Por: Emy Padilla y Jorge Burgos
Tegucigalpa. –La pandemia por la Covid-19 podría empeorar la democracia en Honduras, ya que a cuatro meses de las elecciones internas las reglas para dichos comicios no son nada claras. El presidente, Juan Hernández, podría buscar nuevamente la reelección y provocar un nuevo estallido social, similar o peor al de 2017, cuando se le acusó de consumar un fraude para perpetuarse en el poder mediante una reelección ilegítima.
El domingo 14 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones primarias que se desarrollarán en marzo sin haberse aprobado una nueva Ley Electoral que garantice transparencia en la próxima contienda. De hecho, el Registro Nacional de la Personas, que trabaja en la emisión de una nueva tarjeta de identidad, ha advertido que el censo actual contiene muchas inconsistencias, por lo tanto, no garantiza que las elecciones sean transparentes.
La abogada constitucionalista, Ana Pineda, considera que la élite política ha burlado de nuevo la confianza y las expectativas del pueblo hondureño. “De manera calculada ha dejado que el tiempo transcurra y no se hicieron las reformas necesarias para celebrar las elecciones primarias con una nueva Ley, nueva tarjeta de identidad y con un censo depurado”.
A juicio de la jurisconsulta el actual contexto puede significar que el proceso de elecciones generales de noviembre de 2021 se lleve a cabo con las viejas reglas, que en 2017 desencadenaron serios alegatos de fraude electoral de la ciudadanía como de la Misión Electoral de la OEA, que señaló en su momento que, el cumulo de irregularidades y deficiencias fueron tan graves que no permitieron tener plena certeza sobre el resultado final.
El presidente hondureño, Juan Hernández, prolongó su mandato mediante una reelección argumentada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que violentó la ley más importante de Honduras: la Constitución de la República, asegurándole a Hernández un periodo más en el poder (2014-2018 electo y 2018-2022 reelecto).
Las posibilidades para una segunda reelección de Hernández son reales debido a la falta de un marco jurídico estricto que le impida seguir en el poder. Aunque él mandó un mensaje a la oposición diciendo que no se postulará para un tercer mandato, aunque lo hizo con un estilo folklórico, invitándolos a tomarse “un té de valeriana para calmar los nervios”.
Además de la crisis democrática y política, los hondureños se enfrentan a una crisis social y económica permanente y que se complicó a partir de marzo pasado con la proliferación del nuevo coronavirus y recientemente por el impacto del huracán Eta que ha dejado hasta el momento más de 60 muertos y pérdidas millonarias en infraestructura y pérdidas de cultivos agrícolas.
A lo anterior también hay que agregar las secuelas que ha dejado en los derechos humanos el estado de excepción que se aprobó supuestamente para contener la pandemia y que después de ocho meses se sigue utilizando para inmovilizar las protestas ciudadanas y con la entrada en vigencia, a partir del 25 de junio, del nuevo Código Penal, que criminaliza la protesta y reduce penas por delitos de corrupción.
Según un monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) del 16 de marzo a la fecha se han producido al menos 585 protestas en 86 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Colón, Olancho y El Paraíso. Inicialmente el descontento se produjo, en su mayoría, en reclamo de alimentos y de atención médica por parte de la población y por dotación de equipo de bioseguridad por parte del personal de salud que trabaja en los hospitales públicos, que colapsaron ante la avalancha de pacientes contagiados por Covid-19.
Las protestas se han registrado además por la desmesurada corrupción que se ha evidenciado en las instituciones encargadas de ejecutar los recursos económicos aprobados para atender la crisis sanitaria a través de compras y contrataciones directas de recurso humano y asistencia humanitaria, equipo médico y de protección, insumos de bioseguridad, medicamentos, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos, para lo cual el gobierno asegura que hasta el 30 de octubre había ejecutado 5,977.6 millones de lempiras, el equivalente a más de 243 mil dólares.
Las protestas continúan ahora y además del repudio por la corrupción en los manejos de los fondos de la pandemia, la gente reclama por la actitud negligente del gobierno frente al huracán Eta, ya que no emitió oportunamente los protocolos de alerta para evacuar a la población que estaba en mayor riesgo por la crecida de los ríos y que ha resultado con la mayor afectación.
