Tegucigalpa, Honduras.– La posible prolongación del estado de excepción, próximo a cumplir dos años desde su implementación el 6 de diciembre de 2022, genera cuestionamientos, especialmente de cara a 2025, un año clave por su carácter electoral. Esto ha despertado inquietudes sobre su uso como una herramienta que podría favorecer, de alguna manera, al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder.
“El estado de excepción, que se prolonga de manera inconstitucional, podría convertirse en una herramienta del partido en el poder para desestabilizar a los partidos opositores. Esto incluye la captura de líderes mediante el uso arbitrario de la fuerza, violando derechos humanos, tal como se ha venido registrando y denunciando desde la implementación de esta medida”, señaló Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Castañeda advirtió que esos escenarios podrían materializarse durante el próximo año electoral, debido a factores como la presión que podría enfrentar el oficialismo si la oposición toma ventaja en las urnas. Además, recordó antecedentes en los que los gobiernos de turno han utilizado los cuerpos de seguridad para su beneficio, impartiendo directrices destinadas a ejercer medidas de presión contra la oposición política.
“Esos son escenarios que podrían darse. Como sociedad civil, esperamos que prevalezca el bienestar colectivo y que los procesos electorales no sean empañados por el uso de la fuerza a través del estado de excepción como una estrategia del oficialismo. Sin embargo, considerando cómo ha evolucionado esta medida, existen probabilidades de que persistan y aumenten las violaciones a los derechos humanos en el contexto de 2025”, explicó el abogado.
Lo señalado por Castañeda sobre los antecedentes de administraciones que han utilizado las fuerzas de seguridad para su beneficio resulta coherente. Por ejemplo, durante los ocho años de gobierno (2014-2022) del narcoexpresidente Juan Orlando Hernández, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), jugaron un papel clave para mantener en el poder mediante la represión de manifestantes que cuestionaban los actos de corrupción de su administración.
Hernández, durante su cuestionada gestión, utilizó los cuerpos de seguridad a su conveniencia, equipándolos con armas, aeronaves y asignándoles grandes presupuestos. Actualmente, la administración de la presidenta Xiomara Castro sigue una línea similar, pese a que, años atrás, cuando era oposición, prometió devolver a los militares a sus cuarteles como una señal emblemática de protesta contra la represión vivida y las víctimas mortales que dejaron esos años.
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De hecho, los jerarcas de la institución castrense y de la Policía Nacional han manifestado abiertamente su apoyo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, proyectándose, de esa forma, como afines al partido oficialista Libre. Esta postura contraviene la Constitución de la República, ya que su rol en la sociedad debe ser servir al pueblo, no alinearse con intereses partidarios.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN SERÁ UN ESLOGAN ELECTORAL
Para el analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, el estado de excepción, que podría ser utilizado para los fines mencionados por Castañeda, será un eslogan de logros del actual gobierno, con el objetivo de promover su continuidad en la siguiente administración. Esto en el hipotético caso de que el ganador de los comicios generales sea un candidato del actual gobierno, como el diputado Rasel Tomé o la actual secretaria de Defensa, Rixi Moncada.
“Por el apoyo que se le ha dado, claramente podría ser una propuesta de campaña del oficialismo, con la cual buscarán los votos a través de temas de seguridad. Pero la otra cara de la moneda es que esta medida no está dando los resultados esperados para apropiarse de ella. Simplemente, lo que hay es el trabajo que normalmente deben hacer los cuerpos de seguridad. No son resultados contundentes”, mencionó Madrid.
Referente al apoyo mencionado por Madrid, se puede evidenciar principalmente en el tema económico. La Secretaría de Seguridad, para el ejercicio fiscal de 2024, es de las instituciones que tiene uno de los presupuestos más elevados. En valores absolutos, en 2020 el monto fue de L 6,582,000,000.00, y en 2024 se proyecta un total de L 11,651,738,277.00. Esto representa un incremento de L 5,069,738,277.00, equivalente al 77% en comparación con 2020.
Sin embargo, en el Congreso Nacional, clave en la lucha contra la criminalidad organizada, no se ha otorgado el apoyo necesario a la Policía Nacional. La debilidad del estado de excepción radica en su marco legal, ya que, por ejemplo, cualquier persona vinculada con maras y pandillas que es capturada, si no hay denuncias o pruebas suficientes, queda en libertad en pocas horas. Esto genera una disparidad entre los arrestos y los procesos judiciales derivados de la aplicación de esta medida.
Para obtener el apoyo del Poder Legislativo, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) propuso recientemente reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el fin de que las personas capturadas con claros vínculos con el crimen organizado sean sometidas a prisión preventiva y no queden en libertad para reincidir.
Sin embargo, debido a la división del Congreso Nacional y la falta de voluntad política para alcanzar consensos, los diputados no han aprobado estas reformas, las cuales, en resumen, permitirían que el estado de excepción tenga efectividad legal y justifique su prolongación, como ocurre en El Salvador.
