Triajes, el paliativo con que el gobierno sustituyó promesa de 94 centros de salud      

Por: Redacción CRITERIO.HN

Fotos: Fernando Destephen

Tegucigalpa. –A casi seis meses de la emergencia sanitaria, la promesa de construir una nueva red de servicios de salud sigue sin concretizarse en la endeble infraestructura hospitalaria de Honduras, pese a la aprobación en el Congreso Nacional de US$ 420 millones que suponía la construcción de 94 centros de salud.

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En la sesión virtual del 13 de marzo el gobierno aprobó el Decreto 031-2020 que contempla la creación de una nueva Red Integral de los Servicios de Salud a través de la aprobación de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social a los Efectos del Coronavirus. En aquel entonces el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, prometió la construcción de 94 centros de salud, entre ellos 11 hospitales.

 De acuerdo con las declaraciones de las autoridades gubernamentales con los US$ 420 millones se construiría 94 centros hospitalarios entre clínicas, centros de salud y hospitales de última generación, sin embargo, a casi seis meses de la emergencia sanitaria por Covid-19 las autoridades no dan cuentas sobre los avances de la construcción de la supuesta nueva red sanitaria, en cuyo decreto de creación, en teoría, nunca existió las especificaciones sobre la planificación de la cantidad de obras, los tiempos establecidos, ni el monto a invertir. 

 Y es que, en el decreto aprobado en el Congreso Nacional, además de no establecer un presupuesto detallado para la supuesta construcción de las obras de las unidades hospitalarias, tampoco se especifica sobre los departamentos del territorio hondureño donde se instalarían los centros de salud. 

En su artículo cuatro, la ley deja a libre albedrio para que: “la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras entidades Públicas o publico privadas, pueden suscribir convenios con la unidad de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-Honduras), la Agencia de Compras y Contrataciones de Naciones Unidas (UNOPS), u otros organismos nacionales o internacionales”.

La única particularidad que quedó plasmado en el decreto es la autorización a la Secretaría de Salud para que “proceda a hacer uso de los recursos necesarios a fin de completar los estudios e iniciar la construcción del Instituto Oncológico, en el marco de las opciones de contratación que establece el presente Decreto, cuya construcción será efectuada como parte de la Red Integral Pública de Servicios de Salud”.

Por otro lado, “Inversión Estratégica de Honduras (Invest-Honduras) queda autorizado para la contratación directa de las obras, bienes y servicios necesarios para acelerar la inversión en la red oficial con el propósito de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia”, añade la ley sin precisar sobre las obras a realizar ni el lugar dónde se edificarán las mismas. 

La ley ha sido rechazada por diversos sectores que consideran que es un nuevo mecanismo de corrupción y un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga compras y contrataciones directas a través de Invest-H, una institución salpicada por monstruosos actos de corrupción, que han quedado develados con los fondos de la pandemia.

 La normativa fue aprobada por los diputados del oficialista Partido Nacional, de los partidos minoritarios y de la mayoría de los diputados del Partido Liberal. Únicamente se opusieron las bancadas de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) y algunos diputados del Partido Liberal.

sistema sanitario Honduras
Este grupo de hondureños espera a ser atendido en un centro de triaje ubicado en Tegucigalpa.

Fondos del Seguro Social

Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social a los Efectos del Coronavirus, establece en sus primeros artículos que los fondos para la construcción de las obras serán tomados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), algo inexplicable debido a que esta institución quedó en la quiebra debido al monumental saqueo reportado en la última década y que se refleja en la precarizada atención a sus derechohabientes durante la pandemia, quienes se quejan que los fondos son tan insuficientes que ya ni para pagar las incapacidades ajusta.

Para ahondar en el tema Criterio.hn consultó al diputado del Partido Alianza Patriótica, Denis Castro Bobadilla, quien considera que resulta inviable la construcción de una nueva red hospitalaria que opere con fondos de una institución saqueada.

“He hablado con los miembros de la Junta Interventora y siguen teniendo serios problemas para atender a las personas que van al Seguro Social”.

