Personajes ligados a la corrupción y narcotráfico entre los autopostulados a la Corte

La Junta Nominadora deberá trabajar con pinzas para desechar la “mala hierba” que se ha colado en el proceso de autopostulaciones  

Tegucigalpa, Honduras. – El discurso de la mayoría de diputados y diputados va inclinado a insistir en que, el 25 de enero de 2023, deberán elegir a “lo mejor de lo mejor” que les envíe la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.

A más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora deberá enviar al Congreso de la República una nómina con no menos de 45 candidatas y candidatos, entre los cuales deberá haber, en ese escenario, 23 mujeres y 22 hombres. La Corte deberá estar integrada, de manera obligatoria, por ocho mujeres y siete hombres.

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Durante este proceso de nominación y elección, la mirada de la ciudadanía se ha volcado hacia la labor de la Junta Nominadora, a la espera de que esta elabore un listado que incluya a aspirantes a magistradas y magistrados con alta catadura moral, ética y profesional.

Sin embargo, ¿qué hay de aquellas abogadas y aquellos que, a sabiendas de que han actuado al margen de la ley, buscan ser evaluados por la Junta Nominadora?

En un primer análisis Criterio.hn ha identificado 14 perfiles de postulantes que, contrario a lo que se espera, no son el tipo de magistrada o magistrado que un hondureño desearía tener en el máximo tribunal.

Relaciones con el narcotráfico y la corrupción son parte de los elementos en común que poseen algunas de estas personas.

Entre los perfiles que la Junta Nominadora evaluará figuran abogadas y abogados que defendieron al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) durante su proceso de extradición, testaferros del cártel Los Cachiros, socios de David Chávez en el millonario desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), defensores de diputados del Partido Nacional implicados en el Caso Fe de Erratas, personas relacionadas con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así también jueces y exministros acusados por abuso de autoridad.

En reiteradas ocasiones se ha insistido acerca de la importancia que tiene la Junta Nominadora durante este proceso de nominación y elección. Sin embargo, sin espacio a dudas, algunos antecedentes expuestos en esta publicación de  Criterio.hn deberían ser suficiente motivo para evitar que algunos de los postulantes finalmente lleguen a la nómina de 45 candidatas y candidatos que se remitirá al Congreso de la República, como tarde, el 23 de enero de 2023.

Si bien la Ley de la Junta Nominadora, aprobada el 19 de julio por el Legislativo, establece procesos más exhaustivos de evaluación y selección de candidatos a magistrados, como la matriz de evaluación técnica y la publicidad del proceso, que este tipo de personas hayan tenido la desfachatez de postularse ante la Junta Nominadora antes del 31 de octubre de 2022, con seguros cargos de consciencia, genera miedo e incertidumbre. Desafortunadamente, porque históricamente la Corte Suprema de Justicia ha sido un órgano carente de autonomía y secuestrado por injerencias de cualquier tipo.

A continuación, Criterio.hn resume 14 perfiles que deben ser revisados con delicadeza:

TOMÁS GUILLÉN, EL MINISTRO QUE VENDIÓ TIERRAS ILEGALMENTE 

Aunque en los últimos años se ha manejado con un bajo perfil, siendo recordado por su vicerrectoría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), José Tomás Guillén Williams durante el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) también se desempeñó como ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA).

Su gestión se caracterizó por su respaldo a la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, impulsada desde el Congreso que presidió Rodolfo Irías Navas, durante el mandado del extinto expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), y porque vendió ilegalmente tierras adyacentes al muelle de cabotaje de La Ceiba, según denuncias de pobladores organizados de la ciudad puerto.

A través de una carta dirigida en febrero de 1993 al asesor técnico del extinto Ministerio de Economía, Guillermo Maradiaga, el empresario René Lafitte indicó que la acción de Guillén Williams, de vender territorio ilegalmente, había motivado a la empresa Satuye S. A. a preparar una demanda contra el INA por L26 millones, lo cual “haría público el proceder y nombres de los funcionarios públicos involucrados y se convertiría en un escándalo que dañaría mucho el nombre del Gobierno y del Partido Nacional”.

