169 días han transcurrido desde el hecho que enlutó a 46 familias hondureñas: la masacre en la cárcel femenina ubicada en Támara, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña, y todavía no hay resultados de la investigación que ponga ante los tribunales a los perpetradores, que podrían ser también efectivos de la Policía Nacional
Tegucigalpa, Honduras.- Por falta de peritos en criminalística o investigadores criminales, el Ministerio Público (MP), que cambió de autoridades el pasado uno de noviembre, mediante un proceso cuestionado, no podría concluir, este 2023, la investigación de la masacre que ocurrió el pasado 20 de junio, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
“Si bien es cierto, nosotros queríamos tener para el 2023 ya presentada la causa criminal, pero las pericias son extensas; las pericias telefónicas no son tan sencillas por la escasez de peritos que tenemos. Muchos de los campos (de investigación) ya están resueltos”, confesó en un foro televisivo el titular de la Fiscalía Especial de los Delitos Contra la Vida (FEDCV), Roberto Blen.
Blen, fiscal encargado de llevar el proceso de investigación, que desde hace 169 días (que ocurrió la masacre) no ha presentado ninguna evidencia que responsabilice a los perpetradores, excusó que una de las dificultades que ha identificado, es que es un caso que podría involucrar a una gran cantidad de personas, no sólo privadas de libertad.
“Yo le puedo asegurar que hemos estado trabajando en este caso; estamos en un caso de pluralidad de víctimas y pluralidad de victimarios. No toda la población (carcelaria) estuvo presente, eso lo tenemos claro. Estamos en proceso arduo de investigación para poder imputar objetivamente”, precisó.
Aseguró que todavía se encuentran observando los videos captados el pasado 20 de junio por las cámaras de vigilancia del centro penal de PNFAS, para identificar a las involucradas, aunque estas, en su mayoría, andaban cubiertos sus rostros con pasamontañas.
“No es tanto el tiempo, sino la calidad y el profesionalismo con el que trabajamos. Si usted corre se tropieza, entonces nosotros estamos supervisando que el trabajo cuenta con la calidad requerida”, mencionó.
Lo anterior el fiscal lo reveló de manera obligada, luego que la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, denunciara ante la sociedad, que en la masacre que murieron 46 privadas de libertad podrían estar involucrados efectivos de la Policía Nacional, porque en la escena del crimen y en los cuerpos de las víctimas encontraron municiones pertenecientes a la institución armada.
De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, varios casquillos de bala encontrados en la escena pertenecen a la institución para la que sirve y, de igual manera, algunas armas de fuego decomisadas, utilizadas por las privadas de libertad para fulminar a sus compañeras de cárcel también.
Lo anterior lo terminó reafirmando el fiscal Blen, quien cuestionó que, si la intervención penitenciaria de la mano de la Policía Nacional, en ese entonces hubiera sido efectiva, no se les hubiera permitido el ingreso del arsenal de armas utilizadas para concretar la masacre.
De hecho, de acuerdo con testimonios recabados, después del trágico hecho, que todavía permanece en impunidad, varios días antes que se ejecutara la masacre, tanto el personal penitenciario, como privadas de libertad ligadas a estructuras criminales, estaban haciendo movimientos preparativos, que anunciaban la tragedia.
Desde el 12 de abril, hasta el 20 de junio, la intervención penitenciaria estuvo en manos de la Policía Nacional, bajo las directrices de Julissa Villanueva, pero después de la masacre, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó que esta acción sea manejada por las Fuerzas Armadas (FF. AA), a través de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
De interés: Armas de la Policía Nacional fueron disparadas en contra de las privadas de libertad: Julissa Villanueva
GASTOS INNECESARIOS, PERO EL MP SIN INVESTIGADORES
La integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y Justicia (ACTJ), Jimena García Merino, cuestionó que el gobierno asigna presupuestos para acciones sin beneficios, mientras el Ministerio Público carece de personal para llevar investigaciones de esta envergadura.
“Así las prioridades. Vemos gastos excesivos en acciones sin beneficios para el pueblo, pero el Ministerio Público carece de peritos, entre otros recursos indispensables para poder proceder”, escribió García en su cuenta de x (antes Twitter).
Lo expuesto por García tiene sentido, precisamente por los últimos antecedentes que se han registrado. Por ejemplo, la presidenta Xiomara Castro viajó a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, para participar en la Cumbre Climática de Naciones Unidas, y con ella llevó a una comitiva de burócratas y familiares, que supera las 30 personas.
Entonces, de acuerdo con un trabajo publicado en El Heraldo, sólo en pasajes aéreos, la población hondureña le pagó a la comitiva más de un millón de lempiras, sin contar con el costo de estadía, alimentación y viáticos que se le asignó a cada integrante, algo que se le podría cuestionar al gobierno, porque en la campaña proselitista prometían ser “austeros”, pero lo más grave es que varias instituciones, como el MP, carecen de personal.
