Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –Una mujer de temple que tocó a los grupos de poder en sus alocuciones ha quedado fuera del ruedo político. Ella no ha sido acusada por corrupción como otros personajes de la política hondureña que han sido liberados por la justicia y están habilitados para buscar seguir en el poder al participar en el proceso electoral de 2021.
María Luisa Borjas, comisionada de Policía en condición de retiro, que estuvo 25 años en la Policía Nacional y que denunció, cuando estuvo a cargo de Asuntos Internos, a algunos personajes que después llegaron a ser directores de la Policía Nacional, como Juan Carlos “El Tigre” Bonilla— fue procesada penalmente por leer un informe en el que se denunciaba a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, lo que conllevó a que fuera querellada y posteriormente condenada y sentenciada a dos años y ocho meses de prisión y la inhabilitación especial de interdicción civil durante el tiempo que dure la condena principal.
La sentencia de Borjas se encuentra aún en ejecución, pero se cree que el juez delegado para conocer la causa podría actuar en los próximos meses con lo que Borjas quedará inhabilitada como diputada y por consiguiente imposibilitada para buscar un cargo de elección popular.
María Luisa Borjas le cuenta a Criterio.hn, en detalle, qué piensa de la justicia en Honduras, nos comenta qué pasó para que la querellara el banquero, de origen palestino, Camilo Atala —señalado en un informe de estar detrás intelectualmente en el asesinato de Berta Cáceres—, según cuenta Borjas, quien tuvo los informes en sus manos y los leyó públicamente.
Las elecciones primarias e internas en Honduras serán el 14 de marzo, mientras que las elecciones generales se desarrollarán el último domingo de noviembre del presente año.
En esas contiendas electorales no estará María Luisa Borjas—electa diputada por el Partido Libertad y Refundación en las elecciones de 2017—pero sí estarán otros funcionarios, exfuncionarios y políticos que fueron sindicados por corrupción o que fueron mencionados por narcotráfico en los EE.UU. Estos sí están optando a cargos de elección popular, y no lo hacen de forma discreta, sino que, ostentan las primeras posiciones dentro de las planillas para diputados e incluso, algunos de ellos, buscarán la silla presidencial como el actual alcalde del Distrito Central, Nasry “Tito” Asfura y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Ambos señalados por vínculos en casos de corrupción pública.
Tras investigaciones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), organismo de la OEA que operó del 19 de enero de 2016 al 19 de enero 2020, el Ministerio Público abrió el “Caso Pandora” que involucraba a más de 20 funcionarios hondureños. Entre estos Elvin Ernesto Santos Ordoñez (actual diputado del Partido Liberal) y Rodolfo Irías Navas (diputado del Partido Nacional). Sin embargo, el 19 de julio de 2020, la Corte de Apelaciones concedió a 22 imputados un sobreseimiento definitivo.
A petición de la MACCIH, en diciembre de 2017, se abrió el caso Red de Diputados, un proceso judicial que sacudió al Congreso Nacional tras la imputación de cinco diputados por el desvío de fondos públicos a través de oenegés. Pero la MACCIH informó que el caso no solo abarcaba a cinco congresistas, sino que la investigación involucraba a más de 60 diputados y exdiputados; incluso después se amplió el número a más de 160, incluyendo a Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo y actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, así como a funcionarios y representantes de más de 30 organizaciones no gubernamentales.
Durante su estadía la MACCIH logró que el Ministerio Público procesara judicialmente a 25 diputados. Las acusaciones alcanzaron a cuatro partidos políticos, en cuatro de los doce casos presentados durante su gestión. Estos casos fueron: “Red de Diputados”, “Arca Abierta”, “Pacto de Impunidad” y “Pandora”.
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En el caso Pacto de Impunidad se acusó por corrupción al diputado y secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien tras recibir un sobreseimiento definitivo busca continuar siendo diputado por el movimiento Juntos Podemos, que dirige el aspirante presidencial y presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Por su parte, el alcalde de Tegucigalpa Nasry “Tito” Asfura, aspirante a candidato a la presidencia por el Partido Nacional, también ha sido beneficiado. Actualmente lidera la corriente con más fuerza dentro del Partido Nacional a pesar de tener abierto un proceso de antejuicio por corrupción —por usar las cuentas de la comuna para beneficio personal, según el Ministerio Público— pero que además ha sido protegido con sendos amparos por magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las filas de Asfura está uno los diputados del Partido Nacional que fue mencionado en el caso Pacto de Impunidad. Se trata de Antonio “Toño” Rivera Callejas, quien actualmente ostenta la vicepresidencia del Legislativo y que recientemente se unió al movimiento Unidad y Esperanza que dirige Asfura.