En la misiva, Lafitte también menciona que “hemos acordado con el presidente Rafael Leonardo Callejas llegar a un arreglo extrajudicial; este arreglo sería el de otorgar a los políticos treinta manzanas de terreno y devolver el resto a Satuye S. A.”.

Además, expresa su deseo a Guillermo Maradiaga de entregarle el documento a Rodolfo Irías Navas, entonces presidente del Congreso, para “yo informarle al Lic. Callejas y al director del INA que hemos llegado a un acuerdo y que proceda a la implementación”.

El 30 de mayo de 1995, ante el Juzgado de Letras de lo Criminal de Tegucigalpa, se presentó una denuncia en su contra por presumírsele responsable por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

Meses después, el 19 de julio de 1995, el Tribunal libró una orden de captura en contra de José Tomás Guillén Williams, decretándose auto de prisión por fraude en perjuicio del Estado hondureño. Sin embargo, el 12 de mayo de 2005 se le favoreció con sobreseimiento definitivo, determinación contra la cual el Ministerio Público presentó un recurso de amparo. Guillén Williams ahora quiere impartir justicia al más alto nivel.

CÉSAR PINTO PACHECO, EL TESTAFERRO DE LOS CACHIROS

César Antonio Pinto Pacheco es uno de los tantos ejemplos que evidencian cómo el exequátur de notariado, uno de los discriminatorios requisitos para aspirar a ser magistrado de la Corte, es entregado a personas cercanas al poder.

Aunque la mayoría de profesionales del derecho esperan hasta diez años para realizar el examen que otorga el exequátur, Pinto Pacheco solo aguardó unos cuantos meses. Realizó la solicitud en 2016 y recibió el pergamino el 4 de mayo de 2017.

Sencillo, en ese momento César Antonio Pinto Pacheco era diputado suplente del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, y yerno de nada más y nada menos que del entonces presidente del Congreso de la República, Mauricio Oliva.

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Pinto Pacheco está casado con Rina María Oliva Brizzio, cuyo nombramiento como directora del Banco Central de Honduras (BCH), en febrero de 2019, despertó innumerables cuestionamientos, porque, además de no ser economista, hay funcionarios del banco que, a pesar de décadas de carrera, nunca llegan a esos cargos. Rina recibió el exequátur el mismo día que su esposo y al poco tiempo de haberse graduado de abogada.

Pero, más allá de ello, a César Antonio Pinto Pacheco lo salpica su vínculo con el cártel de narcotraficantes Los Cachiros. Una investigación de la revista Expediente Público reveló cómo Luis Alfonso Deras, socio de la familia Rivera Maradiaga, traspasó tres bienes a Mauricio Oliva y una casa a Pinto Pacheco.

Deras aparece como socio de Inversiones Acrópolis, empresa señalada en el Caso Patuca III: Colusión y Corrupción, investigación penal que efectuó el Ministerio Público y la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

ERIKA CÁLIX, LA JUEZA DENUNCIADA POR ABUSO DE AUTORIDAD Y HERMANA DE NARCO PRÓFUGO

Erika Yolanda Cálix Hernández guarda en su expediente un oscuro antecedente: jueza que violó el Código Procesal Penal. En mayo de 2018, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán declaró “con lugar” la solicitud del Ministerio Público de presentar un requerimiento fiscal  en su contra por el delito de abuso de autoridad.

A través de distintas investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) determinó que Cálix Hernández, mientras se desempeñaba como jueza de letras en Gracias, Lempira, otorgó medidas sustitutivas a una persona contra quien se seguía un proceso penal por el delito de violación, contra el cual no cabe otra medida que no sea la prisión preventiva.

Sin embargo, a Erika Yolanda Cálix Hernández nunca se le retiró su licencia, ni tampoco se supo si finalmente la Fiscalía la requirió, y ahora aspira a entrar en la lista de 23 candidatas a magistradas del Supremo hondureño.

Quizás fue un asunto de tráfico de influencias. Su hermano, Jacobo Antonio Cálix Hernández, fue magistrado de la Sala de lo Penal entre 2009 y 2016. Además, su prima hermana, Soraya Carolina Cálix Ponce, es la directora de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), y su otro primo, Jorge Cálix, es diputado de Libertad y Refundación (Libre).