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Mientras las garantías constitucionales se mantienen en suspenso, Hernández sigue manteniendo el control de la institucionalidad al presidir el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una instancia que creó en el 2011 cuando era el presidente del Congreso Nacional. A través de esta estructura, el gobernante se impone ante los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, Fiscal General de la República y secretarios de Defensa y Seguridad, a quienes les ordena sobre las disposiciones a adoptar para tener el poder absoluto sobre el Estado.
Como parte de ese control logró la parcialidad del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quienes le permitieron su reelección mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró la inaplicabilidad de los artículos pétreos 42 numeral quinto y 239 de la Constitución y la inaplicabilidad parcial de los artículos 4 último párrafo y 374, que prohíben la reelección presidencial.
Hernández fue declarado ganador de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, el 17 de diciembre, 21 días después de los comicios que estuvieron marcados por una ilegitima reelección y por un fraude electoral que hizo que la población hondureña se lanzara masivamente a las calles. Ese mismo día, la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en el informe de la misión de observación, sugirió que se repitieran los comicios porque no había certeza en los resultados.
Para la socióloga del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Leticia Salomón, Hernández no ha descartado de su agenda una segunda reelección. “Yo creo que si esta decisión dependiera de él exclusivamente se lanzaría de nuevo y se lanzaría de nuevo asegurando todas las posibilidades de un nuevo triunfo, lo que significa un nuevo fraude electoral”.
Salomón considera que Hernández se aferra al poder porque tiene demasiadas cosas en juego y está consciente que al finalizar su mandato estaría expuesto a ser llamado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos a rendir declaración sobre su involucramiento en cuestiones de narcotráfico. “La situación se le ha vuelto demasiado compleja para pensar que puede evadir esa posibilidad trasladándose a un país donde no haya acuerdo de extradición con Estados Unidos”.
En conclusión, la investigadora social considera que Hernández está tentado a prolongar su mandato a través de una segunda reelección, sin embargo, sopesó que las circunstancias dentro de su partido, dentro del país y a nivel internacional, están en su contra.
Durante la convención del Partido Nacional de noviembre de 2019, Hernández se comprometió ante sus correligionarios a no volverse a postular a la Presidencia de la República, por lo que varios líderes de esta institución política están esperando su oportunidad y le impedirían un nuevo lanzamiento, según el análisis de Salomón.
SIMILITUDES ENTRE LA REELECCIÓN DE HERNÁNDEZ Y ORTEGA
Ambos lograron que la justicia se inclinara a su favor para reelegirse de manera ilegítima. Ortega lo consiguió el 19 de octubre de 2009, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua resolvió un recurso de Amparo que declaró inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial. Mientras que Hernández logró su objetivo, el 22 de abril de 2015, mediante la misma vía.
Tanto la Sala de lo Constitucional de Honduras como la de Nicaragua argumentaron que la reelección es un derecho humano. Sin embargo, en abril de 2018 un informe de la Comisión de Venecia concluyó que la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos.
Para el especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, la forma en que se aprobó la reelección presidencial en Nicaragua y Honduras socaba la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática y erosiona el principio de separación de poderes y la soberanía popular.
Mejía concluye que tanto en Honduras como en Nicaragua hay impunidad y represión, que tiene que ver con esa lógica de los gobernantes de estos países de imponerse por la fuerza ante la prohibición de la reelección.
Sobre la impunidad, Mejía dice que se relaciona a garantizar que la justicia no alcance a quienes reprimen y violentan los derechos de quienes protestan.
Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), piensa que la acción represiva del régimen de Hernández evidencia un déficit de gobernabilidad, porque “entre menos capacidad para la gobernanza democrática tiene un gobierno, mayor es su tentación de acudir a la fuerza y a la represión política para calmar el disenso”.
Meza considera que la represión es un mecanismo engañoso que puede silenciar momentáneamente una protesta, pero en el fondo termina lesionando profundamente los niveles de gobernabilidad democrática.
A juicio del experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, en Honduras se vive en un régimen dictatorial porque no se respeta la soberanía popular y tampoco se garantiza el respeto a los derechos humanos.
