Tegucigalpa.- Los lobistas promotores de las derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no han perdido el tiempo, pese a que las mismas son nulas de origen y representan un zarpazo a la soberanía de Honduras.
Los senadores estadounidenses Bill Hagerty por el estado de Tennessee y Ben Cardin del estado de Maryland enviaron una carta al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, urgiéndole inste a la República de Honduras garantizar por 50 años las inversiones realizadas en las ZEDE por ciudadanos estadounidenses.
El comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García Rodríguez, refutó el contenido de la carta y aclaró que la carta confunde temas y mezcla temáticas correspondientes a una inversión privada de una empresa realizada en el marco de Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos y las realizadas dentro del marco de las ZEDE.
“Estoy segurísimo que ningún senador de Estados Unidos autorizaría una enmienda constitucional que no respetara los procedimientos que la misma constitución de Estados Unidos establece para una reforma de tal naturaleza y mucho menos cuando cede soberanía nacional, territorio y forma de gobierno en los Estados Unidos de América, por consiguiente, creo que el análisis es incompleto”, afirmó.
Noticia relacionada: ZEDE Prospera irrespeta voluntad del soberano y usa símbolo patrio para campaña de manipulación
García, quien tiene más de una década estudiando y analizando la figura de las ZEDE y su antecesora Redes Especiales de Desarrollo (RED), reparó en que los senadores son políticos que tienen votantes y muchas veces tienen patrocinadores.
Además, aclaró que si en su momento el Departamento de Estado reacciona oficialmente a la petición de los dos senadores, el gobierno de Honduras, un Estado libre, soberano e independiente, responderá de forma apropiada y supeditada a la Constitución de la República, en el marco del Tratado de Libre Comercio y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Carta de las Naciones Unidas.
DESINFORMACIÓN ES EVIDENTE EN CARTA
En respuesta a la aseveración que realizan los senadores Hagerty y Cardin en cuanto a un clima de inseguridad jurídica en el país, García recordó que esta tiene su punto de origen en el gobierno de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández, hoy residente en una cárcel neoyorquina por delitos ligados al tráfico de drogas, que promovió y aprobó reformas inconstitucionales para incorporar la “aberrante figura de las ZEDE”, así como lo uso para la reelección, la cual también está prohibida.
La Constitución de Honduras en su artículo 374 prohíbe reformas en lo que respecta a la forma de gobierno, el territorio nacional, el periodo presidencial, la prohibición para ser nuevamente presidente de la República y lo referente a quienes no pueden ser presidentes de la República en el periodo subsiguiente.
Lea también: Sin permiso de operación y sin auditoría ambiental continúa construcción en Próspera
El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, afirmó a Criterio.hn que la carta está mal fundamentada y que existe desinformación por parte de los senadores.
La fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, señaló que la carta es una postura de dos senadores y no debe ser tomada como un comunicado oficial del senado. Agregó que actualmente EE. UU. está “formando parte de una guerra para defender la soberanía/territorio de Ucrania, sería una falta de coherencia y congruencia no respetar la soberanía en Honduras”.
Planteó que se trata de una componenda política entre políticos y empresarios. A la vez que expuso que se están incrementando las inversiones en lobby por parte de Próspera, que a la vez está buscando aliados “ante el hecho que, iniciado el proceso de arbitraje internacional, no tienen garantías ni argumentos suficientes para ganar la demanda, conforme al derecho real, que no necesariamente es el que se aplica”.
Próspera en Roatán, departamento de Islas de la Bahía, es una de tres Zonas de Empleo y Desarrollo Económico impuestas en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Las otras dos son Ciudad Morazán, Choloma, Cortés, y Orquídea en San Marcos de Colón, Choluteca.
