Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, juez de letras, se le acusa de ser supuestamente responsable del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración de justicia
Tegucigalpa, Honduras. -La Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (Uferco) presentó un antejuicio en contra del juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Reymundo Esaú Grádiz Vilorio, por suponerlo responsable del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración de justicia.
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, este hecho está relacionados a la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), una parte notificada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares, equivalente a más de mil millones de lempiras. Así como otra parte resuelta el 30 de septiembre del 2022, en la cual se ordenó el embargo a la cuenta del Banco Central de Honduras (BCH) con afectación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) por más de 106 millones de dólares ($. 106,155.242.86), es decir, casi tres mil millones de lempiras.
A la sentencia emanada del Centro de Conciliación y Arbitraje del CAH que originó la interposición de las dos demandas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que eran contrarias al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
El 10 de febrero la Uferco, presentó un antejuicio en contra de la juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández, por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia al considerar que falló de manera dolosa en contra del Estado.
Pese a la negativa de la Corte Suprema de Justicia de reconocer la resolución de la jueza mediante una sentencia emitida el 7 de agosto de 2013, al considerar que era contraria al orden público y porque había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno, el 3 de diciembre de 2019, la jueza reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que, hasta ahora, ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
GRÁDIZ Y OTROS JUECES DENUNCIADOS POR LA PGR Y UFERCO
Anteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) denunció a Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzón López, ambos magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, del juez de Letras, Raymundo Esaú Grádiz Vilorio y de la secretaria adjunta Elsa Ávila.
En febrero funcionarios de la PGR detallaron que los funcionarios judiciales actuaron en un fallo injusto y sin fundamento legal. Asimismo, que el proceso está lleno de irregularidades, que no está firme aún y que todavía hay acciones pendientes por parte de la PGR.
Criterio.hn se comunicó con Javier Reyes, funcionario de la PGR, para conocer más detalles del caso. pero se limitaron a responder que estas acciones forman parte del mismo caso.
De igual manera, se consultó si se presentarán más acciones contra otros involucrados, pero no hubo respuesta.
Para saber más lea: PGR y UFERCO a la carga contra jueza que falló dolosamente en embargo contra el Estado
DEMANDA CONTIENE IRREGULARIDADES
Ambos procesos presentados por la Uferco, deriva de un fallo emitido por los jueces a favor de una empresa de origen estadounidense DRC INC que presentó la demanda contra Honduras. Esta empresa fue beneficiada mediante un proceso de licitación pública internacional para la ejecución de obras de infraestructura y agua potable y saneamiento, tras los desastres ocasionados, en octubre de 1998, por el huracán Mitch.
Los fondos, 19 millones de dólares, que ejecutó DRC INC y para lo cual la compañía estadounidense subcontrató los servicios de la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), propiedad de Ivis López y Lily Raudales, se originaron de una donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
Meses atrás Criterio.hn consultó a Javier Reyes, funcionario de la PGR, quien sostuvo que la firma DRC INC subcontrató a la empresa hondureña, pese a no estar permitido legalmente. Asimismo, detalló que no se le pagó el último proyecto porque incumplió con el contrato.