Mejía lamenta que el gobierno de los Estados Unidos utilice su discurso de democracia para sus intereses, ya que su reacción frente a los abusos y crímenes de Juan Hernández es diferente a su comportamiento frente a Daniel Ortega.
“Ese discurso de los derechos humanos en la boca del gobierno de los Estados Unidos ya no se convierte en liberador”, expresa Mejía, quien asegura que como defensor de derechos humanos está consciente que por su ideología política jamás perderá el norte.
REPRESIÓN PARA MANTENERSE EN EL PODER
En los últimos once años en Honduras se han registrado varios estallidos sociales que han culminado con muertes de personas víctimas de las balas de las fuerzas de seguridad del Estado, que además de disparar sus armas han usado de manera desproporcionada gases lacrimógenos y fuerza letal.
A raíz de las denuncias del fraude de noviembre de 2017 en Honduras se registraron varias protestas que se prolongaron por varias semanas en los 18 departamentos del país. Durante esta crisis 22 ciudadanos y un policía murieron producto de impactos de balas de armas de las fuerzas de seguridad del Estado, según un informe de la OACNUDH presentado en marzo de 2018, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos contabilizaron 34 muertes y cuatro personas que perdieron los ojos.
Hasta la fecha el Ministerio Público solo ha presentado un requerimiento fiscal contra el supuesto victimario de David Octavio Quiroz Urrutia, quien fue asesinado el 15 de diciembre de 2018 en el sector de Guacamaya, Cortés.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Quiroz Urrutia recibió un disparo de un fusil marca Galil serie 431161124, asignado al sargento segundo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Denis Omar Cáceres Ramírez, quien se encuentra recluido en un cuartel de la zona norte de Honduras, acusado por el delito de homicidio.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), organización que tiene la representación legal de Quiroz, denunció ante Criterio.hn que el Ministerio Público le atribuyó al militar el delito de homicidio, como un caso aislado, para proteger a quien realmente dio la orden de disparar.
De acuerdo con el esquema de mando de los Fuerzas Armadas, el comandante general de esa institución es el presidente de la República, por lo tanto, se deduce que el responsable en primera línea es Juan Hernández, por lo que las violaciones cometidas por los uniformados se convierten en crímenes de lesa humanidad.
Criterio.hn ahondó en este caso y conoció que en los últimos meses la esposa de Quiroz se fue del país en calidad de asilada porque su familia fue víctima de varios atentados. En primera instancia, su padre murió arrollado por un vehículo desconocido y luego uno de sus hijos sufrió lo mismo, pero tuvo la suerte de salvar su vida.
DEFENSA DE LA SALUD Y EDUCACIÓN
En abril y mayo de 2019, los docentes y médicos conformaron la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación. En ese entonces los docentes, médicos y personal de la salud, salieron masivamente a las calles a denunciar que el régimen de Hernández pretendía privatizar la salud y la educación.
Nuevamente los manifestantes interrumpen el paso en las vías públicas y otra vez los militares y policías salieron han reprimir violentamente a los ciudadanos. En esta ocasión el Cofadeh registró 12 víctimas mortales y un informe de Amnistía Internacional, presentado el 6 de julio de 2019, registró seis muertos y al menos 80 personas heridas.
El informe de Amnistía Internacional no incluyó en la lista el asesinato del adolescente, Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada (17). Familiares y amigos que lo acompañaban en una protesta realizada en la sureña ciudad de Choluteca el 10 de abril, aseguran que el adolescente murió de un disparo inferido en la cabeza por el arma de un elemento de la Policía Nacional.
NO HAY AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES
El 3 de octubre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras” que señala que no hay avances en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos registradas durante la crisis electoral de 2017.
El informe de la CIDH refiere que, a partir de la crisis electoral de 2017, en Honduras existe una creciente concentración del Poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial, que repercute en la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y políticas.
El documento señala además que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Lo anterior se da porque en Honduras existe “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial
De acuerdo con el análisis del experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, la impunidad estructural alcanza a más del 90 % de los crímenes y la situación empeora cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos en los que la impunidad alcanza al 97 % de los casos.
Puntualmente sobre los militares, el informe de la CIDH cuestiona que se hayan involucrado en diversas actividades, incluyendo los temas de formación cívica y educativa como el programa para niños y adolescentes “Guardianes de la Patria”. Asimismo, que el ejército realice funciones de seguridad en zonas donde hay conflictos de tierras como ocurre en el Bajo Aguán.
