Tras sentencia arbitraria, defensores de Reitoca se declaran en alerta y reafirman su lucha en defensa del río Grande

Tegucigalpa, Honduras. – La defensa de los derechos legítimos de los pueblos indígenas, una vez más es minimizada y criminalizada, con la sentencia condenatoria en contra de los defensores del río Grande de Reitoca, Wilmer Alonzo y Orlando Rodas.

Poder Judicial niega amnistía a defensores Lencas de Reitoca
Wilmer Alonzo y José Orlando Rodas son parte de los defensores lencas de Reitoca

La criminalización de los dos defensores, tienen su origen cuando la empresa extractivista Promotora de Generación de Energía Limpia SA (Progelsa), inició su proyecto hidroeléctrico Rio Petacón.

Una lucha que, de acuerdo con Wilmer Alonzo, defensor condenado y miembro del consejo indígena lenca, continuará porque el proyecto extractivo “el pueblo no lo va a permitir porque Reitoca está decidido a luchar hasta el último momento por la no construcción de dicha hidroeléctrica”

Asimismo, a través de un comunicado el pueblo de Reitoca reafirmó la defensa del río Grande, pese la condena de los defensores por el delito de Perturbación de un derecho real, delito que no formaba parte de las acusaciones en contra de Wilmer Alonzo y Orlando Rodas.

Tribunal de Sentencias condenó a defensores de Reitoca por delito inexistente

SENTENCIA CONDENARÍA DEJA MENSAJE A DEFENSORES DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con el fallo condenatorio del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, se deja entrever una relación de poder donde el mayor favorecido es quien tiene más poder económico, en este caso la empresa extractivista.

Para el abogado Pedro Mejía, del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que mantienen su apoyo en la defensa del territorio al Norte del país, la condena de los dos defensores de Reitoca “confirma la poca credibilidad y la falta de autonomía política del sistema de justicia hondureño”.

En su análisis el también defensor de derechos humanos, la resolución de los jueces envía mensajes claros a quienes mantienen una defensa legitima de la autodeterminación de los pueblos y de los bienes comunes.

En ese sentido, Pedro Mejía explicó a Criterio.hn que el primer mensaje de acuerdo es que la reivindicación que ejerce la comunidad de Reitoca en defensa de los bienes naturales, constituye delito, un delito que debe ser juzgado por tribunales especializados en el juzgamiento de crimen organizado.

Y el segundo mensaje que envía, va dirigido a la sociedad en general donde indica que los comportamientos de las personas que reivindican derechos humanos y protegen sus bienes naturales son merecedores de una condena penal.

De igual manera, el Bufete Justicia para los Pueblos, señala que el fallo condenatorio “sienta precedente peligroso para prevalecer derechos de terceros sobre los de los Pueblos Indígenas en Honduras”.

Criminalización, un eslabón en la cadena de violencia en el Valle del Aguán

SIN CAMBIOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

En los últimos años la violencia sistemática se ha incrementado en contra de defensores del territorio y medio ambiente. En el registro de Criterio.hn, al menos 17 personas ligadas con la defensa del territorio han sido asesinadas

Recientemente se celebró el 188º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia pública –en Washington D.C., Estados Unidos–, personas defensoras y organizaciones de defensa de derechos humanos en Honduras, exigieron el fortalecimiento institucional del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.

Jessica Sánchez, coordinadora del Grupo de Sociedad Civil

En este contexto, para la defensora de derechos humanos Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC) es interesante que mientras defensores exigen protección el Poder Judicial emitiera dicha sentencia condenatoria por un delito que no formaba parte del juicio al que fueron sometido. “Se avanza dos pasos y se retrocede tres, es una afrenta para los defensores”, señaló Sánchez.

De igual manera, enfatizó que en Honduras no ha habido cambios respecto al acceso a la justicia para las poblaciones vulnerabilizadas y con la llegada de las nuevas autoridades interinas del Ministerio Publico se espera que este panorama cambie en beneficio de la sociedad hondureña y no de empresas extractivistas, corruptos y asesinos.

  • Breidy Hernández
    Amante de la lectura y la naturaleza, una mujer con la convicción firme que todos podemos hacer cambios significativos en la sociedad, por eso mi objetivo es exponer las injusticias que adolece la ciudadanía. Busco incidir, a través del periodismo, en la defensa y promoción de los derechos humanos, evitando caer en la complicidad de callar ante las injusticias y la corrupción. breidyhernandez@criterio.hn

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