Por: Joaquín Mejía Rivera
Hace unos días, la socióloga Leticia Salomón publicó una reflexión sobre la calidad del debate a propósito de la crisis que atraviesa nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Comparto con ella la necesidad “de debatir las ideas en lugar de atacar al que coloca sus ideas en la mesa de discusión”. Y aunque el derecho a la libertad de expresión también protege las informaciones y discursos que ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratos o perturbadores a los funcionarios públicos y otros sectores de la población, en el ámbito académico se requiere dejar a un lado el ataque “furibundo, violento, soez, desquiciado” –como lo plantea Salomón- para poder debatir con altura y buscar los puntos de encuentro que nos permitan resolver los conflictos.
Siendo la educación superior un derecho humano cuya titularidad corresponde a todas las personas y coloca al Estado como el principal obligado a respetarlo y garantizarlo, la UNAH que es la responsable constitucional de organizar, dirigir y desarrollar la educación universitaria, tiene el deber de asegurar que esta se oriente hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, al respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.
Asimismo, la UNAH tiene la obligación de garantizar que la educación superior capacite a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. En consecuencia, la UNAH tiene la responsabilidad de formar ciudadanos y ciudadanas respetuosas del pluralismo, las libertades, la justicia, la diversidad y el diálogo, valores que son fundamentales para el fortalecimiento democrático y que las autoridades universitarias son las primeras llamadas a predicar con el ejemplo.
Los últimos acontecimientos derivados de la crisis universitaria nos han dejado dos imágenes que golpean profundamente a cualquiera que cree en la democracia como el único camino para lograr una convivencia orientada a la solución dialogada de los conflictos: Primero, la imagen de las fuerzas de seguridad del Estado entrando a la UNAH, buscando y capturando a varios estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones universitarias; y segundo, la imagen de decenas de estudiantes con órdenes de captura en todo el país, y otras decenas capturados y esposados de pies y manos, y acusados de delitos con un alto grado de indeterminación semántica -usurpación y sedición- y enfrentados a una temible discrecionalidad punitiva de fiscales y jueces que, cuando se trata de perseguir los graves casos de corrupción, invocan el principio de inocencia y observan el principio de estricta legalidad penal pero cuando se trata de sancionar la protesta social aplican a toda costa lo que Ferrajoli llama la legalidad violenta, ignorando su obligación de interpretar y aplicar la ley de la manera que más proteja y garantice los derechos humanos, los cuales constituyen la razón de ser de un Estado que se precie democrático y de derecho.
Haciendo eco de la necesidad de un debate de calidad que oportunamente plantea la socióloga Salomón, me permito esbozar tres preguntas cuyas respuestas deberían aportar argumentos y contra argumentos que permitan a la UNAH dar un ejemplo de diálogo, razón, espíritu de apertura y tolerancia, a una sociedad marcada por la polarización y las tendencias autoritarias, y una pauta hacia la protección y garantía de los derechos fundamentales que faciliten que las decisiones relevantes de la vida universitaria puedan ser construidas mediante un proceso participativo y deliberativo.
- ¿Se comprende el alcance del diálogo y la consulta como garantía de los derechos humanos?
A la luz de la interrelación entre nuestro derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la educación superior impone a la UNAH, como responsable y manifestación del poder público en el ámbito de la educación universitaria, el deber de prevenir cualquier violación a este derecho mediante la adopción de todas las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y de cualquier otro orden que promuevan la tutela del derecho a la educación superior. Para prevenir posibles vulneraciones a este derecho, la UNAH debe adoptar las medidas de regular, monitorear, remover obstáculos y realizar estudios de impacto.
La medida de regular implica que la UNAH debe de imponer límites legales a la conducta de quienes tienen responsabilidades en relación con el derecho a la educación y cuyas acciones u omisiones puedan afectar su ejercicio. Como primer paso, las autoridades universitarias deben revisar su normativa interna y su conducta, para adaptarla y suplir eventuales lagunas o insuficiencias o para realizar las modificaciones necesarias que aseguren el fiel cumplimiento de su obligación de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos en su ámbito de influencia. Ello implica la obligación de suprimir reglamentos, normas disciplinarias o cualquier otra normativa y práctica que entrañen una restricción o limitación al derecho a la educación, y de expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a su efectiva realización.
La medida de monitorear implica que la UNAH debe realizar una evaluación constante sobre la situación del derecho a la educación superior para determinar si su normativa o práctica es respetuosa de los derechos humanos, si es efectiva, si es discriminatoria o si imponen obstáculos a su acceso, y si la conducta de las autoridades y docentes es conforme con su respeto. La medida de remover obstáculos implica que la UNAH debe remover aquellos impedimentos fácticos y normativos que limitan el disfrute efectivo del derecho a la educación superior y que mantienen la discriminación e impiden la igualdad.