PRESOS POLÍTICOS
Pese a que en el marco de la crisis del fraude electoral muchos hondureños fueron retenidos, detenidos y hasta encarcelados, mientras ejercían el derecho a la protesta, la Organización de las Naciones Unidas jamás reconoció que en Honduras existan o hayan existido presos políticos, debido a que las acusaciones presentadas por el gobierno obedecen a delitos comunes y no imputaciones de índole político.
Y aunque en muchos casos, cuando se daban las capturas, se imputaba el delito de terrorismo para justificar el envío de los acusados a las cárceles de máxima seguridad, los jueces cambiaban la tipología por delitos comunes durante la audiencia inicial. Ese fue el caso de Edwin Espinal, quien, para ser enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, fue inculpado por terrorismo, pero en la audiencia inicial el juez le cambió la acusación por los delitos de daños agravados y uso de artefactos de fabricación artesanal. Espinal fue liberado el 9 de agosto de 2019 después de haber permanecido 20 meses privado de su libertad.
Ante las constantes violaciones, organismos defensores de derechos humanos, junto a plataformas sociales y abogados independientes conformaron el Comité Pro-Liberación de Presos Políticos, que en el transcurso de los dos últimos años se ha dedicado a la defensa de cada uno de los presos políticos.
El Comité de Familiares y Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en su informe “Criminalización de la oposición política en Honduras aplicando medidas selectivas de la estrategia contra el terrorismo y crimen organizado”, registra 33 personas privadas de libertad por razones políticas, de las cuales 27 tuvieron un proceso más expedito y seis con procesos más largos de hasta 18 meses. Asimismo, 187 personas criminalizadas por razones políticas.
De acuerdo con los organismos defensores de derechos humanos a la fecha solo quedan nueve presos políticos bajo arresto. Se refieren a un docente, siete defensores del medio ambiente y un asilado político.
El docente Rommel Valdemar Herrera Portillo fue arrestado el 31 de mayo pasado, acusado por los delitos de daños e incendio contra la sede diplomática de los Estados Unidos. Desde el 18 de octubre de 2019, el joven se encuentra hospitalizado en un hospital siquiátrico, bajo la medida sustitutiva a la prisión por el grave estado de su salud.
Los siete defensores del medio ambiente pertenecen a la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, quienes fueron privados de su libertad desde el 1 de septiembre de 2019 con la medida de prisión preventiva, tras haber sido formalmente procesados por los delitos de incendio agravado y detención ilegal. Los defensores han venido realizando acciones de protesta para evitar la continuidad de las operaciones de la empresa minera Los Pinares y proteger de la contaminación a los ríos Guapinol y San Pedro.
El otro caso es el del joven Eduardo Urbina, asilado político en Costa Rica, pero es considerado preso político porque el Ministerio Público mantiene vigente una orden de captura en su contra, pese a que las autoridades de la vecina nación comprobaron que la acusación en su contra es falsa.
HERNÁNDEZ BUSCA LAVAR SU MANCHADA CARA ANTE EL MUNDO
A raíz del golpe de Estado de 2009, por presiones internacionales, el Poder Ejecutivo de Honduras fue obligado a crear una secretaría de Derechos Humanos la que posteriormente fue eliminada por el gobierno de Hernández en el 2014. Las presiones continuaron y Hernández abrió nuevamente la secretaría durante su nuevo mandato, que inició el 27 de enero de 2018.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos la acción de Hernández se convirtió en un acto de hipocresía, para limpiar su manchada imagen ante el mundo.
En una entrevista con Criterio.hn, la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva, delineó su papel, pero dejó entrever que la institución tiene muchas limitaciones y deficiencias porque su mandato constitucional es limitado y porque el presupuesto es de apenas 97 millones de lempiras y su personal se limita a 152 empleados, divididos en siete direcciones.
Cueva refirió que la Secretaría coadyuva con el Ministerio Público y con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para ponerlos en conocimiento sobre supuestas violaciones de derechos humanos, y se ha convertido en el canal de comunicación con otras instituciones del Estado que tienen por mandato constitucional los procesos de investigación.