Otro de sus hermanos, Mario José Cálix Hernández, enfrenta un proceso judicial en Estados por delitos de narcotráfico, pero, aunque fue solicitado en extradición, permanece prófugo desde enero de 2019. ¿Sabrá su hermana, la aspirante a magistrada, dónde se encuentra? Conocido como “Cubeta”, Mario José fue además socio del narcotraficante Juan Antonio “Tony” Hernández y de su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

ROSA HELENA BONILLA E IVÁN MARTÍNEZ, LOS DEFENSORES DE JOH QUE BUSCARON DILATAR SU EXTRADICIÓN

Rosa Helena Bonilla e Iván Martínez son esposos, pero, además de ello, los une el trabajo que realizaron como abogados defensores del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), durante su proceso de extradición a Estados Unidos.

A Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa por tres delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas y conspiración con explosivos.

El 15 de febrero de 2022, el magistrado de la Corte Suprema de Honduras y juez Edwin Ortez giró una orden de captura contra al exmandatario hondureño, quien ese día fue aprehendido en su residencia, localizada en Tegucigalpa, por elementos de la Policía Nacional. Un mes más tarde, el 17 de marzo de 2022, el juez autorizó la extradición de Hernández.

Finalmente, el 21 de abril de 2022, el expresidente hondureño abordó un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y, desde entonces, enfrenta un proceso judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Su juicio iniciará en enero de 2023.

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A pesar de lo anterior, Iván Martínez, previo a la extradición, el 23 de marzo de 2022, aseguró que contra Juan Orlando Hernández había denuncias por narcotráfico en el Ministerio Público, al mismo tiempo que aseguró que el proceso de extradición debía suspenderse hasta que concluyeran las investigaciones, buscando, de esa forma, dilatar sin éxito la entrega de Hernández a las autoridades estadounidense.

MILTON JIMÉNEZ PUERTO, EL FUNCIONARIO MÁS ESCANDALOSO DEL PODER CIUDADANO

Con un ojo morado y moretones en los brazos, el 3 de enero de 2008, Milton Jiménez Puerto compareció públicamente y presentó su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores. Un día antes, el 2 de enero, se hizo público un video en el que se observó cómo Jiménez Puerto agredía a policías y ellos a él. El escándalo sucedió después de que se le capturó, en la capital Tegucigalpa, por conducir en estado de ebriedad.

Su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que duró dos años, se caracterizó por las denuncias de actos de corrupción en los consulados en Estados Unidos, como cobros desmedidos por la expedición de pasaportes y salvoconductos; el aumento del clientelismo político en el servicio exterior y el personal supernumerario en la secretaría.

El 8 de febrero de 2008, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció el inicio de una auditoría en la Secretaría de Relaciones Exteriores, después de que se presentaran diversas denuncias por actos de corrupción cometidos durante la administración de Milton Jiménez Puerto, quien tenía, como mínimo, responsabilidad administrativa.

Después del bochornoso episodio que lo llevó a dimitir de su cargo como canciller, el entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), lo nombró asesor presidencial y, tiempo después, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

A pesar de que se mantuvo en altos cargos de la función pública durante la administración del “Poder Ciudadano”, el 13 de junio de 2008, la Policía de Miami-Dade lo detuvo por “conducta indebida”, aunque en esa ocasión argumentó que solo había ingerido una copa de vino y que él no conducía el vehículo que lo transportaba, en ese momento, hacia el Aeropuerto Internacional de Miami.

Una nueva polémica sacudió a Milton Jiménez Puerto años después, el 20 de julio de 2013, cuando policías lo detuvieron por portación ilegal de armas de fuego. La detención ocurrió en la colonia Loma Linda de Tegucigalpa.

En esa ocasión, el excanciller aceptó que “estaba un poco ebrio, pero realmente no andaba ebrio” y que “estaba tocando a la puerta de la casa de una amiga”. Con relación al arma de fuego, argumentó que las Fuerzas Armadas se la asignaron cuando se desempeñó como funcionario y que “los papeles los están tramitando ahora”.