Otro diputado habilitado para optar a un cargo de elección popular es el nacionalista Óscar Nájera. Este político representante del departamento de Colón fue puesto en una lista por actos de corrupción y narcotráfico por EE. UU., pero aun así se adhirió, sin ningún empacho, al movimiento que dirige Nasry “Tito” Asfura.
En diciembre de 2019, a través de un comunicado de prensa, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos Michael Pompeo, incluyó a Oscar Nájera en la lista de funcionarios hondureños corruptos, a quienes se le negaría la entrada al país norteamericano debido a su participación en actos de corrupción. Pompeo señaló los presuntos vínculos de Óscar Nájera con el narcotráfico y afirmó que el congresista hondureño sostenía colaboración con el cártel de drogas de “Los Cachiros”.
En noviembre de 2020, Óscar Nájera, durante una concentración política del movimiento Juntos Podemos de Mauricio Oliva, que se llevó a cabo en el departamento de Colón, dijo que el Partido Nacional compraría los votos para obtener un triunfo electoral. “Los votos que nos falten los compramos”, argumentó.
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La justicia electoral de Honduras ha mostrado excesiva benignidad con personajes como Yani Rosenthal (prominente empresario de origen judío) —condenado a tres años de cárcel en EE. UU. al declararse culpable por el delito de participación en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita y quien confesó haber tenido nexos económicos con el cartel de Los Cachiros—Rosenthal se perfila como aspirante presidencial por el Partido Liberal porque la justicia de Honduras nunca le abrió un proceso judicial.
En 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó por corrupción y lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas.
El movimiento liberal Yanista lleva en la casilla número 1 en el departamento de Francisco Morazán al diputado Elvin Santos, procesado judicialmente por la justicia de Honduras y luego absuelto en el caso Pandora. Los sobreseimientos a dichos diputados fueron uno de los escándalos de corrupción más grandes de Honduras durante el 2020.
EN HONDURAS NO HAY JUSTICIA
Sobre el camino allanado para que participen en política los políticos acusados de corrupción como Nasry Asfura, Mauricio Oliva, Elvin Santos, Toño Rivera, entre otros, María Luisa Borjas dice que es insólito pues queda demostrado que “la justicia en Honduras no existe y lo hemos podido afianzar con los últimos acontecimientos registrados donde la injusticia hondureña deja libre a los involucrados en el caso Pandora y también a los que saquearon el Seguro Social”.
Borjas, además, lamenta que mientras los políticos corruptos tienen vía libre para seguir en el poder se esté encarcelando a los defensores del agua y el territorio en Guapinol, por defender la vida.
Borjas tiene claro que Honduras pasa por uno de sus momentos más oscuros debido a la concentración de poder que se posa sobre Juan Hernández, el presidente de la república de Honduras, quien controla, además, los poderes Ejecutivo y Judicial y el Ministerio Público, al presidir el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
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En julio de 2020, la Corte rechazó un recurso de casación que los abogados de María Luisa Borjas habían interpuesto ante la condena por difamación y la sentencia de casi tres años de cárcel que le impusieron por supuestamente señalar a Camilo Atala, presidente del banco Ficohsa, como el autor intelectual en el asesinato de Berta Cáceres.
Pero Borjas cuenta que, en noviembre de 2017, lo que hizo fue leer tres informes que cayeron en sus manos. Se trataba de informes policiales auténticos. Los cuales reconoció de inmediato porque ella fue miembro durante 25 años de la Policía y conoce los informes policiales porque ella los estudiaba cuando estuvo en Asuntos Internos.
“Tienen los sellos, las marcas de entrega y recibido, tienen los logos, a mí no me van a decir que son informes falsos. Fueron realizados por equipos de investigación de la inspectoría general de la Secretaría de Seguridad”.
Borjas dice que un informe hablaba sobre el asesinato del “fiscal de oro” Orlan Chávez, otro sobre el asesinato del director de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Alfredo Landaverde y un tercero sobre el asesinato de Berta Cáceres.
Cáceres fue asesinada a balazos en su propia vivienda en la occidental ciudad de La Esperanza, Intibucá, a principios de marzo de 2016. Alfredo Landaverde fue asesinado en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa el 7 de diciembre de 2011, mientras que Orlan Chávez fue asesinado el 18 de abril de 2013 en las cercanías del Estadio Nacional, también en la capital.
Borjas cuenta que recibió los informes, se reunió con un equipo de abogados y de defensores de derechos humanos para ver qué hacían para disminuir el riesgo de represalias para la bomba que saldría a luz.