Cueva admitió que su trabajo se nutre de informes de la prensa y que cuando tienen conocimiento de violaciones cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado trasladan la información al Ministerio Público.
Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los altos niveles de impunidad, conllevó a la comunidad internacional exigirle al Estado de Honduras la creación, en el 2015, del Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y posteriormente en el 2018 la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodista, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH)
Estas dos nuevas instituciones no están dando los resultados esperados, según defensores de derechos humanos, que en diciembre de 2019 refirieron que, de 200 denuncias recibidas por la FEPRODDHH, solamente se han presentado 15 requerimientos fiscales, mientras que en dicha Fiscalía se habían cerrado 67 casos en los últimos dos años.
VIOLACIONES A LA PRENSA
La prensa es considerada como un grupo vulnerable y eso se evidencia con los 86 asesinatos de periodistas, comunicadores sociales y personal relacionado a los medios de comunicación, entre el 2003 y lo que va del 2020, de acuerdo con los reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Uno de los periodistas que sufrió la represión del gobierno fue el extinto director de Radio Globo y del periódico digital Confidencial, David Romero, quien estando en prisión en un batallón militar tras ser declarado culpable por seis delitos de difamación constitutivas de injurias, murió en julio pasado por Covid-19.
Romero fungió además como director de Globo TV, un canal de televisión que fue cerrado por orden del gobierno a mediados de junio de 2016. En aquel entonces la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) argumentó la medida en que la empresa-que difundía sus contenidos en sistemas locales de cable—no renovó el permiso para mantener sus operaciones.
En un boletín emitido en junio de este año, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) señaló que “durante la crisis sanitaria por el COVID-19, el papel de las fuerzas de seguridad hacia el ejercicio periodístico ha sido de ataques físicos y obstrucciones a su labor”. En ese contexto la organización registró, hasta el 10 de junio, nueve alertas que evidencian distintas agresiones. Tres de ellas fueron emitidas a favor del equipo de periodistas de Criterio.hn.
EXCESIVO GASTO MILITAR
Para mantener el control de la institucionalidad y reprimir a la ciudadanía, Hernández comenzó desde el 2010 un plan para militarizar la sociedad al instaurar varias y nuevas fuerzas militares que se han involucrado en actividades de seguridad ciudadana. Un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo cuantificó que Honduras había dispuesto de 364 millones de dólares en gasto militar, convirtiéndose así en el país de Centroamérica con el mayor gasto en esa rama.
Entre tanto el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) estableció en el Informe alerta seguimiento y evaluación del gasto público en seguridad y defensa que durante el año 2017 el gobierno de Honduras gastó al menos 450 millones de lempiras para la importación de armas, municiones, sus partes y accesorios.
El informe especifica que el Estado gastó en el año 2017, al menos 130 millones de lempiras, en la importación de bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos, para la represión de las protestas ciudadanas.
PARAMILITARISMO
Las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que en Honduras existe el paramilitarismo y que esto se ha puesto de manifiesto en los estallidos sociales que se han registrado a raíz del golpe de Estado y en particular del fraude electoral de 2017.
El Cofadeh ha recibido denuncias de personas que han sido víctimas de tortura, que aseguran que sus agresores tienen acento colombiano, es decir, de personas que no son hondureñas. Esta organización, con 38 años de fundación, ha recibido denuncias de 12 personas que fueron martilladas en sus pies y manos, con clavos de acero.
“El tema del paramilitarismo o mejor dicho de grupos armados clandestinos u operando al margen de la ley, pero con el aval del Estado de Honduras, eso siempre ha estado, con la salvedad que ahora se volvieron al descaro, ya hay un cinismo del Estado”: Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Para el capitán Santos Rodríguez Orellana, las denuncias recibidas por el Cofadeh tienen fundamento porque es una práctica cotidiana en el Estado de Honduras, que inició en el 2010 cuando Juan Hernández asumió la presidencia del Congreso Nacional y comenzó a militarizar la institucionalidad.
Rodríguez Orellana—quien recibió la baja deshonrosa el 21 de octubre de 2016 al incomodar a Hernández por denunciar en aquel momento, que su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, estaba involucrado en el narcotráfico—reveló a Criterio.hn que desde el 2010 llegó a Honduras procedente de Colombia un escuadrón paramilitar que practica y entrena a soldados hondureños en el Primer Batallón y Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales.