Durante el proceso de nominación y elección actual, Milton Jiménez Puerto busca ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

LUIS MATAMOROS, EL SOBRINO DEL ARTÍFICE DEL FRAUDE ELECTORAL DE 2017

Aunque acceder a un exequátur de notariado es una misión imposible para más del 96% de los profesionales del derecho en Honduras, a Luis Alejandro Matamoros Quilico le entregaron el suyo el 28 de julio de 2021. Las razones son claras. Es una persona muy cercana al poder económico y al conservador Partido Nacional.

Su apellido está ligado al exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, el artífice de lo que un importante grupo de la sociedad consideró un fraude electoral a favor de Juan Orlando Hernández durante las elecciones generales de 2017, cuando por primera vez en la historia un candidato remontó una tendencia de cinco puntos porcentuales en su contra. Su padre, el reconocido abogado Dennis Matamoros Batson, es hermano mayor de David.

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Entre 2010 y 2011, Luis Alejandro se desempeñó como representante legal del Banco de Occidente, propiedad del multimillonario Jorge Bueso Arias, y, desde 2011, forma parte de la firma legal Matamoros Batson & Asociados.

Es hermano de Daniel Matamoros Quilico, quien ha sido vinculado a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), específicamente a Ciudad Morazán y a Guanaja Hills.

Aunque el Congreso de la República derogó las ZEDE, y se está a la espera de una ratificación en la próxima legislatura, la Sala de lo Constitucional aún no emite un fallo de inconstitucionalidad, como tanto lo ha aclamado la ciudadanía. ¿Y si anunciamos que Luis Alejandro Matamoros Quilico tiene chances de integrar esa Sala? Interesante…

LUIS PADILLA, DE FISCAL A DEFENSOR DE CORRUPTOS

Luis Fernando Padilla Castellanos dejó de ser un simple fiscal del Ministerio Público y se convirtió en un defensor privado de políticos corruptos.

Es abogado de Antúnez & Asociados, una de las firmas legales que contactó Juan Orlando Hernández durante su proceso de extradición, y defendió legalmente a los diputados del Partido Nacional señalados en el Caso Fe de Erratas, presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Entre los diputados salpicados en ese caso figura el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano y su compañero Antonio César Rivera Callejas, piezas claves que cabildearán la elección de las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se efectuará en el Congreso de la República el 25 de enero de 2023. ¿A las puertas de una devolución de favores? Probablemente.

INGRID MONZÓN, LA JUEZA SEÑALADA DE PRETENDER FAVORECER A “ROSITA” DE LOBO

Durante las primeras etapas del caso Caja Chica de la Dama, también presentado por la UFECIC y la Maccih, Ingrid Ebelinda Monzón López fue designada como jueza. Sin embargo, se le señaló de pretender influir en el caso, “tratando infructuosamente de convencer al resto de la terna de jueces para revocarles la prisión preventiva e imponerles medidas cautelares”, según sus compañeros de circuito.

El caso citado involucró a la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), Rosa Elena Bonilla, y a su asistente Saúl Escobar, acusados de fraude continuado y apropiación indebida continuada, por la realización de falsas contrataciones con el propósito de desviar fondos de un supuesto proyecto que dotaría con calzado a niños pobres.

Ingrid Ebelinda Monzón López, siendo jueza del caso, sostenía una relación amorosa con el abogado defensor de la exprimera dama, Julio César Ramírez Mejía, por lo que después se le retiró del caso y se le nombró magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil. Ahora tiene posibilidades de integrar la nómina de 23 candidatas a las máximas magistraturas del Poder Judicial.

MARIO CALDERÓN, EL OTRO “SOCIO” QUE DAVID CHÁVEZ PRETENDE COLOCAR EN LA CSJ

Al igual que ocurrió con el actual magistrado José Olivio Rodríguez Vásquez durante el proceso de nominación y elección correspondiente a 2015-2016, ahora el presidente del Partido Nacional, David Chávez, pretende mover sus fichas con el propósito de colocar a otro de sus compinches en el máximo órgano jurisdiccional del país. Se trata de Mario Alejandro Calderón Maldonado.

