Desde 2010, 25 adolescentes en conflicto con la ley han muerto bajo la custodia del Estado las últimas dos ocurridas en el Centro de internamiento Pedagógico Nueva Jalteva, conocido por sus condiciones de máxima seguridad
Las organizaciones de derechos humanos denuncian la negligencia estatal y exigen el cierre inmediato del centro, citando un entorno inadecuado para la rehabilitación juvenil y constantes violaciones de derechos humanos.
Tegucigalpa, Honduras. – La violenta muerte de dos adolescentes al interior del Centro Pedagógico Nueva Jalteva ha intensificado las demandas de su cierre definitivo, Investigar las circunstancias y causas de la muerte y apegarse a los estándares internacionales de acuerdo con la convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos del niño.
Organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), han denunciado las condiciones inhumanas y la violación sistemática de los derechos de los adolescentes al interior de los centros de internamiento pedagógico.
Evelyn Ramírez, coordinadora de proyecto del área de la niñez y adolescencia infractora de la ley del CPTRT, en entrevista con Criterio.hn, expresó su preocupación ante las fallas en el sistema de justicia juvenil, pese a las recomendaciones que han brindado organismos internacionales.
De acuerdo con Rodríguez las dos muertes registradas en menos de una semana, se pudieron haber evitado
Moisés Daniel Cerrato Lazo, de 13 años de edad, fue encontrado sin vida y con signos de tortura la noche del 18 de junio y Rony Josué Zúniga Amaya de 16 años de edad, el pasado 23 de junio.
De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde 2010, 25 menores han fallecido bajo custodia estatal, exponiendo la alarmante negligencia en estos centros.
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LABERINTO DE CONCRETO
La negligencia estatal ha quedado evidenciada en la decisión de internar a jóvenes infractores de la ley en el Centro Pedagógico Nueva Jalteva, que posee características de una cárcel de máxima seguridad. Este centro, descrito como un «laberinto de concreto», no está adaptado para las necesidades de rehabilitación y desarrollo de los adolescentes, violando así los principios fundamentales de justicia juvenil.
Además, la falta de personal capacitado y condiciones adecuadas agrava la situación, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los internos. A razón de ello, Evelyn Ramírez comentó a Criterio.hn que en una las visitas al centro de internamiento corroboraron el poco personal técnico y de custodia. “Es lamentable, qué pasa en el INAMI, porqué están solos los centros de internamiento”, cuestionó Rodríguez.
El CPTRT y la OMCT han condenado enérgicamente la situación del sistema de justicia juvenil, destacando que estos centros de internamiento no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. La reclusión de menores de edad en un entorno tan hostil y punitivo no sólo es ineficaz para su rehabilitación, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y deshumanización.
Bajo este panorama una de las peticiones de las organizaciones al Estado de Honduras es cerrar Nueva Jalteva. “Este centro es una cárcel de máxima seguridad, se debe abolir y buscar otro espacio que cumpla con los estándares internacionales” refirió Rodríguez.
Al mismo tiempo, instan a las autoridades hondureñas a reformar el sistema de justicia juvenil, para garantizar entornos que promuevan la reintegración y el respeto por los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.
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ESPACIOS PARA LA REHABILITACIÓN
Nuevo Jalteva se construyó en el segundo periodo de mandato de Juan Orlando Hernández –condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico— cuyo costo fue de más de 270 millones de lempiras, además el proyecto, se conoció hasta que su construcción fue concluida.
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), es de la opinión que si en este momento no existen lugares que cumplan con los estándares internacionales y tomando en cuenta la millonaria inversión las autoridades debe hacer una readecuación de las instalaciones. “se deben adecuar espacios para la rehabilitación, espacios donde los adolescentes no sientan que están en una cárcel de máxima seguridad”.
Las organizaciones defensoras de derechos de la niñez, además piden: garantizar en todos los centros de internamiento la separación de niños de los adultos detenidos, de acuerdo con la convención de la ONU sobre los derechos del niño. Ello debido a que, Moisés Daniel Cerrato, compartía con 15 jóvenes de edades entre los 19, 20 o 21 años.
Además, solicitan reclutar y contratar personal técnico, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, abogados y orientadores, a fin de garantizar el suficiente personal para atender adecuadamente a los niños. Así como implementar una política de asistencia individualizada para cumplir de manera óptima los programas de rehabilitación e inserción en la sociedad.
Las organizaciones consideran imperativo eliminar la gestión de los centros de internamiento para niñez y adolescencia por parte de la Policía Nacional.