Detalló que los paramilitares pertenecen a un grupo que se llama contra inteligencia que se infiltra en las protestas con pasamontañas para saquear los comercios y lanzar piedras a los policías para que estos comiencen a reprimir a los ciudadanos.
“Tienen una estructura bien montada, parecida e igual como en Colombia. Todo lo que sucedía con el paramilitarismo en Colombia lo trajeron y lo están aplicando en el país”, señaló.
Actualmente, Rodríguez Orellana ha sido querellado por el secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya y dos militares más, por vincularlos con el narcotráfico y, sin miedo a otra represalia, afirmó ante este medio de comunicación que el paramilitarismo se ha encargado en los últimos años de desaparecer y asesinar a estudiantes y otros movimientos sociales opositores.
EXILIADOS
“Las personas que han salido de Honduras por razones políticas son muchas, se podría decir que son miles”, dijo a Criterio.hn la defensora de derechos humanos de nacionalidad canadiense, Karen Spring.
Hasta el momento no existe ningún órgano del Estado ni de la sociedad civil que registre el número de personas que han salido huyendo de Honduras por razones políticas, sin embargo, en las caravanas de migrantes que se registraron a partir de octubre de 2018, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) aseveró haber atendido denuncias de personas que decían que huían del país porque estaban siendo perseguidas por agencias de seguridad del Estado por asuntos ideológicos o por ser dirigentes de la oposición política.
Entre los casos más visibles se encuentran periodistas y defensores del medio ambiente y el joven Eduardo Enrique Urbina Ayala, un estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), integrante del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y miembro de la organización política Los Necios y militante del opositor partido Libertad y Refundación (Libre).
Al ser perseguido por el régimen hondureño, Urbina huyó hacia Costa Rica el 10 de diciembre de 2017, según consta en un boleto de una empresa de transporte terrestre con fecha 10 de diciembre de 2017 y en su pasaporte con fecha 11 de diciembre de su ingreso a Costa Rica. Sin embargo, el 15 de diciembre la policía hondureña lo acusó de incendiar un vehículo militar, durante una protesta realizada en Tegucigalpa y como supuesta prueba presentó una fotografía de un hombre con rasgos físicos similares a Urbina.
El Cofadeh asegura que acompañó la salida del joven para ponerlo a salvo de una campaña de persecución penal, mediática y criminal conducida por la Policía Militar y la inteligencia paramilitar de la dictadura que encabeza el jefe de gobierno, Juan Hernández.
LA CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO ENVUELVEN A HERNÁNDEZ
En mayo de 2015, tras descubrirse el colosal saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) los hondureños salieron masivamente a las calles en el marco de las denominadas marchas de las antorchas a exigir la instalación de una comisión anticorrupción por parte de las Naciones Unidas.
Posteriormente, en junio de ese mismo año, el gobernante admitió que recibió alrededor de USD 150.000 para su campaña de 2013 de empresas que participaron en el saqueo del IHSS. La supuesta corrupción de Hernández, que implica a varios miembros de su familia en el saqueo a varias instituciones del Estado, ha sido denunciada en medios nacionales e internacionales, pero hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado cargos.
Con la intención de no ser tocado por la justicia Hernández, apoyado por las élites corruptas políticas y empresariales, logró suspender la vigencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), precisamente cuando esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba evidenciando las raíces de las redes de corrupción.
Otro punto negro sobre Hernández es su supuesto involucramiento con el narcotráfico, versión que fue expuesta en octubre pasado durante el juicio a su hermano, el narcotraficante Juan Antonio, “Tony” Hernández. Varios testigos y narcotraficantes confesos revelaron durante el juicio, celebrado en Nueva York, que entregaron fondos al gobernante hondureño para financiar sus campañas políticas desde que era diputado.
Mientras Hernández sigue aferrado en el poder los hondureños siguen sufriendo por la pobreza generada por la falta de oportunidades a causa de la corrupción y la impunidad que ha cerrado miles de fuentes de empelo y otros, que ya perdieron las esperanzas, optan por emigrar en caravana hacia los Estados Unidos.