De hecho, “no tienen inversión en infraestructura, no han sido capaces de construir un solo establecimiento; se ha dado un Seguro Social deficiente en calidad de atención en el abastecimiento para diferentes patologías”, sostuvo el también médico forense.

 El congresista criticó que la ley haya sido aprobada sin un conocimiento pleno de muchos diputados. Y, explicó que, debido a la falta de información y conocimiento de la temática se ha solicitado un informe a la Secretaría de Finanzas, pues sigue sin rendir cuentas ante el Congreso Nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Unificación Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, cuestiona que ni al interior del Congreso Nacional ha habido información relacionada a la gestión de lo aprobado con los US$ 420 millones, tema que a su criterio urge ser esclarecido a la población, sobre todo, porque “se les prometió una cantidad exagerada de hospitales”, comenta.

“Hasta el momento es una ley sobre la que como diputados no hemos tenido información, no sabemos si realmente han hecho efectivo todo ese dinero”. Gutiérrez criticó además que un proyecto de la envergadura que planteó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social a los Efectos del Coronavirus, las autoridades no hayan sometido el dictamen del decreto a una revisión exhaustiva, sino que se haya aprobado en una sola tarde pese a que su impacto es de US$ 420 millones.

“Realmente fue un proyecto que lo presentaron a la carrera, lo aprobaron rápidamente en un mismo día se introdujo, y fue aprobado con dispensa de dos debates”, señaló la diputada para quien además la aprobación de ese proyecto puso en amenaza las aportaciones de los trabajadores que cotizan la Seguridad Social.

Cuando en marzo pasado se aprobó le referida ley, el proyecto fue anunciado por el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, como el diseño de una estrategia de gobierno para restructurar el sistema sanitario que, consecuentemente, acondicionaría una nueva red hospitalaria para enfrentar la crisis sanitaria de la Covid-19.  

No obstante, tiempo después, Díaz bajó la cifra.  “Queremos construir más de 90 hospitales de diferentes tamaños que componen la Red Pública de Servicios de Salud. Van desde unidades básicas de atención de salud hasta 11 hospitales, y eso nos va a permitir generar empleos, y el empleo genera movimiento en el comercio”, precisó Díaz durante un evento de gobierno presidido por el gobernante hondureño, Juan Hernández, que en esa ocasión respaldó la construcción de los supuestos hospitales.   

 Los triajes, una política paliativa compensatoria  

Arribando a casi seis meses de crisis sanitaria, el gobierno ha cambiado la versión de los 94 hospitales por la instalación de centros de triaje, en tanto que la población sigue siendo atendida por un sistema de salud deplorable sin que hasta el momento se haya consumado la construcción de la supuesta nueva Red Integral de los Servicios de Salud.  

 En ese sentido, en lugar de la instalación de una nueva red sanitaria, el gobierno ha compensado su incumplimiento disponiendo la instalación y acondicionamiento de al menos 160 centros de triaje en todo el territorio nacional.  

 La medida ha sido implementada desde que, en las últimas semanas de junio, el olvidado sistema de salud pública sufriera una embestida que evidenció a grandes rasgos el ya colapsado sistema y mostró las salas de emergencia saturadas, sin el personal sanitario y medicamentos necesarios para atender la ola de contagios por el nuevo coronavirus.

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Escenas como una imagen captada por Criterio.hn, que muestra a un paciente abandonado y a la intemperie en una acera del Hospital Escuela a la espera de un tanque de oxígeno, personificaron la dramática condición sufrida en el sistema de salud que días después fue compensada con los centros de triaje.  

Preliminarmente, se dispuso el acondicionamiento de centros de triaje en las principales ciudades: en San Pedro Sula se habilitó uno en el inmueble del Colegio de Ingenieros y otro en las instalaciones de Expo Centro, recinto de convenciones, propiedad de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC).   

 Mientras que en Tegucigalpa se comenzó con uno en el Instituto de Formación Profesional (INFOP); un segundo en la colonia Mayangle, ubicada en el sector de Comayagüela; un tercero en el bulevar Juan Pablo II en el Bazar del Sábado. Y finalmente se habilitó un cuarto en un área en el edificio del Centro Cívico Gubernamental (CCG). 

