Tras un año de espera: comunidades de Zacate Grande exigen al Gobierno regularización de sus tierras

Defensoras y defensores de Zacate Grande denuncian bloqueo y abuso de autoridad mientras exigen avances en la regularización de tierras que mantienen en incertidumbre a sus comunidades

Foto poratada: Red Nacional de Defensoras

Tegucigalpa, Honduras. – Las comunidades de la Península de Zacate Grande, en el municipio de Amapala, viajaron desde el sur del país para exigir al Instituto de la Propiedad (IP) y al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro la presentación inmediata de los resultados del proceso de regulación predial iniciado en marzo de 2024.

Gerardo Aguilar, coordinador de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande denunció que, a un año de haber iniciado el trabajo conjunto con el Instituto de la Propiedad para la regularización predial en la Península de Zacate Grande, no se ha entregado ni un solo perfil comunitario desde que la Junta Interventora asumió el control de la institución.

“Desde marzo no hemos recibido documentación alguna sobre la tierra ni los perfiles comunitarios que ya deberían estar disponibles desde hace seis meses”, afirmó Aguilar, subrayando la paralización del proceso que mantiene en incertidumbre a las comunidades.

Según representantes comunitarios, la falta de información y transparencia en dicho proceso ha generado incertidumbre y preocupación entre los habitantes, quienes históricamente han luchado por el reconocimiento y la seguridad jurídica de sus territorios.

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FALTA DE AVANCES Y PARALIZACIÓN

En la zona sur, las organizaciones agrupadas en ADEPZA han tenido una lucha histórica por el reconocimiento de la propiedad comunitaria y el acceso a tierras agrícolas, enfrentando décadas de despojo, criminalización e inseguridad jurídica.

El 7 de marzo de 2024 se anunció formalmente el inicio del proceso de regularización predial en la península, tras coordinaciones previas con el IP y la Secretaría de la Presidencia desde octubre de 2023, en el que participaron representantes comunitarios y autoridades estatales, representantes de organismos defensores de derechos humanos.

A pesar del anuncio y las expectativas generadas, a la fecha no se han concretado avances sustantivos ni resultados visibles en el proceso, lo que mantiene a las familias campesinas y pesqueras bajo constante amenaza de despojo y perpetúa la inseguridad jurídica.

Sin embargo, de acuerdo con los pobladores de las doce comunidades, desde junio de 2024, cuando se nombro la junta interventora en el IP debido a denuncias de presuntas irregularidades administrativas y financieras, el proceso no ha avanzado.

Ante ello, Gerardo Aguilar señaló que, a pesar de los múltiples intentos por parte de las comunidades para establecer reuniones con la Junta Interventora, hasta la fecha no han logrado concretar ningún encuentro formal. Explicó que han gestionado reuniones tanto con los directores de regularización predial como con los responsables de catastro, pero no han recibido respuesta ni atención adecuada.

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IMPIDEN INGRESO A DEFENSORAS DE ADEPZA AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Mientras una parte de los pobladores estaban en las instalaciones de Instituto de la Propiedad, a más de 30 defensoras y defensores de la ADEPZA fueron impedidos de ingresar al Centro Cívico Gubernamental por guardias de seguridad privada, quienes argumentaron que el grupo “venía al plantón”. Esta acción ha sido denunciada como un abuso de autoridad que viola derechos constitucionales, como la libertad de expresión y el uso del espacio público.

Leonor Pérez, una pobladora de la Península de Zacate Grande, denunció que “nos quitaron el derecho al acceso a un bien público, nos quitaron el derecho a hacer un trámite persona”.

Pérez enfatizó que las más de 200 personas que se movilizaron desde el sur del país necesitan saber el si las tierras son de carácter público o privado,

La Red Nacional de Defensoras condenó esta restricción y exigió que se permita el paso para que puedan ejercer su derecho a la libre protesta.

Los pobladores de la Zacate Grande hicieron un llamado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que cumpla con los compromisos asumidos con las comunidades, que continúan bajo amenaza constante de despojo y desalojo.

En ese sentido, exigen al gobierno de Honduras adoptar medidas urgentes para proteger integralmente a las comunidades y sus defensores territoriales, tras no recibir respuesta a una solicitud de reunión con la presidenta desde octubre de 2023. Además, se pide al Ministerio Público y al Poder Judicial detener la criminalización de líderes comunitarios y revisar procesos judiciales injustos.