La adopción del estado de excepción en Honduras, siguiendo el modelo salvadoreño, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos y por sus prorrogas se advierte que podría convertirse en una política permanente de seguridad
Tegucigalpa, Honduras. – La implementación del estado de excepción en Honduras, siguiendo el modelo de El Salvador, está generando serias preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía. Con casi dos años bajo esta medida, el país ha visto la decimo tercera prórroga –varias de ellas sin la ratificación formal por parte del Congreso Nacional—, lo que levanta cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de este régimen y crecen las inquietudes sobre el futuro de Honduras y su política de seguridad.
Karen Valladares, coordinadora de Cristosal en Honduras, destacó en entrevista con Criterio.hn la preocupación de esta organización ante el estado de excepción en el país. De acuerdo con Valladares, esta medida – inspirada en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele— ha llevado a una vulneración sistemática de los derechos humanos. «Tenemos muchos casos de testimonios de víctimas cuyos derechos han sido vulnerados, donde no hay respeto alguno,» afirmó Valladares.
Otro de los puntos más preocupantes mencionados por Valladares es la forma en que se han otorgado las prórrogas del estado de excepción. «No existe una ratificación por parte del Congreso Nacional; simplemente se están dando las prórrogas de manera directa. No existen los lineamientos claros para que esta prórroga sea considerada adecuada», señaló.
La ausencia de un marco legal claro genera incertidumbre y desconfianza en la población. Una preocupación que también fue expresada por Andrea Pochak, relatora de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su visita a Honduras en mayo pasado.
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UN ESTADO DE EXCEPCIÓN SIN FECHA DE CADUCIDAD
Un estado de excepción es una medida excepcional que permite a un gobierno suspender temporalmente ciertas garantías de derechos humanos durante crisis graves, siempre que se ajusten a los estándares internacionales de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.
El propósito de un estado de excepción es permitir que el gobierno pueda responder de manera efectiva a emergencias nacionales, como desastres naturales, conflictos armados o graves amenazas a la seguridad pública, mientras se garantiza que las medidas adoptadas sean proporcionales, necesarias y limitadas en el tiempo.
La temporalidad de esta medida adoptada en Honduras ha generado preocupaciones en la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos, ya que esta pedida, como lo señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pareciera ser una medida permanente que ha dejado de ser excepcional para pasar a ser la norma.
Nelson Castañeda, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), reprochó la implementación del estado de excepción en Honduras, comparándolo con el régimen en El Salvador. «La preocupación es que estamos con un estado de excepción que no tiene un fin, que no tiene fecha de caducidad, se mantiene como un mecanismo que supuestamente da resultados positivos, pero la impunidad sigue siendo alta,» afirmó Castañeda.
Castañeda señaló que, aunque hay muchas detenciones y allanamientos, la impunidad sigue siendo superior al 90%, lo que indica que el sistema judicial no está funcionando adecuadamente. «El gobierno debe tener la humildad de aceptar que este tipo de estrategias no son convenientes y están suspendiendo derechos en lugar de garantizarlos» instó.
SE REQUIERE RESPUESTA EFECTIVA CONTRA LAS MARAS Y PANDILLAS
Las maras y pandillas han tenido un impacto devastador en El Salvador y Honduras, exacerbando la violencia y la inseguridad en ambos países. Estos grupos delictivos han contribuido significativamente al aumento de las tasas de homicidio y a la expansión de actividades criminales como extorsiones y tráfico de drogas.
En El Salvador, las maras han logrado infiltrar diversos sectores de la sociedad, generando un clima de terror y desconfianza que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. En Honduras, la presencia de pandillas también ha intensificado la violencia y ha desafiado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y justicia. La influencia de estos grupos va más allá de la criminalidad, afectando el desarrollo social y económico y perpetuando un ciclo de violencia que resulta difícil de romper sin una estrategia integral que incluya prevención, justicia efectiva y rehabilitación.
Para Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, subraya que, aunque reconoce la necesidad de una respuesta efectiva contra las pandillas y estructuras criminales, las medidas de restricción de derechos y la tortura no son caminos viables para construir una paz duradera ni para garantizar justicia para las víctimas. «La narrativa de que la población está dispuesta a sacrificar sus derechos a cambio de seguridad es falsa», afirmó.
Por su parte, Nelson Castañeda, señaló que, aunque en Honduras ha habido numerosas detenciones y operativos, la alta tasa de impunidad y la falta de resultados concretos en la judicialización de casos reflejan una deficiencia en el enfoque. Según Castañeda, el gobierno debe adoptar un modelo de seguridad más integral y basado en estrategias a largo plazo, que no sólo se enfoquen en la represión, sino que también aborde las causas estructurales de la violencia y fortalezca el sistema judicial para garantizar justicia efectiva y duradera.
Tanto en El Salvador como en Honduras las detenciones durante el Estado de excepción se han incrementado. Lo que Noah Bullock cataloga como “un fenómeno masivo de detenciones arbitrarias, que genera un efecto de miedo en la población, autocensura”.
Cristosal logró documentar más de 80,000 detenciones, de las cuales el 15 % corresponde a mujeres, aunque la cifra podría ser mayor por la opacidad persistente en el gobierno salvadoreño.
Noah Bullock, destacó que, pese a las medidas represivas, el Estado Salvadoreño no ha podido enjuiciar a ni un tan solo líder de maras y pandillas ni mucho menos ha permitido la extradición de cabecillas solicitados por Estados Unidos.
Sobre las detenciones en Honduras, Criterio.hn constatar que las detenciones durante la suspensión de garantías constitucionales desde diciembre de 2022 a mayo de 2024 se realizaron 35, 271 detenciones por diversos delitos.
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SEGURIDAD CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
A medida que Honduras navega este complicado escenario, la pregunta clave sigue siendo: ¿es posible lograr seguridad sin sacrificar los derechos humanos? Los defensores y defensoras de derechos y la sociedad civil abogan por un enfoque integral que priorice el respeto a la dignidad humana, convencidos que sólo así se podrá construir una paz verdadera y sostenible.
Melissa Escoto, comisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), abordó los resultados preocupantes del informe sobre el estado de excepción y su impacto en El Salvador, enfatizando la necesidad de evitar que en Honduras se replique este modelo. “Debemos reflexionar y no replicar modelos represivos que violan derechos y no ofrecen soluciones efectivas,” advirtió Elvir.
Elvir destacó que la política de estado de excepción no está abordando adecuadamente el problema subyacente de violencia en la región. En lugar de ofrecer soluciones integrales, el modelo actual parece centrarse en medidas temporales que, en última instancia, no resuelven las causas estructurales del conflicto.
El informe de El Salvador revela una sistemática violación de derechos humanos bajo el régimen de excepción, donde la represión ha ido en aumento sin mostrar resultados significativos más allá de un incremento en las detenciones.
La falta de transparencia, el temor generalizado, la alta impunidad y las violaciones sistemáticas de derechos humanos son indicadores claros de que esta medida necesita ser reevaluada.
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