Tegucigalpa. – El Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos oficializó este miércoles la Lista Engel que señala por actos de corrupción a dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Antonio Tomé Flores y Edgardo Antonio Casaña Mejía, y al asesor presidencial Enrique Alberto Flores Lanza.
La lista Engel, también conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, se
filtró a los medios de comunicación el viernes pasado, lo que provocó que el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente del CN, Rasel Tomé, después del mediodía, aseverara que el Departamento de Estado le había informado que no existía una lista oficial en la que se mencionara su nombre.
Por su parte, el también diputado por el partido y vicepresidente del CN, Edgardo Casaña, señaló que existe una persecución criminal por parte del golpismo que desde el 2009 tiene secuestrada la justicia y al Estado de Honduras.
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La Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos obedece a la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, que requiere al Departamento de Estado la presentación de un informe al Congreso de los EE. UU., identificando a las personas que han participado en acciones que socavan los procesos democráticos, corrupción y obstrucción de justicia en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Filtrada el viernes, 15 de julio, y oficializada hoy, la Lista Engel incluye por Honduras a 15 funcionarios y exfuncionarios, la mayoría pertenecientes a los tres gobiernos anteriores y del conservador Partido Nacional que gobernó Honduras por doce años. El resto incluye a siete de El Salvador, 16 de Guatemala, y 23 jueces y fiscales de Nicaragua.
También es designado en la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos, Roberto David Castillo, coautor del asesinato en 2016 de Berta Cáceres. Castillo fue sentenciado a 20 años y seis meses de cárcel por el crimen contra la ambientalista indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
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REACCIONES DESDE EE UU
Desde las redes sociales el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, publicó: “Los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática, próspera y segura. Hoy, con la publicación de la lista de 2022 de quienes socavan la democracia o cometen actos de corrupción, apoyamos a quienes construyen un futuro mejor”.
La representante por el 35 Distrito de California, Norma Torres, publicó desde sus redes el lunes que era un “día importante para las democracias”, en el que Estados Unidos dejaba claro” que los malos actores en Guatemala, El Salvador y Honduras serán investigados y sancionados”.
Torres apuntó: “Entre los sancionados se encuentran funcionarios gubernamentales de alto rango anteriores y actuales que dañaron la democracia de su país, desestabilizaron aún más sus comunidades y eligieron el beneficio personal por encima del bien público. Sus acciones antidemocráticas y corruptas han llevado a este momento en el que finalmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones”.
Pese a las declaraciones del secretario del Departamento de Estado y la representante Torres, en relación a que la lista busca la creación de una región más democrática, próspera y segura, existe un sentimiento entre algunos sectores que la publicación es instrumentalizada por EE. UU. para dirigir la política interna de los países involucrados.
Para el caso, en Honduras, militantes del gobernante partido Libre, expresaron su rechazo a la lista y denunciaron que EE. UU., filtró la información en un día clave para incidir en la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La polémica normativa, que comenzó a debatirse en el Congreso Nacional el jueves 14 de julio, fue finalmente aprobada la madruga del martes 19 de julio.
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LISTA ENGEL 2022 DE HONDURAS
A continuación, los nombres de los funcionarios y exfuncionarios de Honduras, así como los señalamientos por los que fueron incluidos en la nueva lista Engel:
Harvis Edulfo Herrera Carballo: Gerente general de Casa Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó en la malversación de más de USD 500.000 del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal: Supervisor de controles internos del Banco Nacional
de Desarrollo Agrícola (Banadesa) entre 2010 a 2014, transfirió fondos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de USD 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Rasel Antonio Tomé Flores: Actual vicepresidente del Congreso Nacional, participó en importante corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para apropiarse indebidamente de aproximadamente USD 327,000 en fondos públicos.
Rasel Tomé fue sobreseído por este delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad por la adjudicación de una frecuencia televisiva para usufructo estatal (Canal 8) y que estaba en poder del empresario Elías Asfura.
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Al conocerse la filtración de la lista, Tomé declaró el viernes pasado a medios “he tenido comunicación con la gente de la embajada, y me ha dicho que tengo que mandar información a través de correo para revisar este asunto. He tenido visa, he ido a los Estados Unidos, pero en este momento me dijeron; ahora necesita que informe sobre esta situación de esta lista que han enviado sobre este caso de Canal 8. Y vamos a enviar”.
