Congreso aprueba más compras directas para proyectos que ejecutará Invest-H y otras instituciones

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-El Congreso Nacional de Honduras aprobó este jueves un proyecto de emergencia para financiar hasta por $150 millones dólares la recuperación de las comunidades más afectadas por los huracanes Eta e Iota.

La iniciativa “Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los ciclones Eta e Iota en Honduras”, fue una de varias iniciativas y proyectos de ley que en la sesión de este jueves los diputados aprobaron con dispensa de dos debates, “por ser un caso de emergencia”, dijo el vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Pérez.

El ministro de Finanzas, Marco Midence, expuso en la sesión virtual los alcances del contrato de préstamo con el Banco Mundial, que tendrá una tasa de interés anual del 2.83 %, 30 años de plazo y cinco de gracia, con una concesionalidad de un 25 %.

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También fue aprobado un préstamo por casi 11 millones de dólares para financiar el Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua; y un convenio de financiamiento por 70 millones de dólares para el “Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras”, con el que se tratará el problema de la sequía.

Los tres préstamos, con fondos también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), superan los 230 millones de dólares y van dirigidos a atender estas emergencias dado que la caída de ingresos “ha sido estrepitosa”, dijo Midence. Se ha registrado una reducción de los ingresos corrientes en un 20 % “y el incremento del déficit y la caída de la economía en un 9 %”, señaló.

La situación macroeconómica por la que atraviesa Honduras es “compleja, no obstante, la estabilidad que habíamos tenido en los años previos a la pandemia”, añadió.

Los proyectos aprobados serán ejecutados por varias instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

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“Quiero preguntarle a los de Invest-h si en verdad tienen la capacidad para realizar todas estas obras”, cuestionó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera. “Al final, uno aquí en este Congreso se queda única y exclusivamente con la buena noticia, con la expectativa y con la esperanza de que van a pasar las cosas y pasan los años y no pasa absolutamente nada”, agregó.

Como ejemplo puso el caso de un proyecto de pavimentación de la carretera de los municipios del sur del departamento de Francisco Morazán, que fue aprobado por unanimidad hace unos cuatro años por un monto de 75 millones de lempiras “para comenzar la obra y todavía no tenemos ninguna noticia”.

También cuestionó las contrataciones directas aprobadas para la ejecución de las obras aprobadas, “que siempre han sido un tema polémico”. En ese sentido, se preguntó “quién va a hacer la veeduría de la contratación directa de todos estos proyectos, porque el problema acá no es la construcción del proyecto”, sino la administración de los fondos.

Recordó que al inicio de la pandemia de la Covid-19 en marzo de 2020, cuando se realizó la última sesión presencial, “nos ofrecieron cosas preciosas, nos ofrecieron hospitales móviles de última tecnología con 48 millones de dólares que había que pagar, y así como están diciendo en este momento, así era el lenguaje florido y bonito que se escuchaba de que esos hospitales móviles iban a venir a ser la panacea en el combate al Covid-19”.

No obstante, “más de un año después, lo que tenemos son chatarra internacional, basura tóxica que no ha servido absolutamente para nada, pero los 48 millones de dólares se perdieron”.

También se refirió a la vez que el secretario de Estado de la Presidencia, Ebal Díaz, “llegó a esa sesión y nos dijo que estábamos preparados para empezar la construcción de 94 hospitales y sonaba precioso el discurso del señor Ebal Díaz, pero no pasó absolutamente nada”.

En más de un año, no se ha puesto ni una primera piedra de los hospitales y la gente se sigue muriendo por falta de atención en los hospitales y de medidas de bioseguridad, lamentó el parlamentario.

“Yo le pregunto a los señores de Invest-H, esta es una propuesta realizable o es un bonito discurso única y exclusivamente para tener a disposición dinero para otras cosas que no sea el bienestar del pueblo hondureño”, insistió Jari Dixon Herrera en su participación, en la que también pidió retomar las sesiones presenciales.

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A raíz de la pandemia el Gobierno ha asumido varios préstamos con organismos internacionales. El endeudamiento fue autorizado por el Congreso Nacional en marzo del año pasado cuando este poder del Estado autorizó a la secretaría de Finanzas solicitar préstamos por $ 2.500 millones.

Continúa audiencia inicial contra Marco Bográn y Alex Moraes

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – Este lunes ha continuado la audiencia inicial contra el exdirector y exadministrador de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes, respectivamente, ambos acusados por dos delitos de fraude y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios por la compra de siete hospitales móviles por más de L. 1,100 millones.