 Más fondos y cero hospitales

Desde entonces hasta la fecha, los centros de triaje se han convertido en la solución paliativa ante el desabastecimiento del sistema sanitario.  A la fecha ya se contabilizan al menos 160 centros de triaje instalados en varias partes del país.  

 Y en este proceso, el gobierno central ha incrementado la aprobación de nuevos presupuestos, convirtiendo la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social a los Efectos del Coronavirus, en una disposición sin sentido, puesto que, cuya falta de gestión, ha sido remplazada con los centros de triaje.  

 Ante el fracaso en la inversión de la nueva red hospitalaria contemplada mediante los US$ 420 millones, el gobierno optó por incrementar el presupuesto aprobando el programa asistencialista Fuerza Honduras.

Mediante el programa Fuerza Honduras, el Poder Ejecutivo aprobó 250 millones de lempiras para destinarlos a los 298 municipios para la instalación de centros de triaje. Para este propósito las autoridades centrales acordaron incrementar los fondos a 500 millones de lempiras, con una contraparte de 250 millones de lempiras de un préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Asimismo, a través del programa Fuerza Honduras, el gobierno central obligó a los gobiernos municipales a hacer uso del 43 por ciento del presupuesto de las transferencias municipales para invertirlos en centros de triaje.  

Según explica el mandato de esa disposición la utilización del 43 por ciento de las transferencias municipales deberá ser usado en compras, adquisición de servicios e insumos médicos, inversión que deberá ser refleja en la instalación de centros de triaje.  

El alcalde del municipio de la Villa de San Antonio, Comayagua, Néstor Mendoza, señala que, aunque la medida sirvió para descongestionar los centros de salud, los fondos han sido insuficientes para los gobiernos municipales que, además, en su caso, ante el desabastecimiento hospitalario ya había tomado la iniciativa de avanzar con la instalación de triajes.     

“A nosotros nos asignaron 688 mil lempiras, pero lo que nos mandaron solo fue el 70 por ciento como a todas las alcaldías, ya que el otro 30 por ciento lo van a entregar cuando se liquide el 70 por ciento”, detalló el edil.

En la utilización de los fondos las alcaldías están comprometidas a la instalación de los centros de triaje y a la Secretaria de Salud se le dio la responsabilidad de suministrar los medicamentos, explicó Mendoza.  

Falta de planificación y auditorías

El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Alejandro Kaffati, atribuye que la construcción de los 94 centros de salud ha sido sustituida por centros de triaje, debido a la negligencia gubernamental en la planificación de la gestión de los US$ 420 millones aprobados.

“No se sabe a ciencia cierta si en realidad gestionaron los recursos que salieron del Instituto Hondureño de Seguridad Social; ni sí se tenía la planificación adecuada para crear una red hospitalaria de 94 hospitales a nivel nacional”, apuntó kaffati.

Al economista lo asaltan las dudas porque hasta el momento no se conoce nada sobre el dinero mucho menos la localidad donde se construyen. 

El contenido de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social a los Efectos del Coronavirus designó al Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), entre otros organismos, como veedores en los procesos de la ejecución de los fondos aprobados.  

Sin embargo, ni el Fonac ni el Cohep han sido garantes de la veeduría. El primero ha guardado silencio ante los múltiples actos de corrupción denunciados durante la pandemia y el segundo porque desde hace varias semanas se retiró de las mesas multisectoriales encargadas de la gestión de la crisis sanitaria.

Las disposiciones de la ley también ordenaron al Poder Ejecutivo rendir cuentas ante el Congreso Nacional, específicamente a presentar un informe semestral sobre la ejecución de los fondos asignados para la vigencia de los proyectos.  No obstante, a poco tiempo del plazo cumplido, l diputado de la Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla, dijo a Criterio.hn que el Ejecutivo no ha remitido ningún informe al Congreso.   

