Organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado enérgico a la presidenta Xiomara Castro para que integre una comisión que investigue las denuncias de maltrato por parte de militares hacia los privados de libertad
Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa. – El sábado 29 de julio de 2023 a las 3:00 pm, doña Juana se dispuso a visitar a su hijo privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara (zona occidente de Honduras). Después de más de tres años sin verle. La misma acción realizaron cientos de familiares de internos que acudieron de manera masiva.
La hondureña contó a este medio digital que tras escuchar que se estarían permitiendo las visitas, luego de las prohibiciones -cuando los militares asumieron el control de los centros penitenciarios-, se dispuso a viajar hasta el lugar, al cuál pudo ingresar hasta el domingo 30 de julio a la 1:00 pm.
Ya en el sitió su hijo le narró que durante las requisas que realizaron los militares les fueron arrebatados insumos clave como: ropa, colchones para dormir, cobijas , y solo les dejaron una toalla de baño para cubrirse del frío.
Al referir sobre los tratos que reciben, dijo que su hijo tenía quemaduras en varias partes del cuerpo, especialmente en la espalda, además, que producto de las heridas ocasionadas por los militares, le quedaron afectaciones en la piel.
“Es un calvario el que están recibiendo, nosotras las madres salimos llorando de ahí, y hasta ahora no sabemos cuándo podremos verlos de nuevo”, expresó la madre al narrar la vivencia de la primera vez que pudo visitar a su hijo tras la militarización en los centros penitenciarios.
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CONFORMAR COMISIÓN INVESTIGADORA
La denuncia de doña Juana no es la única, para el caso, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado recibir una serie de denuncias de familiares de los internos, quejándose de los malos tratos físicos y además de privaciones básicas como comida e indumentaria.
Es por ello que este día las organizaciones: Pastoral Social Caritas de Honduras Arquidiócesis de San Pedro Sula, Asociación de Familiares de Privados de Libertad de Honduras (ASOCIDEH), Centro de Prevención, Tratamiento, y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares, (C.P.T.R.T).
Además de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Asociación de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, LITOS de Honduras, Asociación de Familiares de Personas Recluidas de Centros Penitenciarios de Honduras (ASOFAPRECPH), emitieron un comunicado en conjunto, donde piden a la presidenta Xiomara Castro que se realice una investigación referente a las denuncias interpuestas por los familiares.
Dentro de los malos tratos, resalta el texto: está la aplicación de toques eléctricos en la boca, al grado que un privado tuvo afectaciones bucales, extracción de uñas, hacer dormir desnudas a las mujeres en el piso y los golpean,.
Denunciaron además, que a los privados les introducen la cabeza en los sanitarios llenos de orina y ademas sólo les proporcionan un tiempo de comida, y les venden un plato de comida a la excesiva cantidad de 510 lempiras.
Ante este panorama, piden que se conforme una comisión o un equipo de trabajo, integrado por la Fiscalía de los Derechos Humanos, Juzgado de Ejecución, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Comite Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanso o Degradantes (CONAPREV), Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional y como observador un representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas (OACNUDH).
“Instamos al relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura que se realice una visita in loco a fin de constatar las condiciones en las que se encuentra la población penitenciaria”, dicta de manera textual el comunicado.
TRATOS CRUELES
“Un verdadero desastre para los derechos humanos, porque no se ha logrado el verdadero objetivo” así catalogó la subdirectora del CPTRT, Alba Mejía, el proceso de militarización el cual se ha establecido en los centros penitenciarios y de los cuales ya se han reportado múltiples denuncias.
Aseguró que desde la organización que dirige ya se ha conocido una serie de denuncias de malos tratos dentro de los que destaca: quemaduras al exponerse al sol, golpes, entre otras, lo cual a su juicio evidencia que hasta el momento se han administrado los centros penitenciarios sin tener un enfoque en derechos humanos.
En este sentido, Mejía dijo a Criterio.hn que con el fin de realizar esfuerzos en fin visibilizar la problemática, en septiembre próximo se buscará impulsar una campaña de paz en la penitenciaría nacional con el propósito de generar conciencia sobre la situación que atraviesan los internos, lo anterior de cara al día nacional del privado de libertad que se conmemora el 24 de septiembre.
En este sentido, dijo que también se pretende verificar cómo va el proceso de capacitación custodios, como lo ordenó la presidenta a través del Decreto PCM 28-2023 al tiempo que explique cómo se hará para capacitar los agentes penitenciarios, en un año, cuando la academia solo ha logrado graduar a 200 personas en seis meses.
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TRATOS CRUELES A MUJERES
“Los mensajes que ellos dirigen en cada golpe o en cada tortura es que son órdenes superiores del gobierno de la República, sin embargo doña Xiomara ha hecho un llamado al respecto extrínseco a los derechos humanos pero que en la práctica ha sido lo contrario”, apuntó la presidenta de la organización Cozumel Trans Rihana Ferrerra, al referir las denuncias que recibe por parte de los familiares de los internos.
La defensora informó que en la actualidad existen alrededor de 300 personas LGTBI privadas de libertad, instaladas en 12 centros penales del país, dentro de las cuales la mayoría ha sufrido tratos crueles e inhumanos, como discriminación por su identidad de género, siendo golpeadas y sometidas a la destrucción de sus pertenencias.
Mujeres trans son amenazadas con cortar su cabello, obligarlas a desnudarse, dejándoles sin ropa interior, exigir el retiro de toallas sanitarias sin derecho a reemplazarlos y las visitas de mujeres trans son requisadas por hombres durante su ingreso, aseguraron las organizaciones.
Cuestionó que debido a la formación castrense de los militares, se permite que se refieran ante personas LGBTBI de una manera degradante, infiriendo palabras groseras como “vos sos hombre”.
Según datos de Cozumel Trans hasta la fecha se contabilizan cinco personas privadas de libertad fallecidas, sin embargo los militares infieren excusas para no asumir responsabilidad, “estamos en contra de los vejámenes en contra de las personas privadas de libertad sin respetar condición de discapacidad, personas LGTBI, y desde ya les han inferido palabras como ‘a ver, si esta vez se salvan’”.
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La Secretaría de Derechos Humanos a petición de Criterio.hn se pronunció a través de el viceministro Guido Eguiguren, quien manifestó que el Estado de Honduras está obligado a garantizar los derechos de los privados de libertad y ante estas denuncias deben investigarse los hechos por parte de la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público y la dirección de Medicina Forense, sin comprometerse ellos como institución garante de los derechos humanos.