El viernes pasado un juez de letras en materia de lo penal dictó detención judicial a los exfuncionarios, quienes se encuentran recluidos en la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, en la comunidad de Támara, Francisco Morazán, al norte de Tegucigalpa.

Para el abogado en material penal Félix Ávila, Marco Bográn, enfrenta a dos escenarios; a un auto de formal procesamiento, que puede ser con o sin prisión preventiva, o a un sobreseimiento provisional, aunque manifestó que él se inclina más por lo primero porque al imputado ya se le había declarado detención judicial.

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Siendo director de Invest-H, Marco Bográn, pagó 47.8 millones de dólares al representante legal de HospitalesMóviles.com, Alex López por la compra de los siete hospitales móviles. Para hacer la venta López utilizó una cotización de la empresa ELMED Medical Systems de Turquía, quien lo acusó públicamente de estafa y falsificación de documentos.

A casi trece meses de la compra ninguno de los hospitales ha funcionado para atender pacientes con Covid-19 y, según pesquisas del Ministerio Público, venían en mal estado.

En el expediente de acusación de los exfuncionarios de Invest-H también está el requerimiento contra el representante de HospitalesMóviles.com Alex López, quien sirvió como intermediario directo para ejecutar la compra fraudulenta, transacción mediante la cual López habría obtenido utilidades superiores a 20 millones de dólares, según el Ministerio Público.

La Fiscalia Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (Fetccop) emitió una alerta internacional para la captura de Alex López y sea deportado a Honduras. HospitalesMóviles.com tiene su sede en La Florida, Estados Unidos.

En octubre del año pasado Bográn y Moraes, recobraron su libertad luego de habérseles dictado auto de formal procesamiento por suponerlos responsables de la comisión del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, por haber autorizado L. 101,199.40 por concepto de viáticos a cinco empleados de Invest-H.

El pasado viernes, cuando comenzó la audiencia inicial, el abogado defensor de Marco Bográn, Marco Tulio Bográn, manifestó temer por la seguridad de su cliente. “Yo en lo particular sí temo por él, porque creo que su seguridad está comprometida, dado que el caso es de alto impacto”, dijo el jurisconsulto a medios de comunicación.

Marco Bográn y Alex Moraes se defenderán en libertad

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Honduras. – Un juzgado ordenó medidas distintas a la prisión a favor de Marco Antonio Bográn Corrales (exdirector de INVEST-H) y Alex Alberto Moraes Girón (administrador de INVEST-H), a pesar de que les dictó un auto de formal procesamiento por suponerlos responsables a título de autores de la comisión del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública.

Las acusaciones son hechas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que es apoyada por un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

“Pese a que, en la audiencia inicial, el Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar prisión preventiva (…) en vista de que éstos siguen siendo investigados en otros casos, el juez que conoce la causa resolvió otorgar medidas sustitutivas a los imputados y suspender en el ejercicio del cargo a Moraes Girón”, indica el comunicado.

La FETCCOP anunció que presentarán los recursos “porque no están de acuerdo con la decisión del juez”.

Marco Antonio Bográn Corrales deberá comparecer también en la audiencia de declaración de imputado en un segundo proceso incoado en su contra en el que la FETCCOP le supone responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios, en la que se también se ha solicitado su detención judicial.

Marco Bográn y Alex Moraes fueron acusados porque el pasado mes de marzo cinco funcionarios de INVEST-H iniciaron una gira de trabajo a diferentes ciudades del país donde estarían ubicados los hospitales móviles comprados a Turquía, al terminar sus labores y regresar a la capital se les informó que por 15 días estarían alojados con todos los gastos pagados en un hotel de la ciudad, argumentándose que se hacía como parte del aislamiento que los protocolos de bioseguridad exigían para personas que habían tenido contacto con pacientes positivos de Covid-19, gastándose del presupuesto de Infraestructura Vial la cantidad de ciento un mil, ciento noventa y nueve lempiras con cuarenta centavos (L 101,199.40).

El Ministerio Público ha informado que existen 22 líneas de investigación por compras de emergencia durante la pandemia del Covid-19.

El diputado hondureño y exfiscal de Honduras, Jari Dixon Herrera, dijo a Criterio.hn que Marco Bográn es un chivo expiatorio para frenar la presión social y que todo obedece a un plan bien estructurado en donde Juan Hernández a la cabeza le da las órdenes al Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, quien no mueve un dedo si no es por órdenes de su superior, y que al final esta novela terminará con la absolución total y la libertad de Marco Bográn.