Hablar de Calderón Maldonado implica remontarse a los inicios empresariales de David Chávez. Este personaje, implicado en el desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) a través de Grupo Visión, ha sido socio del presidente del Partido Nacional desde hace más de una década.

VER: La red empresarial de David Chávez y sus socios: una estructura de corrupción 

Una investigación de Criterio.hn detalla que Mario Alejandro Calderón Maldonado ha sido miembro de la junta directiva de sociedades mercantiles como Telefonía Móvil y Telefonía Celular, al igual que Grupo Visión, empresa asociada a David Chávez que desfalcó al Infop. Simultáneamente, Calderón Maldonado fungía como asesor legal de dicha institución.

Los millonarios contratos con el Estado que ligan a David Chávez y a Mario Calderón ascienden a los L 59,320,50.12 (2.4 millones de dólares). ¡Este tipo de perfil evaluará la Junta Nominadora!

JUAN JOSÉ PINEDA, EL PARIENTE DE MARCO BOGRÁN QUE QUIERE IMPARTIR JUSTICIA

En esta lista no podía faltar el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Juan José Pineda. Su hijo José Alejandro Pineda hizo negocios con Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y, por si fuera poco, está casado con Cinthia Bográn. ¿Bográn? ¿Bográn? ¿Bográn? Sí, la hermana del exdirector de Invest-H, Marco Bográn.

El 18 de marzo de 2020, Bográn compró por US$47,462,500 a la empresa de fachada Elmed Medical Systems, propiedad del guatemalteco Axel López, los primeros dos hospitales móviles y, posteriormente, el 2 de abril, pagó los otros cinco restantes más las siete plantas de tratamiento de residuos médicos.

Al final, el Ministerio Público determinó que las unidades modulares no cumplían con los requisitos mínimos para atender pacientes con covid-19, e inició una persecución penal contra Marco Bográn.

El 10 de julio de 2022, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción sentenció al exdirector de Invest-H a 10 años y 11 meses de prisión, y le impuso una multa cercana a los 1,500 millones de lempiras.

CARLOS GÓMEZ, ¿VOLVERÁ “MEL” ZELAYA A QUERER COLOCARLO EN LA CSJ?

Carlos Alberto Gómez Moreno, presidente de la Sala de lo Constitucional entre 2002 y 2009, figura entre los postulantes ante la Junta Nominadora.

Durante el proceso de nominación y elección correspondiente a 2008-2009, el entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales, intentó hasta el final que Gómez Moreno fuera reelecto como magistrado junto con Sonia Marlina Dubón, esposa del entonces secretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, uno de los beneficiados con la polémica amnistía política y ahora asesor presidencial de Xiomara Castro.

En aquel momento el expresidente no tuvo éxito en sus pretensiones, pero, para su consuelo, ambas personas figuran entre los perfiles que evaluará la actual Junta Nominadora. Esta vez, además, el partido político que él dirige tiene mayoría en el Congreso de la República, pero no para determinar la elección.

A Carlos Alberto Gómez Moreno lo persigue un antecedente turbio. Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló que el 6 de noviembre de 2009 fue contratado para impartir el módulo de Justicia Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sin haber participado en un concurso abierto o cerrado, determinando el TSC que la persona responsable de su contratación, la exrectora Julieta Castellanos, había violentado el Estatuto del Docente Universitario.

La ciudadanía espera que, en caso de que sea elegido nuevamente como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no se violente ninguna ley.

HERMES MONCADA, OTRO EXJUEZ SEÑALADO POR ABUSO DE AUTORIDAD

Hermes Omar Moncada es el actual comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero, antes de ello, entre 1998 y 2011, se desempeñó como juez de letras en el Juzgado de Letras de Gracias, Lempira.

El 12 de enero de 2006, un juez primero de letras concedió revocatoria a un auto de prisión y emitió sobreseimiento definitivo a favor de Margarito Vargas Ponce y Marcos Reyes, dos miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que venían siendo criminalizados.

