El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ) se pregunta si ¿Tiene algo que decir el gobierno o el empresariado gringo?
Portada: Foto de archivo
Tegucigalpa.- El Aguán ya no aguanta más violencia. La libertad y la impunidad que tienen las empresas nacionales e internacionales de la zona para operar y mantener en posesión irregular las mejores tierras de este país, con la ayuda y complicidad del gobierno no tiene parangón, ni vergüenza señala el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en un comunicado.
El MADJ alza la voz ante el asesinato, el pasado 14 de octubre en horas de la noche, de Kevin Azahel Meza, miembro de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI), por parte de la Policía Nacional, quien disparó indiscriminadamente en contra de campesinos/as del sector que realizaban una acción de reivindicación de su derecho legítimo a la tierra.
El MADJ señala que la muerte de Kevin era evitable, si el sistema judicial en el país funcionara y si se concretara en la práctica, el discurso oficial de protección a los derechos humanos de todos/as, por encima de los intereses económicos del empresariado gringo, de terratenientes y agroindustriales nacionales.
En ese sentido, el MADJ publicó dos elementos que prueban el derecho de los campesinos de Isletas a defender su tierra.
El primero es que el Instituto Nacional Agrario (INA) le adjudicó a la EACI la cantidad de 4036 hectáreas mediante título definitivo de propiedad el 09 de septiembre de 1984, las cuales fueron despojadas por parte de la Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA) a través de un contrato con múltiples infracciones al ordenamiento jurídico. ASISA es subsidiaria de la empresa transnacional Dole Food Company, perteneciente a David Murdoch.
Y la segunda razón es que la EACI ha interpuesto, al menos, dos demandas civiles para reivindicar los derechos sobre la tierra, ambas ante el juzgado de letras de Tocoa, Colón. La primera en el año 2011 y la segunda en el año 2012, ambas, luego de más de una década de su interposición, siguen esperando que se haga justicia al campesinado de la EACI.
Ante esta falta de acción por parte de los Poderes del Estado, la EACI actuó para recuperar lo que les asiste por derecho y que todos los gobiernos, incluyendo el actual les ha negado y despojado y frente a esta reivindicación de sus tierras, el gobierno de la refundación, el 03 de octubre de 2023, movilizó de manera descomunal a más de 800 policías a Sonaguera, Colón para proteger los intereses económicos de una empresa que es símbolo del imperialismo norteamericano en Honduras.
Como en el siglo pasado, una vez más, Honduras, a través del gobierno, se arrodilla ante el poder y el capital transnacional, pese a que estas empresas han sostenido y mantenido la posesión de estas tierras de manera corrupta y violenta dice el comunicado del MADJ.
Frente a estos hechos, lo mínimo que debe hacer el gobierno, es investigar y deducir responsabilidades por el asesinato de Kevin Azahel Meza, también de los 10 asesinatos en contra de los liderazgos del campesinado del Aguán solo en esta administración y la investigación y deducción de responsabilidades de los casi 200 asesinatos que lleva el Aguan en los más de 30 años que tienen de estar reclamando justicia sobre sus tierras.
Además, verificar que la propiedad de las tierras le pertenece a la EACI y que están inscritas en el instituto de la Propiedad a su nombre. 3. Deducir las responsabilidades a un Poder Judicial que ha detenido de manera intencionada los procesos judiciales por más de una década, en una clara complicidad para mantener la ilegalidad en la tenencia y usufructo de la tierra en mano de empresas trasnacionales y grupos agroindustriales.
El MADJ y los miembros de la EACI exigen al gobierno que se llene de coherencia y parta de dilucidar la problemática de tenencia de la tierra antes que efectuar desalojos violentos contra las familias campesinas que reivindican su derecho a la propiedad sobre las tierras de reforma agraria.
Solicitan también que se utilice los recursos del Estado, pagados por los hondureños/as para el beneficio colectivo. Es decir, que utilice a esos más de 800 efectivos de la policía para dar seguridad a toda la población del Aguán, una de las más violentas del país, no para proteger los intereses de una empresa gringa-trasnacional.
Y el gobierno debería presentar resultados de las Comisiones y Acuerdos suscritos para resolver la violencia instalada que existe en el sector agrario. Los avances a casi dos años de gobierno son reuniones y más reuniones que no cambian la realidad, con el agravante que los campesinos muertos siguen sumando.
Finalmente, solicitan a las instancias de gobierno que no se tomen la molestia de escribir pronunciamientos públicos de solidaridad por las personas asesinadas, o hacer llamadas bilaterales para mostrar su respeto por la pérdida de una nueva vida.
Piden, además, que se pongan a trabajar en serio por y para la población, con acciones de beneficio colectivo, no de proselitismo demagógico, que cumplan con las responsabilidades que les demandan sus cargos, apéguense a la defensa de los derechos humanos antes que a los intereses económicos sean estos de Estados Unidos y su Embajada o de los de grupos agroindustriales nacionales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), condenó el asesinato de Kevin Meza de 24 años e insta al Ministerio Público hacer una investigación pronta e imparcial de los hechos que incluya el Protocola de Minnesota para la investigación de las muertes potencialmente ilícitas.
Por su parte del especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía escribió en su cuenta de X que el «asesinato en el Aguán que evidencia el «papel mojado» del punto «6.1. Desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria» del Plan de Gobierno de Castro de resolver «conflictos agrarios y responder a compromisos contraídos y a la demanda de tierra de los diferentes sectores» (p. 28).