La ciudadanía esperaba que la acusación contra Bográn se centrara en el fraude de los hospitales móviles, valorados en millones de dólares y sin ninguna utilidad, sin embargo, de acuerdo con la relación de hechos, la acusación deriva de gastos exagerados de hotel para empleados de Invest-H.

“El espectáculo debe continuar, esto se hace con el único objetivo de bajar la presión social, difícilmente van a tocar lo de los hospitales móviles porque tienen miedo que en medio de esa investigación pueden salir nombres que ellos no quieren que salgan, los que vendieron mascarillas sobrevaloradas y otro montón de gente que está en esa estructura que hoy se llama Partido Nacional, empiezan a presentar requerimientos fiscales por delitos de baja categoría únicamente para bajar la presión social”, agrega el diputado de Libertad y Refundación (Libre).

“La FETCCOP está centrada al espectáculo mediático, lo que ha hecho esta fiscalía, que dicho sea de paso no utilizó los tribunales anticorrupción, sino que se fue a los tribunales comunes, es cumplir con el mandato que le dio Juan Hernández a Óscar Fernando Chinchilla, para que presente estos requerimientos para bajar la presión social”, explica.

Dixon piensa que la Corte Suprema de Justicia le anulará todos los procesos a Marco Bográn como se los están anulando a Mario Zelaya.

Hay peces más gordos que Marco Bográn y que el Ministerio Público debe enjuiciarlos

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- En torno a la captura y judicialización del primer caso por corrupción en contra de Marco Bográn y Alex Moraes, ex funcionarios de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), responsables materiales de las compras y contrataciones irregulares en el marco de la emergencia del Covid-19, el abogado penalista y ex coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, Josué Murillo, asegura que el Ministerio Público debe de apuntarle también a los autores materiales de más alto nivel.

Murillo dijo, que es importante valorar las acciones que los fiscales están haciendo contra la corrupción que ha lesionado el derecho de la salud derivado de las acciones lesivas de los funcionarios en el marco de una pandemia  que está cobrado vidas humanas.  “En este caso de se ha identificado a los autores materiales pero hace falta mucho más, hay  peces más grandes y más gordos a los que debe apuntar la justicia todos esos funcionarios que están generando un entorno de corrupción  que en su momento la MACCIH develó y denunció públicamente”, sostuvo Murillo en una emisora capitalina. 

Indicó, que en el país hay una tendencia a apropiarse de los recursos públicos por parte del funcionario y de terceras personas que son contratadas por el Estado, con la desdicha  que el peso de la justicia no les cae a los que tienen vínculos políticos y económicos.  Para él, la corrupción está tan arraigada que para revertirla se necesita mucho esfuerzo y valentía  de parte del Ministerio Público.

Según Murillo, en Honduras, los grandes criminales de cuello blanco nunca pagan por sus hechos, sino que quienes siempre van a la cárcel son los funcionarios de mando intermedio hacia abajo. Reiteró, que es necesario que en el caso de los fondos de la pandemia,  los grandes ladrones o corruptos de muy alto nivel paguen y que si Bográn incurrió en actos contrarios a la ley  que pague su pena, pero el MP persiga  a  esos peces gordos que andan disfrutado de lo robado y convirtiéndose en la nueva clase de ricos a costa del pueblo.

En la misma dirección, sobre el tema también se pronunció el coordinador de la Red de Instituciones  Privadas Pro Niñas, Niños Adolescentes y Jóvenes, (COIPRODEN), Wilmer Vásquez, quien ha manifestado que la captura de estos dos funcionarios es buen mensaje que las autoridades están enviando  para alcanzar un proceso. Sin embargo, asegura que  se debe  deducir  responsabilidades a todas las personas que han estado involucradas con la corrupción en el marco de la pandemia.

Para Vásquez  también es importante que se hagan las investigaciones y la deducción  de responsabilidades a toda la cadena de funcionarios que tomaron la decisión para designar a Bográn como encargado de hacer esas compras que finalmente resultaron fraudulentas.

“Allí no solo es el autor material sino que se deben investigar y deducir responsabilidades a los autores intelectuales, porque estamos convencidos que ninguna decisión que ha tomado Marco Bográn  ha sido por cuenta propia, sino que ha habido decisiones del más alto nivel”, expresó Vásquez.  

Asimismo, sostuvo, que el llamado ha sido permanente para que el Ministerio Público cumpla con la función que le ha sido encomendada en este momento en que el Estado está completamente coludido.

