Tegucigalpa.- Doce de los catorce casos presentadas por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), están vinculadas a una red que usa la pobreza como justificación para la sustracción de dinero que es redirigido posteriormente a campañas políticas.
Estas declaraciones fueron realizadas por el actual jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), antes UFECIC, Luis Javier Santos, durante su participación en el IV bloque del Foro Internacional contra la Corrupción e Impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, organizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en Washington D.C.
Durante el evento, el fiscal Santos expuso el caso Pandora que involucró el desvío de 282 millones de Lempiras que tenían como objetivo ser destinados al sector agrícola, pero terminaron financiando campañas políticas durante las elecciones del 2013 para los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio. La lista de los imputados involucra a 38 personas entre diputados, exdiputados, funcionarios y exfuncionarios públicos y particulares, de los cuales 22 gozan de sobreseimiento definitivo.
Santos remarcó que sin conocimiento previo la MACCIH-UFECIC seleccionó una serie de casos, entre ellos Pandora, en el que «todos están vinculados y de todos sale dinero para las campañas políticas», con el agravante que «tienen algo en común: que utilizan la pobreza como justificación para sustraer dinero para las campañas políticas».
La reacción de la clase política ante tal vinculación no se hizo esperar, contó el fiscal, y en vez de blindar el trabajo de la MACCIH-UFECIC, el «sistema» completo se torna y «rodea a los imputados para protegerlos». Con la salida de la MACCIH y la desaparición de la UFECIC, tampoco se protege a la recién instituida UFERCO, heredera de los casos.
Al contrario, narró Santos, con la desaparición de la MACCIH, el «sistema» se vuelca a proteger a todos los investigados dictando sobreseimiento, y a quienes no pudo dictarse sobreseimiento, se les retuvieron «los casos con recursos interpuestos por el Ministerio Público y hay casos que tienen cuatro años de estar con recurso».
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El funcionario ejemplificó este extremo con el caso «Arca Abierta» que lleva desde finales de 2018 de estar con un recurso de apelación que sigue sin ser resuelto en la Corte Suprema de Justicia, pese a que los once diputados implicados están en la lista Engel. Así es «cómo el sistema protege a estas personas que están siendo enjuiciadas en nuestro país», señaló Santos.
CLASE POLÍTICA Y ECONÓMICA SE SIENTE PROTEGIDA
El fiscal de la UFECIC declaró que no ha recibido amenazas directas contra su vida en relación con estos casos, pero para él esto refleja que la clase política y económica de Honduras se siente protegida.
«Se sienten tan protegidos que el Legislativo en vez de aprobar leyes, decretos, normas que vengan a beneficiar o a impulsar el trabajo contra la corrupción. Lo que ha hecho en los últimos años es aprobar, interpretar una serie de normas que lo que hacen es obstaculizar el trabajo contra la corrupción. O sea, se blinda desde el [Poder] Legislativo», manifestó.
En este correr por blindar y proteger a los corruptos, Santos subrayó que se reformó el Código Procesal Penal, se aprobó un nuevo Código Penal, se reformó una ley para que el Ministerio Público no pueda investigar si antes no hay informe del Tribunal Superior de Cuentas y obstrucción a información financiera, entre otros.
Todavía en agenda del Congreso Nacional, hay una reforma a la Ley de Privación de Dominio y es que según dice Santos, «los corruptos le temen mucho a que les priven sus bienes […] a que se les exponga, a que se les quite esas casas, mansiones que tienen a su nombre o a nombre de testaferro».
Santos anotó que una vez se apruebe la reforma a la Ley de Privación de Dominio, el blindaje y el pacto de impunidad se cerraría y la población no podrá ver resultados. Es más, «ya es imposible investigar casos del 2016 hacía atrás con las reformas que han aprobado», sostuvo Santos.
Aunque el panorama es bastante gris, el fiscal opinó que será tarea del próximo Congreso Nacional revertir todas las leyes que obstaculizan el trabajo de los fiscales, para que de esta forma se «maximicen el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y que se hace también desde diferentes organizaciones».
Previamente, -en el mismo foro- el exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, afirmó que la Organización de Estados Americanos no defendió a la MACCIH ni protegió a sus funcionarios. Asimismo, el político y abogado peruano sostuvo que en las elecciones del 28 de noviembre, los hondureños deben exigir a sus candidatos independencia judicial.
