Tegucigalpa, Honduras. – Tras siete y nueves meses privados de libertad, Abel Pérez Ávila y Santos Hernández, respectivamente, –ambos defensores de la Península de Zacate Grande– recibieron la medida de libertad condicional a tres días de que finalizara el 2023.
El anuncio se realizó tras la audiencia de libertad condicional sostenida en el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en el sur de Honduras, el pasado jueves 28 de diciembre, informó la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RADDH).
Abel Pérez Ávila y Santos Hernández fueron criminalizados bajo el delito de usurpación y amenazas contra Jorge Luis Cassis Leyva y condenados a dos años de prisión. Entre el lunes 11 y el martes 12 de diciembre de 2023, integrantes de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) se movilizaron a los Juzgados en Choluteca a exigir la libertad de ambos defensores.
Mediante un mensaje en redes sociales, la RADDH manifestó que la disposición fue concedida en “un acto de justicia y no de caridad” hacia Abel Pérez Ávila y Santos Hernández, debido a que “estaban en todo su derecho para que el sistema de justicia accediera de manera favorable a dicha solicitud […] que fue presentada en el exp. incidental N.165-2023”.
ALEGRÍA TRAS SIETE Y NUEVE MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD
El defensor y comunicador, Abel Pérez Ávila, aseguró que era una alegría poder recibir el año nuevo acompañado de sus familiares, y era algo que esperaban se diera debido a que cumplían todos los requisitos.
Pérez planteó a la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande que pese a quedar con medidas –algunas de ellas represivas, y con más hostigamiento y persecución por parte de la Policía– estarán en libertad y cumpliendo con todo lo que impone la ley esperando la carta de libertad definitiva.
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Al ser cuestionado sobre las condiciones al interior del centro penitenciario en el que estuvieron recluidos, Pérez mencionó el constante cambio que existe con la llegada de relevos de militares cada 15 días.
“Algunos, pues, llegan con una manera de tratar al privado de libertad, otros llegan con medidas más drásticas. Entonces, estamos en un cambio constante, pero nosotros siempre, pues, nos hemos mantenido al margen de todo, siempre. No tenemos, no dejamos ninguna contienda dentro del penal”, declaró Pérez.
Por su parte, Santos Hernández únicamente manifestó su alegría por poder compartir el arribo del 2024 acompañado por sus hijos.
“UNA GOTITA DE JUSTICIA”, TRAS UNA CONDENA INJUSTA: RADDH
La coordinadora de litigio de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Denia Castillo, compartió la alegría de Abel Pérez y Santos Hernández, señalando satisfacción por la reunificación de las familias y que ambos podrán “disfrutar de sus playas, de sus tierras, de sus territorios, de su comunidad”.
“Estamos contentísimas por eso. Sin embargo, hemos mencionado, para nosotros, para nosotras, no hay justicia, porque fueron condenados de algo injusto. Y seguiremos, nuestro compromiso es seguir trabajando, esforzándonos para que algún día Zacate Grande pueda ver el sol y pueda tener rayos de justicia dentro de sus territorios”, compartió la abogada Denia Castillo.
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La directora ejecutiva de la RADDH, Nidia Castillo, señaló que si bien no hay justicia en su totalidad, “sí hay una gotita de justicia” con la obtención de la medida de libertad condicional.
“Aquí no estábamos pidiendo absolutamente nada. Simplemente estábamos exigiendo que se cumpliera la justicia. Hoy podemos decir que afortunadamente la jueza de ejecución, la abogada Melissa Ponce, pues cedió lo que fue la libertad condicional a favor de Santos y Abel. Nos sentimos sumamente contentas, porque van a darse el abrazo de paz de año nuevo con sus familiares”, declaró Nidia Castillo.
La abogada del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Karol Cárdenas, calificó el proceso judicial contra ambos defensores de Zacate Grande como “injusto”.
A la vez que manifestó preocupación por la “situación que están viviendo todas estas personas de Zacate Grande, a quienes les han quitado sus tierras y como medida de presión, se les ha criminalizado. Lamentamos que haya sido bajo una libertad condicional y no mediante una sentencia absolutoria que obtuvieron su libertad”.