Al respecto el economista del Fosdeh, Alejandro Kaffati, señala que además de la mala gestión gubernamental, preocupa la falta de auditoria teniendo en cuenta el historial de corrupción que el gobierno ha registrado durante la pandemia.  

Aunque el decreto estipula que los fondos salieron de lo asignado a la seguridad social hondureña, “no sabemos si realmente ese dinero salió del Instituto Hondureño de Seguridad Social”, comenta.  

“Esto es algo que deberían aclarar las autoridades nacionales ya que es parte de la rendición de cuentas de los tomadores de decisiones”, considera. 

 

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Ante la falta de una infraestructura sanitaria suficiente y adecuada, los hondureños son atendidos en carpas que sirven de centros de triaje.

Incongruencia en versión gubernamental  

En una entrevista a un medio local el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, evadió responder sobre la construcción de los 94 hospitales que él mismo prometió el 13 de marzo, día en que se aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social a los Efectos del Coronavirus. Díaz, esquivó la pregunta celebrando la adquisición de los hospitales móviles que Invest-H compró en el extranjero, pese a toda la corrupción que hay alrededor de esta transacción.

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“Ni en cinco años hubiéramos hecho siete hospitales”, contestó Díaz en relación con los siete hospitales móviles que Invest-H adquirió en una compra teñida de sobrevaloraciones que actualmente investiga el Ministerio Público. 

Además “la construcción de una obra gris podría llevar por lo menos 18 meses”, excusó el funcionario refiriéndose a la construcción de los hospitales que precisamente en su momento él presentó ante el Congreso Nacional.  

Gobierno desechó rescate de sistema sanitario  

Para la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, la promesa de la creación de la nueva Red Integral de los Servicios de Salud, hizo que las autoridades desecharan la protesta del gremio médico de recuperar el sistema de salud pública mediante una inversión en toda la red sanitaria ya existente.   

 La representante del gremio médico recuerda que “desde inicios de marzo, el Colegio Médico hizo un planteamiento: no era necesario construir esos hospitales porque un hospital nuevo se iba a tardar bastante tiempo”.  

 Por lo que, en ese entonces el Colegio Médico formuló que, en lugar de construir nuevos hospitales, el gobierno recuperara del abandono los centros de salud diseminados en las principales ciudades y departamentos del país.   

 Una de las recomendaciones fue transformar al Hospital Escuela en centro especializado en la atención a pacientes con Covi-19, y para modernizar el sistema de atención en ese centro asistencial, el gremio médico sugirió reformar su infraestructura.  Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso y, en lugar de escuchar dicho planteamiento, priorizaron en la construcción de nuevos hospitales que nunca se concretizó, comenta Figueroa.   

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Gobierno nunca enfrentó crisis con seriedad  

El Colegio Médico de Honduras también pidió al gobierno invertir en la remodelación de los centros de salud del interior del país, ya que, aunque la estructura sanitaria estaba olvidada la inversión era una opción viable.  

“Por ejemplo, un hospital en la ciudad de La Ceiba, que es un antiguo hospital abandonado, con una inversión pudo haberse ampliado la capacidad instalada de atención”, explica la representante del gremio médico.

Lo mismo se planteó para municipios como Santa Rosa de Copán en el departamento de Copán y Siguatepeque en el departamento de Comayagua.   

En definitiva, “teníamos una infraestructura que solo era de hacer una inversión, que nosotros podríamos fortalecer la capacidad instalada de los hospitales”, reflexionó la presidenta del Colegio Médico, quien asegura que durante la pandemia el gobierno nunca ha tomado en serio ni una sola decisión en materia de atención a la crisis sanitaria. Al contrario, “ha estado empeñado en no fortalecer la red hospitalaria pública”, criticó Suyapa Figueroa.

Hace más de medio siglo en Honduras no se construye un hospital de la envergadura del Hospital Escuela. La última construcción se realizó hace 51 años, puesto que fue en 1969, cuando se edificó el Hospital Materno Infantil y diez años después se construyó un Bloque Médico Quirúrgico, dando vida a lo que hoy se conoce como Hospital Escuela.  

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