Por su parte, el abogado penalista, Marco Antonio Zelaya, es del criterio que el pueblo espera justicia por todas esas acciones ilícitas que se han venido realizando antes durante y posterior de la pandemia. Sin embargo, afirmó, que “no queremos que se haga lo que se hizo en el 2009 con la Junta de Comandantes que entraron riéndose y salieron riéndose por los requerimientos fiscales”. Según él, el  Ministerio Público debe asumir decisiones responsables que no solo sean para darle respuesta al pueblo “como dicen circo y pan” a las puertas de una contienda política con propósitos de acarrear y contener votos para las elecciones internas y generales del 2021.

Sostuvo, que la población debe de estar alerta en por las acciones que está realizando el Ministerio Público, porque de no formalizar las acusaciones tal como se requiere, al final puede haber un sin sabor en el paladar  el pueblo hondureño.  Afirmó, que el Ministerio Público debe de ser responsable, serio y acorde con el mandato internacional, porque es esta entidad es la que tiene el monopolio de la acción penal pública.

Prohibir cobertura periodística, primer abuso de militar que comanda interventora en Invest-H

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) sigue envolviendo en irregularidades el proceso de instalación de los hospitales móviles.

Tegucigalpa. –La entidad estatal dirigida por una Junta Interventora que el gobierno nombró recientemente, restringió a la prensa el acceso a realizar trabajos de cobertura periodística del proceso de montaje de una de las dos unidades hospitalarias que Invest-H compró como parte de una adquisición de siete hospitales móviles.

El lunes cuando las autoridades notificaron el traslado de los primeros 10 módulos hospitalarios desde Puerto Cortés hasta un plantel habilitado en la ciudad de San Pedro Sula, mediante un comunicado Invest-H prohibió a los medios de comunicación dar seguimiento “in situ” al proceso de ensamblaje de esa unidad hospitalaria.  

“Por temas relacionados con la seguridad laboral y la integridad física, no se permitirá la entrada al plantel destinando para el hospital de aislamiento móvil de San Pedro Sula, a periodistas, fotógrafos ni camarógrafos”, indicó Invest-H prohibiendo incluso a los periodistas la realización de tomas aéreas.

Luego de la dudosa ordenanza de Invest-H, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en su cuenta de Twitter calificó la decisión de la Junta Interventora como “arbitraria”.

“El CPH rechaza y denuncia la arbitraria disposición de la Junta Interventora de Invest-H de prohibir acceso a periodistas y medios de comunicación al sitio de instalación de hospitales móviles”, sentenció  el organismo colegiado advirtiendo que “no vamos acatar ninguna medida que limite la libertad de expresión y de prensa”.

Entre tanto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se sumó también al rechazo contra la disposición que impide el libre ejercicio periodístico en el caso de los hospitales. Por lo que su jefe de investigación, Odir Fernández  se refirió a los argumentos de Invest-H considerándolos como explicaciones injustificadas.

“Nada justifica la falta de acceso a la información pública y más cuando el objetivo es convertirse en un auditor social. Los medios de comunicación deben estar presentes durante la instalación de los triajes móviles, para que constaten uno de los mayores fraudes del 2020”, escribió el investigador del CNA.  

En su reciente informe, el CNA denunció que el costo real de los siete hospitales móviles adquiridos por Invest-H, fue de 14 millones de dólares y no 47 millones como en su momento aseguraron las autoridades gubernamentales.

En marzo pasado, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, le compró a compañía Elmed Medical Systems Inc. siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, (1,168 millones y medio de lempiras), los que supuestamente fueron sobrevalorados en sus precios y contratados con una empresa de maletín radicada en los Estados Unidos y representada por el ciudadano americano de origen guatemalteco, Axel López.

La trama corrupta fue descubierta en Honduras luego que la compañía turca, SDI Global LLC acusara a López de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio con el gobierno de Honduras, aparentemente en contubernio con funcionarios hondureños.

Ante la polémica en Invest-H, el gobierno hondureño sustituyó a Bográn, nombrando a en su lugar a la exsubsecretaria de Finanzas, Evelyn Bautista, quien después de 13 días terminó renunciando al cargo.

De modo, que el pasado viernes 24 de julio, el gobierno designó una Junta Interventora en Invest-H, encabezada por el general de brigada, José Ernesto Leva Bulnes e integrada además por José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo, quienes estarán a cargo del control de la institución por 180 días; en cuyo periodo tienen la obligación de cumplir con proyectos, procesos, contratos y programas asignados en esa entidad. El gobierno determinó que el tiempo de la intervención podría extenderse hasta lograr los objetivos.

La Ley General de la Administración Pública, concibe la figura de la intervención concediendo al poder Ejecutivo la intervención total o parcial de las entidades de la administración pública cuando estas operen con pérdidas o no cumplan adecuadamente con su función.