A pesar de ello, Hermes Omar Moncada, en su condición de juez segundo de letras, dejó sin valor y efecto la resolución, algo que el Copinh calificó como un acto de abuso de autoridad y de expresa intención de mantenerlos en prisión, por lo que solicitó su destitución inmediata, por considerar su proceder “fuera del marco de la ley”.

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Moncada ha sido asistente del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y en 2018 figuró entre los cinco nominados finales que la Junta de Proponentes presentó al Congreso de la República, como candidatos a fiscal general para el período 2018-2023. Sin embargo, en medio de irregularidades, Óscar Chinchilla fue reelecto en el cargo que actualmente ostenta.

JOSÉ MARÍA DÍAZ, EL PRESIDENTE DEL CAH QUE NOMBRÓ A JOH PRESIDENTE VITALICIO DE LOS ABOGADOS

El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz Ávila, es una persona muy cercana a la cúpula del Partido Nacional. De hecho, cuando presidió esa organización gremial, nombró al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) como su presidente vitalicio, por “ser un impulsador de leyes y reformas legales que han permitido el repunte de Honduras como nación”.

La gestión de Díaz Ávila al frente del CAH, como la mayoría del Frente Patria y Justicia en las últimas décadas, se vio manchada por actos de reñidos con la ley. El 24 de abril de 2018, el jefe de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, inició una investigación en su contra, ante indicios de corrupción cometidos dentro del Instituto de Previsión Social de Profesionales del Derecho.

Ese mismo año, fue denunciado por nepotismo y boicot debido a que su hermano, David Leonardo Díaz Ávila, presidente de la Junta Electoral en las elecciones del CAH de 2018, se negó a convocar al resto de miembros de la Junta, calificando el acto como un intento de boicotear las elecciones que se realizaron el 10 de marzo de 2018 y que posicionaron como ganadora a Anny Ochoa, también del Frente Patria y Justicia.

_{La Junta Nominadora deberá elaborar un listado con al menos 45 candidatas y candidatos a las magistraturas de la CSJ, que deberá enviar al Congreso de la República a más tardar el 23 de enero de 2023. Sin embargo, entre los perfiles hay personas con oscuros antecedentes}

¿QUÉ PERFILES HAN SIDO DESECHADOS?

El 5 de noviembre de 2022, la Junta Nominadora informó que tres perfiles habían sido desechados previo a la fase de realización de pruebas psicológicas y toxicológicas, de las 184 autopostulaciones que se habían realizado hasta el 31 de octubre. Días después, el 8 de noviembre, actualizaron la información e indicaron que la lista se redujo a 174, porque algunos no subsanaron documentación pendiente y otros no se presentaron a las pruebas psicométricas que se aplicaron ese día.

Aunque la Junta no informó los nombres de estos diez profesionales del derecho descartados del proceso, Criterio.hn identificó que tres de ellos son Mercedes Geraldina Alonzo Cortés, Stephanie Claudette Bustillo Zelaya y Emilio Enrique Hernández Hércules. 

Hasta el momento la Junta Nominadora no ha informado por qué los diez autopostulantes han sido excluidos del proceso.

DE AQUÍ AL 23 DE ENERO DE 2023

Realizadas las pruebas psicológicas y toxicológicas, los autopostulantes que las hayan aprobado pasarán a la fase de entrevistas públicas y se someterán a la matriz de evaluación, que puntuará criterios éticos, morales e idóneos.

Finalmente, a más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora enviará al Congreso de la República una nómina depurada con no menos 45 candidatas y candidatos (23 mujeres y 22 hombres, en ese escenario).

El 25 de enero, los 128 diputados de las seis bancadas presentes en el Legislativo, con al menos 86 votos, elegirán a las y los 15 profesionales del derecho (como mínimo ocho mujeres) que ejercerán como magistradas y magistrados de la Corte.

Una vez instalada la Corte Suprema de Justicia el 27 de enero, el pleno de magistradas y magistrados elegirá a un presidente, cargo que será ratificado por la Junta Directiva del Legislativo.

Posterior a ello, el presidente o la presidenta designará a las y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, mientras que las otras tres salas (Penal, Civil y Laboral) contarán, cada una, con tres togadas y togados.