Finalmente, la medida de realizar estudios de impacto exige que antes de ejecutar programas, reglamentos, normas académicas o políticas, las autoridades universitarias deben realizar estudios de impacto para conocer los posibles efectos sobre los derechos de los estudiantes y del personal docente y administrativo, y en caso de que tales efectos puedan ser negativos, tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier menoscabo a la vigencia de tales derechos. Pero sobre todo, la realización de este tipo de estudios fortalece el diálogo democrático y la transparencia dentro de la UNAH, en el sentido de brindar a las autoridades la oportunidad de informar con claridad sobre las decisiones que se pretenden adoptar, y a los probables sectores afectados ser escuchados.
- ¿Se comprende en su justa dimensión la importancia de la manifestación pública y pacífica para la democracia?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resaltado que en una sociedad democrática el espacio urbano y público no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación política, en el que el derecho a la libertad de expresión es fundamental para colocar en el debate público los intereses de los sectores más vulnerabilizados y marginados de la sociedad, y la protesta social es uno de las vías para situar sus demandas en las calles, en las plazas, en los edificios públicos y en las paredes. Por ello, la libertad de expresión en todas sus manifestaciones constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente.
Por su cercanía al nervio democrático, el derecho a la libertad de expresión está íntimamente conectado con el derecho de manifestación pública y pacífica, y el derecho de reunión y asociación, y constituyen elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático. De ahí que la naturaleza democrática de la protesta social exige como mínimo la existencia de “canales abiertos para expresar el disenso político y reclamar por los derechos. Y de eso se trata, precisamente, el derecho a la protesta como ejercicio colectivo de la libertad de expresión”. En otras palabras, “el derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como el ‘primer derecho’: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”.
Aunque genere incomodidad, molestia, se interrumpa el desarrollo normal de las actividades cotidianas o se afecte el ejercicio de otros derechos como la libertad de circulación, manifestarse y protestar pacíficamente es hacer democracia en la vida pública y reconocer que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática, por lo que su socavamiento afecta directamente al nervio principal del sistema democrático. En consecuencia, tales alteraciones de la vida pública “son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse”.
Naturalmente las huelgas, los cortes de calle, el acaparamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar, sin embargo, las restricciones desproporcionadas de las manifestaciones públicas comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión. Evidentemente, este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones; no obstante, dada la importancia de la manifestación pública para la consolidación de la vida democrática, el derecho a la libertad de expresión reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco más estrecho para justificar su limitación.
Tales restricciones deben ser de naturaleza excepcional y, para ser admisibles, deben someterse a tres condiciones básicas establecidas en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: (a) deben establecerse mediantes leyes redactadas de manera clara y precisa, (b) deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por dicho tratado y (c) deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro del objetivo que persiguen, estrictamente proporcionales a la finalidad que buscan e idóneas para lograr dicho objetivo. Por tanto, cualquier limitación al ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública debe estar dirigida exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes, por lo que sería “insuficiente un peligro eventual y genérico, ya que no se podría entender al derecho de reunión como sinónimo de desorden público para restringirlo per se”.
Además, cuando se justifique la implementación de limitaciones para proteger derechos ajenos, es necesario que estos derechos se encuentren efectivamente lesionados o amenazados; del mismo modo, no se puede invocar el “orden público” como justificación para limitar la libertad de expresión si no obedece a causas reales y verificables objetivamente que representen una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas. No es “suficiente invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (‘violencia anárquica’)”.
Es importante dejar claro que tampoco basta un mero desorden como justificación suficiente para que la policía pueda detener a los y las estudiantes que están protestando en forma pacífica; solamente si la conducta de las personas manifestantes es legal pero es razonable pensar que va a causar violencia al interferir con los derechos o libertades de otras personas, “entonces los agentes pueden tomar medidas para prevenirlas, siempre y cuando dicha conducta instigue o provoque violencia. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el orden público no puede ser invocado para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática. La defensa del orden público exige la máxima circulación posible de informaciones e ideas, es decir, el máximo nivel de ejercicio de la libertad de expresión.
- ¿Se comprende la gravedad de la utilización del derecho penal para enfrentar las protestas estudiantiles?
Debemos partir de una premisa elemental: La criminalización de la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión y en donde la protesta y la movilización social son herramientas de petición a la autoridad pública y canales de denuncias públicas sobre abusos a los derechos humanos[20]. La criminalización incluye la descalificación, la represión directa con policías y militares, y el uso del derecho penal y la apertura de procesos criminales contra quienes protestan.
Las declaraciones, pronunciamientos y comunicados emitidos por las autoridades públicas en los que señalan a los manifestantes y a quienes los defienden como delincuentes, conspiradores, vándalos, adversarios políticos y desestabilizadores, pueden generar un contexto adverso y estigmatizador, deslegitimar sus demandas frente a la sociedad, lesionar su derecho a la honra y dignidad, y el principio de presunción de inocencia, e incluso colocarlos en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, “ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos”.
