Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Las cuentas bancarias de los prófugos de la justicia resguardados bajo la nacionalización nicaragüense, Ebal Díaz y Ricardo Cardona, quienes gozaron de fungir en altos cargos, durante el gobierno del exmandatario extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, han sido congeladas.
La noticia ha sido difundida este lunes 20 de junio, luego que se diera a conocer que el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, convalidó la petición del Ministerio Público (MP), para asegurar e incautar los productos financieros de los exfuncionarios, Ebal Jair Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López.
Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), opinó que la única motivación que puede existir en funcionarios del gobierno pasado al buscar la nacionalidad nicaragüense, un país que no tiene tratados de extradición, es porque están en búsqueda de protección para evadir la justicia.
“Es evidente que el gobierno de Nicaragua está jugando un papel para que no se combata la corrupción en la región”, apuntó la exrectora. Aparentemente, el país vecino se ha convertido en la guarida de todo corrupto que huye de la justicia de su país cuando se sienten un tanto vulnerables.
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Es un hecho que los exfuncionarios no están enamorados de la nación vecina, sino que los beneficios de ser intocables bajo la nacionalidad nicaragüense fueron su mejor opción. Con “astucia” copiaron a los expresidentes de El Salvador, nacionalizados nicaragüenses, quienes simpatizaron con Daniel Ortega.
Sin embargo, se desconoce la afinidad que Díaz y Cardona podrían compartir con Ortega, pues los exfuncionarios hondureños tenían abismales diferencias en sus ideologías políticas.
Al igual que los políticos resguardados en Nicaragua señalados en Honduras, Ortega y su familia han sido fuertemente condenados internacionalmente por un sin número de violaciones a los derechos humanos de quienes se oponen a las imposiciones de su mandato.
Castellanos mencionó que esta modalidad continuará y no será de extrañarse que otros personajes estén en los mismos trámites y pronto aparezcan refugiados en Nicaragua.
Diversos sectores y la población en general demandan que los delitos no prescriban y sean investigados a profundidad, para luego ser condenados, pues, aunque Ebal Díaz y Ricardo Cardona no se encuentren en el país, la justicia debería ser contundente y alcanzarlos.
“Aquellos funcionarios que de repente están conscientes que su actuar fue al margen de la ley si ahí [en Nicaragua] encuentran un refugio, ahí lo van a tener”, apuntó la académica.
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PENDIENTES DE LA JUSTICIA
El refugio a Ebal Díaz fue otorgado en la vecina nación centroamericana, pese a arrastrar una serie de cuestionamientos por corrupción y hasta por narcotráfico en su contra. Entre los señalamientos resaltan los del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), debido al fallido proyecto Casas Contenedores, que causó un perjuicio económico al Estado de Honduras por 1,200 millones de lempiras.
Además, se suman a Díaz dos procesos investigativos del Ministerio Público que todavía están pendientes. Una de esas investigaciones, está asignada a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), la cual trata del mal manejo del proyecto llamado Residencias Morazán y Reasentamiento de pobladores de Lomas del Diamante.
Ebal Díaz también ha sido señalado por el Instituto de la Propiedad (IP) y Proyectos de Recreo vías por vincularlo a 19 líneas de actos de corrupción y desvío de fondos, además, el actual director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Alberto González, quien apuntó que siguen encontrando irregularidades tras el paso del exfuncionario por esta institución que había intervenido a su disposición.
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Ebal Díaz fungió como secretario ejecutivo del Consejo de Ministros en el periodo 2014 a 2018, durante el primer mandato de Juan Orlando Hernández. Luego, en febrero de ese año, fue ungido secretario de la Presidencia.
Por su parte, Ricardo Leonel Cardona López fue señalado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por latrocinio tras su paso por extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) y valoró el perjuicio monetario al Estado de Honduras por 178,845,912 millones de Lempiras.
Cardona López, también fue ministro de la Presidencia y secretario privado (2014 a 2022) de Juan Orlando Hernández.
A criterio del profesional del derecho y analista político, Josué Murillo, en Honduras no solo se trata de una cuestión de institucionalidad, pues son las cabezas de un poder del Estado o del Ministerio Público quienes deberían actuar, sin embargo, los entes de justicia jamás actuaron contra Juan Orlando Hernández y Ebal Díaz cuando estuvieron en los más alto del poder.
Un comentario
Se ubiera refugiado en otro país. pero no se hubiera yebado el dinero k pudiera aver servido para la educación de los niños en las escuelas y colegios hay escuelas k ni hacientos tienen