Tegucigalpa. – El departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual 2022 sobre prácticas de derechos humanos en Honduras, donde se revela la urgencia para abordar la impunidad en este país centroamericano.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), mencionó que este informe destaca esfuerzos para combatir la impunidad, pero que además reconoce que dichos esfuerzos son insuficientes.
La lucha contra la impunidad, es un aspecto clave para combatir la corrupción “necesitamos trabajar Fuertemente en el combate contra la impunidad no es posible que sigamos con cifras superiores al 90% de impunidad en Honduras”, señaló el director de CIPRODEH.
“La corrupción, junto con la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales, generaron una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad”, destaca el informe.
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CORRUPCIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA
En este informe anual, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es señalado por corrupción gubernamental y la falta de transparencia. “Las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental”.
En relación a la ley de Amnistía, el informe menciona que, hasta octubre, al menos, 24 acusados utilizaron la ley para desestimar los casos de corrupción.
A criterio de Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), este decreto debe ser modificado para no incluir casos de corrupción.
“El sistema protege a todo este tipo de personas” señaló el jefe de la Uferco, además agregó que las personas involucradas para que se haga justicia en los casos de corrupción “no desarrollan el papel que les corresponde por los intereses que se juegan”.
El Congreso Nacional, el 2 de febrero de 2022 aprobó «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan», contenida en decreto 04-2022, donde se contempla la amnistía retroactiva que absolvió de delitos a funcionarios públicos del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, a quien se dio golpe de estado en el 2009.
Uno de los beneficiados fue Enrique Flores Lanza, ministro de la presidencia del Gobierno de Zelaya, por falsificación de documentos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude, delitos señalados por el Ministerio Público, además se le denunció por el desfalco de más de 30 millones de lempiras al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
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OMISIÓN DE FEMICIDIOS DESPIERTA ALERTAS
En Honduras la violencia de género no es prioridad en la agenda gubernamental, los femicidios y muertes violentas de mujeres están en aumento.
El Centro de Derechos de la Mujer destacó que, del 01 de enero al 07 de marzo del 2023, 83 mujeres fueron asesinadas de manera violenta.
Datos del Observatorio Nacional de la violencia, (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras destacó que en el país centroamericano se registraron 299 muertes violentas de mujeres solo en el 2022.
“Siendo uno de los problemas más graves del país se debe dar una alerta de por qué no está en ese informe”, mencionó Jessica Sánchez, coordinadora del Grupo Sociedad Civil.
El informe de Estado únicamente aborda los derechos sexuales y reproductivo de la mujer, tema en que Honduras ha dado pequeños pasos, como el uso y venta libre de la Píldora anticonceptiva de Emergencia (PAE).
Esa omisión ante el femicidio y la violencia contra la mujer que son la principal amenaza a la que se enfrentan las hondureñas, que conforman más de la mitad de la población, significa para Jessica Sánchez “como si no existiéramos a nivel integral o como ciudadanas”.
En ese sentido, interpeló al departamento de Estado para que revise y agregue estos aspectos.
RETOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
El departamento de Estado indicó que recibió informes fidedignos en el aspecto de derechos humanos donde destacan los homicidios, tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, condiciones penitenciarias duras, arresto o detención arbitrarios; graves restricciones a la libertad de expresión, corrupción gubernamental grave; la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes y contra personas LGBTIQ+, como los principales transgresiones.
Además, señaló que algunas de estas violaciones fueron cometidas por funcionarios. “El gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o cometieron actos de corrupción, pero la debilidad del sistema judicial y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas”.
El informe, además, incluyó informes de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado.