Ejemplo de ello lo constituyen (a) el manejo desigual y en ocasiones sesgado de las protestas sociales por parte de los medios de comunicación, quienes hacen prevalecer la información proveniente de las fuentes oficiales sobre las no oficiales y en ciertos casos ejercen cierta presión pública sobre los operadores de justicia a la hora de admitir una denuncia o dictar prisión preventiva o medidas cautelares; (b) las lesiones, tratos crueles, torturas, amenazas, detenciones arbitrarias y desapariciones temporales a manifestantes por parte de las fuerzas policiales y militares que ignoran abiertamente los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza; y (c) la persecución y sanción penal de las personas manifestantes “mediante la aplicación indebida de tipos penales formulados en forma ambigua o vaga, con modalidades de participación en el delito poco claras, o bien, sin especificar el dolo o intencionalidad que son requeridos para que la conducta se convierta en ilícita, impidiendo conocer adecuadamente las conductas que son sancionadas”.
Por su parte, la utilización de la denuncia penal para enfrentar las protestas estudiantiles resulta sumamente grave en una sociedad democrática, ya que la invocación de normas que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, la toma de calles, plazas, predios o espacios públicos “o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas”, es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En este sentido, es inadmisible la criminalización per se de las manifestaciones públicas cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión, y la utilización de sanciones penales no encuentra justificación alguna bajo los estándares internacionales ni constituye el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión ejercida a través de la protesta social.
El uso de la sanción penal frente a la protesta social tiene un enorme efecto disuasivo y por ello sólo es permisible en casos absolutamente excepcionales en los que suceden hechos de violencia intolerable; pero la protesta social que se mantiene dentro del ejercicio regular de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica nunca puede “ser materia de los tipos penales, es decir, que no es concebible su prohibición penal. En estos supuestos queda excluida la primera categoría específicamente penal de la teoría estratificada del delito, esto es, la misma tipicidad de la conducta”, ya que por más que el número de manifestantes provoque molestias, interrumpa la circulación de vehículos y personas, genere ruidos molestos, ensucie las calles, provoque la interrupción del desarrollo normal de las actividades universitarias, etc., los manifestantes estarán ejerciendo su derecho legítimo en el estricto marco constitucional.
No se puede ignorar que regularmente se dan excesos en el ejercicio de este derecho, pero ello no convierte automáticamente en típica la conducta puesto que si una protesta excede el tiempo razonablemente necesario para expresarse, no interrumpen la calle por el mero efecto del número de personas sino por acciones dirigidas intencionalmente a hacerlo, algunos grupos prolongan sus gritos una vez concluida la manifestación y se reiteran en los transportes utilizados para volver a los hogares, etc., “se penetra en un campo que puede ser antijurídico o ilícito, pero que no necesariamente es penal, porque sólo una pequeña parte de las conductas antijurídicas está tipificada penalmente”.
En este orden de ideas, cuando el ejercicio de este derecho pueda ser abusivo y causar daños importantes, su restricción desproporcionada puede generar “un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas. No resulta fácil participar de manera desinhibida de un debate abierto y vigoroso sobre asuntos públicos cuando la consecuencia puede ser el procesamiento criminal, la pérdida de todo el patrimonio o la estigmatización social”. Como lo señala Gargarella, en “el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir”.
Por ello, ante la complejidad que representan las protestas sociales, las autoridades deben tener presente que son una forma de participación política legítima en una sociedad democrática y tienen el deber de dar respuestas adecuadas y conformes al respeto y garantía de los derechos humanos, lo que implica sobre todo, (a) tomar en consideración el alto grado de protección que merece la libertad de expresión como derecho que garantiza la participación ciudadana y la fiscalización del accionar de las autoridades universitarias, (b) que el uso del derecho penal genera un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa del estudiantado y (c) que se violentan los principios más básicos del derecho penal como el principio de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad.
Como lo señala el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las manifestaciones pacíficas no deben considerarse una amenaza y, por consiguiente, las autoridades públicas deben entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero al afrontarlas, así como sus causas. Por tanto, en una sociedad democrática la protesta social exige de las autoridades universitarias elevadas cuotas de tolerancia hacia la crítica para garantizar el mayor nivel posible de debate colectivo acerca del funcionamiento de la vida universitaria y al mismo tiempo, representa una oportunidad más para que logren articular y procesar las peticiones y demandas del estudiantado, y traducirlas en reconocimiento de derechos mediante un proceso de diálogo y negociación de buena fe entre ambas partes, con la finalidad de alcanzar un acuerdo que redunde en mayores niveles de democratización y de garantía del derecho humano a la educación superior.
No está de más decir que lo que diferencia un régimen democrático de uno autoritario es la máxima tolerancia del primero a la crítica pública aunque sea perturbadora, chocante u ofensiva, y su apuesta por la creación de espacios para alentar la deliberación vigorosa y abierta de los asuntos relevantes para la comunidad, y la utilización del segundo de su más poderoso poder coercitivo –el derecho penal- para castigar, reprimir e inhibir las expresiones y manifestaciones que considera inconvenientes, lo cual es incompatible con los principios que orientan los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
