ASISA reconoce usurpación de 100 manzanas de tierra pertenecientes a los campesinos de la EACI

“Tenencia de la tierra en Isletas, en el Valle del Aguán, constituye un problema social que no debe ser resuelto por el derecho penal, sino por el Poder Ejecutivo”, señaló el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía

Portada: Foto de archivo por Jorge Burgos/Criterio.hn

Tegucigalpa. – Durante la audiencia inicial por la comisión del supuesto delito de usurpación agravada contra siete campesinos y un comerciante, apoderados legales de la empresa Agrícola Santa Inés (Asisa) reconoció que al menos 100 manzanas de tierra en disputa son propiedad de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI).

La audiencia fue celebrada el martes 7 y miércoles 8 de noviembre en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada en el Distrito Central, capital hondureña.

Los imputados son: Adán Sánchez Aguilera, José Astilio Matute, Janier Alexander García, Lesli Adrián Morales, José Borjas Ortiz, José Carmen Santos, Juan Alberto Montes y Juan Gilberto Sánchez.

Los primeros siete son integrantes de la EACI, mientras que Sánchez es un comerciante que fue imputado en el delito tras vender una motocicleta a un trabajador de la Standard Fruit Company, ligada a Asisa. El vehículo del empleado se encontraba en la propiedad cuando la Dirección Policial de Investigación (DPI) tomó fotografías de la placa, las cuales seguían a su nombre, por lo que fue imputado.

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El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, compartió con Criterio.hn que durante el desarrollo de la audiencia la misma acusación privada de Asisa reconoció que la EACI, el grupo campesino acusado y perseguido, es poseedora de al menos 100 manzanas de la tierra por la que son acusados de usurpación los campesinos.

“[L]a misma [parte] acusadora privada ha reconocido que ellos [la EACI] tienen legitimidad para estar en ese territorio y no ha sido aportada ninguna prueba que demuestre que

el territorio en el que ellos están no corresponde a esas 100 manzanas”, sostuvo.

ACUSACIÓN CONTRA CAMPESINOS DE LA EACI, UN NUEVO CAPITULO DEL USO ABUSIVO DEL DERECHO PENAL EN EL BAJO AGUÁN

El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, dijo a Criterio.hn que el proceso contra estas ocho personas “constituye un proceso integral de criminalización y persecución al movimiento campesino en El Aguán”.

Mejía agregó que esta persecución contra las y los campesinos tiene distintas vías. Mientras se ejecuta este proceso penal en contra de estas ocho personas en la zona central, la gente posicionada en el territorio de la EACI en el Bajo Aguán –norte de Honduras– es atacada por trabajadores de la Asisa, empresa vinculada a la Standard Fruit Company, y en la que ya fue asesinada una persona y otra resultó herida.

El profesional del derecho se refiere al asesinato de Kevin Azahel Meza, el pasado 14 de octubre, durante una emboscada en la que habría participado la Policía Nacional en contra de las y los integrantes de la EACI. A la vez que la Secretaría de Seguridad refirió que investigarían “como cualquier otro incidente de violencia entre grupos campesinos”, obviando la participación de la policía en el incidente.

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Con respecto al proceso penal, Mejía refirió que “en esta audiencia inicial ha quedado demostrado o se ha podido constatar que este proceso penal constituye un uso abusivo del derecho penal en contra de personas defensores de derechos humanos mediante la fabricación de un caso y la fabricación de pruebas”. 

De igual forma, planteó que el Ministerio Público sostiene la acusación en cinco testigos protegidos de quienes no se tienen razón alguna para determinar que sus testimonios son creíbles y quienes no han podido “identificar plenamente a los imputados, indicando su identidad y los comportamientos que ejecutaron que sean constituvos de delito”.

TENENCIA DE LA TIERRA ES UN PROBLEMA SOCIAL QUE NO DEBE SER RESUELTO POR EL DERECHO PENAL

Mejía afirmó que como representación de los ocho imputados, el Bufete Estudios para la Dignidad ha reinvindicado que la tenencia de la tierra en Isletas, en el Valle del Aguán, constituye un problema social que no debe ser resuelto por el derecho penal, sino por el Poder Ejecutivo a través de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra o mediante el convenio firmado entre el gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

Sumado a esto, agregó que la EACI tiene dos demandas civiles contra la ASISA para que esta “sea conminada a devolver las tierras que le esta usurpando a la empresa campesina” EACI.

“Estos mecanismos de solución tanto en la vía judicial civil como en el gobierno constituyen los mecanismos adecuados para que sea resuelto este conflicto y no así el derecho penal que se constituye como última ratio y debe invocarse solamente en los casos más graves y cuando los demás mecanismos de solución a problemas o conflictos sociales ya han fracasado”, expresó.

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Reiteró que la acusación realizada por el Ministerio Público y la acusación privada de Asisa “es un uso abusivo del derecho penal”, así como “producto de una investigación arbitraria y abusiva que pretende vincular a los liderazgos de la empresa campesina Isletas y que lo hace mediante mecanismos que ponen en peligro el estado de derecho y la seguridad de todas las personas”.

El profesional del derecho contó a Criterio.hn que como representantes legales de los ocho imputados presentaron una excepción procesal en contra de que este caso sea conocido ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada.

Esto a causa de que al ser conocidos en estos juzgados compara los procesos de reivindicación al derecho a la tierra del movimiento campesino en Honduras con estructuras criminales o crimen organizado, asimilándoles a maras, pandillas y estructuras de narcotráfico que son los casos que conocen este tipo de circuitos judiciales con jurisdicción nacional.

“Constituye por sí mismo el hecho de estar conociendo estos casos en estos juzgados, un proceso de criminalización y de estigmatización a los movimientos campesinos que reivindican sus derechos en torno a la tierra”, concluyó.

  • Marcia Perdomo
    Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. marciaperdomo@criterio.hn

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