“Yo no podía quedarme callada, si yo guardaba esos informes, que tenían un año de estar en el Ministerio Público sin moverse, iba a ser una más de ellos, una encubridora. Un equipo de derechos humanos me recomendó que la forma más fiable era entregar los documentos al Conadeh (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) que es el encargado de velar por todos los derechos de la ciudadanía”, recuerda.
Borjas y el equipo técnico convocaron a los medios de prensa y ella dio lectura a los informes. “Pero yo no señalé a nadie, los nombres que salieron a relucir ahí fueron los que salieron a la luz por las actividades investigativas que el equipo policial realizó”, agrega.
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Borjas detalla que, hasta esa fecha, mediáticamente, solo se mencionaba a los autores materiales y que es tan verídico el informe que los ochos autores materiales que se mencionan en los documentos ya estaban guardando prisión.
“Pero de los autores intelectuales ni siquiera habían mencionado sus nombres. Entonces, ¿cómo es posible que ellos aducen que ese informe es falso cuando se refiere a los autores intelectuales, pero es verdadero cuando se refiere a los autores materiales?”, comenta Borjas.
La comisionada en condición de retiro reitera que ella no señaló a nadie específica ni exclusivamente, sino que simplemente le dio lectura a un informe sin ponerle ni quitarle y que posteriormente procedió a entregarlo al Conadeh.
“A esta hora no han hecho nada en contra de esa gente, pero a mí sí me han perseguido. Estoy con una condena de dos años y 8 meses, con una inhabilitación por el doble de ese tiempo. Estoy inhabilitada en mi cargo como diputada y además para participar en actividades políticas durante más de cinco años”, María Luisa Borjas.
Borjas dice que en estos momentos en Honduras las leyes no se aplican, por lo que tuvo que salir del país por un breve tiempo.
“Este señor Camilo Atala me interpuso esta querella sin ningún fundamento legal, en ningún juzgado esa querella hubiera prosperado porque no tiene fundamento. Yo no lo he señalado, lo señalan los investigadores”, comenta.
Borjas manifestó a Criterio.hn que sus abogados alegaron que el caso debería cerrarse por la incomparecencia de Camilo Atala, pero que estaban nada más y nada menos que ante el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, que había sido designado para conocer esa causa.
“Juan Orlando Hernández quería a alguien que le hiciera bien el mandado. Para otros casos sonados que realmente son de impacto no lo han nombrado a él, pero en el caso de una querella contra mí, nombran como juez natural al presidente de la Corte Suprema de Justicia”, comenta en rechazo a las acciones que se toman al más alto nivel.
Borjas asegura que Rolando Argueta fue nombrado porque ningún juez o magistrado que se encuentre debajo de él se atreverá a contradecir una resolución nombrada por este alto funcionario.
“Cuando mis abogados probaron la incomparecencia de Camilo Atala, entonces, Rolando Argueta dijo: bueno, él no está, pero acá están sus abogados así que el juicio continúa”, cuenta Borjas.
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Borjas asegura que viene sufriendo represalias desde que fue jefa de Asuntos Internos de la Policía, cuando envió ante un tribunal a cuatro oficiales involucrados en los grupos de exterminio y a tres oficiales de la más alta jerarquía de la Policía, a unos por complicidad y a otros por haber ordenado la destrucción de seis AK 47 con las que se había asesinado a por lo menos 50 jóvenes en Honduras.
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Para Borjas, en el caso de Nasry Asfura, la justicia no funciona porque aquí al que no tiene poder político se le aplica la ley. Pero Asfura, bien ubicado políticamente, se le permite hacer todo. Y en cuanto a Yani Rosenthal, cree que a pesar de haber sido condenado en EE. UU y de ser confeso, en Honduras no pasa nada.
“Él (Yani) aceptó la culpabilidad, pero aquí en Honduras como él mismo lo ha dicho tiene poder económico y político. Aquí jamás se le ha levantado, pero ni una esquela de tránsito, que en otros países les llevan una causa, aun y cuando todo mundo sabe en lo que están involucrados, es más, estos bancos como Ficohsa y Credomatic han sido mencionados en otros países como Panamá en lavado de activos que son los bancos de los Atala. Pero aquí todo bien gracias. Es parte de la dictadura que estamos viviendo en nuestro país”, dice Borjas.
La historia de tropiezos en la vida de Borjas no es nada nuevo, en el 2003 el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, le otorgó la baja deshonrosa por enviar a los tribunales a un grupo de policías, uno de ellos, Carlos José Zavala Velásquez, fue condenado en Estados Unidos por conspiración de narcotráfico y, otro, Juan Carlos “El Tigre”, ha sido acusado por la Corte de Nueva York de conspiración internacional de tráfico de drogas y armas.