“Jamás van a doblarnos los brazos, jamás nos van a extorsionar. Vamos a seguir junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo, desarrollando este proyecto de cambio y refundación. Logramos derrotar toda esa estructura, logramos derrotar el golpismo, logramos derrotar la dictadura y hoy, aunque los grupos de poder se incomoden, hoy estamos en el gobierno. En el Poder Ejecutivo la presidenta Xiomara, y nosotros en este congreso del pueblo”, dijo el vicepresidente del Poder Legislativo.
Claudia Yamilia Noriega González: Coordinadora de Proyectos del Programa “Tarjeta Cachureca” de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de USD 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
David Eduardo Ortiz Handal (Hawit): Gerente de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de USD 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Carol Vanessa Alvarado Izaguirre: Gerente de finanzas de Casa Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la malversación de más de USD 500.000 del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Enrique Alberto Flores Lanza: Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009 [Administración Zelaya], incurrió en una importante corrupción al recibir USD 2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlo indebidamente entre aliados políticos.
Enrique Flores Lanza fue el primer exfuncionario acusado de delitos de corrupción beneficiado con el decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional de Honduras.
Flores Lanza recibió carta de libertad definitiva acusado de 11 delitos de malversación de caudales públicos, al ser acusado por extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para llevar a cabo el proyecto “Cuarta Urna”.
Asimismo, fue beneficiado al extinguirse la acusación de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude.
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Juan Ramón Maradiaga: Gerente general del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) de 2010 a 2014, transfirió fondos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de USD 500,000 de Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Edgardo Antonio Casaña Mejía: actual miembro del Congreso, incurrió en importante corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) para destinar más de USD 5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político [2010].
Casaña intentó ampararse bajo la amnistía política por este caso. No obstante, un juez ad-hoc se abstuvo de otorgar el beneficio a favor del diputado Edgardo Casaña y otros dirigentes magisteriales acusados del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública, remitiendo el caso a la Sala Constitucional.
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Tras darse a conocer su nombre, el viernes, en la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos, Casaña afirmó que existe una persecución criminal por parte del golpismo que desde el 2009 tiene secuestrada la justicia y al Estado de Honduras.
“El único delito que el profesor Edgardo Casaña cometió fue luchar en las calles durante 45 días con 30 mil profesores”, dijo Casaña. Además, agregó que “el pueblo sabe que quien modificó el Inprema, la Ley del Inprema, fue este Congreso Nacional. No es Edgardo Casaña”.
Roberto David Castillo Mejía: miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica de Honduras (ENEE) de 2006 a 2009, incurrió en actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales cuando usó su posición en el Comité Ejecutivo de la ENEE para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir los contratos a una empresa en la que tenía un interés financiero.
Por su coautoría en el asesinato de la ambientalista indígena, Berta Cáceres, David Castillo fue sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión. Contra él y otros cinco exfuncionarios está pendiente el juicio por el caso Fraude Sobre el Gualcarque, que involucró corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Por el caso Fraude Sobre el Gualcarque, Castillo intentó ampararse bajo la figura de amnistía política. Pero esta fue declarada “No ha Lugar” por el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción. El juicio oral y público por este caso inicia el próximo lunes 25 de julio.
Carlos Josué Romero Puerto: Coordinador de Proyectos del Bono 10 Mil, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de USD 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Carlos Josué Montes Rodríguez: Secretario del Trabajo de 2010 a 2014, incurrió en una importante corrupción al aceptar sobornos para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
Gonzalo Molina Solorzano: Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de USD 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares: Director de la Policía Nacional de
2012 a 2013, se involucró en una corrupción significativa cuando usó su posición como Director de la Policía Nacional para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
“El Tigre” Bonilla fue extraditado a Estados Unidos el pasado 10 de mayo por suponerlo responsable de delitos ligados al narcotráfico, entre los que se menciona la participación del exjefe de la Policía Nacional de Honduras como el sicario del cártel Hernández Alvarado.
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Javier Rodolfo Pastor Vásquez: Viceministro de Salud de 2010 a 2014, se comprometió en corrupción significativa al aceptar USD 235,000 en sobornos para interferir en licitaciones públicas de contratación para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y para agilizar los pagos.
