertirse en alcalde para el periodo 2014-2018, repitiendo en el cargo para el periodo 2018-2022. En los casi ocho años que lleva al frente del gobierno municipal han sido incontables las denuncias en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico y por otorgar de manera ilegal concesiones a mineras.
LA LUCHA DE LOS DEFENSORES DEL AMBIENTE Y EL PODERÍO DE FÚNEZ
Facilitador del proyecto minero en las comunidades de Guapinol y San Pedro, desarrollado por Inversiones Los Pinares, propiedad de Ana Isabel Facussé y Lennir Pérez, hija y yerno, respectivamente, del fallecido empresario Miguel Facussé.
Se maneja que originalmente la concesión de este proyecto se otorgó a Los Cachiros, algo que el mismo alcalde confirmó en una reunión de cabildo abierto en la que confiesa ante los pobladores que la concesión en el sector San Pedro, de la empresa EMCO Mining Company, se otorgó a Javier Rivera Maradiaga, miembro del cártel de narcotraficantes que hoy están privados de su libertad en Nueva York.
La concesión minera se otorgó originalmente a la EMCO Mining Company, que luego se transformó en Inversiones los Pinares.
El proyecto minero erigido en la comunidad de Guapinol se impuso a través de la represión y la persecución penal, incluso la muerte, otorgando la concesión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, declarado zona protegida y que afecta a más de ocho comunidades.
Al menos 32 defensores del ambiente han sido judicializados penalmente por el Ministerio Público al oponerse al devastador proyecto que está acabando con los ríos Guapinol y San Pedro, de hecho, ocho de ellos están en prisión desde hace más de dos años y seis han sido asesinados.
Organizaciones sociales de Tocoa denunciaron a Fúnez por haber falsificados documentos públicos para apoyar de manera fraudulenta a la empresa Inversiones Ecotek S.A. de C.V. propiedad de Inversiones Los Pinares adulterando el acta municipal 083-2016 en la que se acredita una supuesta aprobación de las comunidades en cabildo abierto.
En el 2018, un sondeo realizado por el sitio de noticias especializado en temas de derechos humanos, Pasos de Animal Grande, reveló que Fúnez pagaba con fondos municipales una planilla de periodistas para que no se le diera cobertura a una toma de las instalaciones de la alcaldía municipal por parte de la población organizada, patronatos y organizaciones de la sociedad civil que se oponen a los proyectos de extracción minera y exigían a las autoridades municipales realizar un cabildo abierto para declarar al sector libre de la minería.
Las presiones llegaron hasta el coordinador general de Libre Manuel “Mel” Zelaya quien, en noviembre de 2019, obligó a Fúnez a realizar el cabildo abierto en el que la población determinó declarar a Tocoa libre de minería, sin embargo, solo fue un falso espejismo porque la minera continúa en operaciones y la criminalización contra la comunidad continúa activa sin que Fúnez haga algo al respecto.
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GRAN AMIGO DE NARCOTRAFICANTES
En el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el exfeje del cártel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, este implicó a Fúnez de recibir millonarios sobornos provenientes del narcotráfico para facilitar el paso de la droga y otorgar protección.
En las declaraciones del exnarcotraficante, que manejaba la zona atlántica de Honduras, señaló que desde el 2003 tenía relaciones con Fúnez y le otorgaba millonarios pagos, situación que fue comprobada tras declaraciones del propio alcalde quien defendió las acciones del Cachiro Javier Rivera Maradiaga, a quien identificó como su amigo, en el marco de un cabildo abierto en el sector San Pedro donde reconoció que recibió dinero de la familia Rivera Maradiaga.
En octubre de 2016 el alcalde de Tocoa denunció que recibió amenazas a muerte y que él vinculó a decisiones tomadas por el gobierno municipal, relacionadas a medidas de ordenamiento vial. Entre tanto, en el 2017, su hijo Dennis Fúnez denunció un supuesto atentado cuando iba en marcha, a bordo de un vehículo, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
En octubre de 2018 en el fragor de la oposición por la instalación del proyecto minero de Inversiones Los Pinares, un autobús de la empresa de Transportes Mirna, propiedad de Adán Fúnez, fue incendiado. Pero antes, en febrero de 2017, la empresa suspendió de manera momentánea sus actividades al denunciar que estaban recibiendo amenazas de extorsionadores.
UN RECONOCIMIENTO DE PROTECCIÓN
En 2018, Fúnez entregó una placa de reconocimiento al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), Rolando Argueta, por “su labor realizada en beneficio de los ciudadanos del municipio de Tocoa”.
Quizá Fúnez buscó congraciarse con Argueta para evadir una posible sanción judicial y entregó el inusual reconocimiento que contrasta con la persecución injusta contra los defensores del ambiente de Guapinol que están en prisión mientras la mayoría de los sindicados en corrupción se defienden en libertad.
Para las elecciones de noviembre, Fúnez busca ser reelecto por un tercer periodo consecutivo con la venia del máximo jerarca de los rojinegros, quien deja de prestar atención al rechazo de las comunidades afectadas y refleja una cúpula coludida con las esferas de poder corruptas.