Sin embargo, la abogada especialista en derecho constitucional,  Ana Pineda, previó al nombramiento de la comisión en Invest-H y consideró impropio nombrar una Junta Interventora advirtiendo que “nombrar una comisión de intervención puede generar más dudas para las instituciones públicas que las que ya tienen”.

Militar a la cabeza de interventora de Invest-H nombrada por JOH

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –El general de brigada, José Ernesto Leva Bulnes, encabezará la Junta Interventora nombrada este viernes por el gobierno en Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

El jefe de gobierno, Juan Hernández, evocó nuevamente la integración de una Junta Interventora para que en esta oportunidad se encargue del control de Invest-H desde donde se han cometido avasalladores actos de corrupción con los fondos destinados a la pandemia de la Covid-19.

Mediante un comunicado el gobierno anunció que la Junta Interventora funcionará de manera transitoria por 180 días y con probabilidades de ampliación de su periodo.  La instancia asumirá el control de la institución y reactivará de inmediato todos los proyectos sociales que fueron suspendidos a raíz de la pandemia Covid-19.

“En virtud de que hay investigaciones en curso, las cuales tienen todo el respaldo del Gobierno de la República, se ha decidido conformar una junta interventora transitoria a fin de que, por un periodo de 180 días, asuma el control de Invest-H y reactive de inmediato todos los proyectos sociales que fueron suspendidos a raíz de la pandemia COVID-19”, señala el gobierno.

La Junta Interventora estará integrada por José Ernesto Leva Bulnes, quien estará presidiendo dicha junta. Asimismo, por José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo.

Curiosamente el nombramiento de la Junta Interventora surgió el mismo día en que el Ministerio Público evidenció con pruebas fehacientes la corrupción a lo interno de Invest-H, al mostrar chatarra como parte del equipo médico encontrado en el cargamento de dos hospitales móviles importados de Turquía.

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Los últimos tres gobiernos liderados por el Partido Nacional han recurrido al nombramiento de juntas interventoras en al menos 20 instituciones públicas centralizadas y descentralizadas donde se han registrado espeluznantes actos de corrupción.

Las juntas interventoras se han convertido en la estrategia de control implementada en los últimos 11 años de la administración estatal a cargo del Partido Nacional de Honduras, durante ese periodo Criterio.hn pudo constatar el nombramiento de más de 20 juntas de intervención en instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, entre estas la del Registro Nacional de las Personas.

Hasta el pasado 27 de junio, Invest-H fue dirigida por Marco Bográn, quien fue suspendido del cargo por la Junta Directiva de la institución, luego que se descubrieran varios actos irregulares y la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles para atender la pandemia del coronavirus.

El pasado 7 de julio al comparecer ante Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción (FETCCO), que lo investiga por los delitos de fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios por la compra sobrevalorada de los siete hospitales, Bográn se declaró inocente, e incluso días antes amenazó con acudir a los tribunales de justicia a acusar por calumnia a quienes lo han acusado de ser corrupto. 

Bográn fue sustituido por la exsubsecretaria de Finanzas, Evelyn Bautista, quien ante la avalancha de irregularidades en el proceso de la compra de los hospitales móviles renunció al cargo a los 13 días de haberlo asumido.

En marzo pasado, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, le compró a compañía Elmed Medical Systems Inc. siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, (1,168 millones y medio de lempiras), los que supuestamente fueron sobrevalorados en sus precios y contratados con una empresa de maletín radicada en los Estados Unidos y representada por el ciudadano americano de origen guatemalteco, Axel López.

La trama corrupta fue descubierta en Honduras luego que la compañía turca, SDI Global LLC acusara a López de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio con el gobierno de Honduras, aparentemente en contubernio con funcionarios hondureños.

Hospitales móviles

Mediante el comunicado de este viernes el gobierno establece que los hospitales móviles deberán ser considerados por los interventores como prioridad nacional, “la junta interventora ha recibido instrucciones de realizar las gestiones que legalmente correspondan para agilizar el desaduanaje y la pronta instalación de los mismos en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, respetando y colaborando con el trabajo que actualmente despeña el Ministerio Publico”, reza el texto.

Al instalar la Junta Interventora, Hernández argumenta que el gobierno reiniciará de inmediato los proyectos sociales, productivos y comunitarios que se venían realizando a través Invest-H, con el fin de reactivar los sectores productivos, generar empleo y llevar el desarrollo a las comunidades “con la urgencia que la actual pandemia lo demanda”.

Invest-H
La Junta Interventora de Invest-H fue nombrada justamente después de que el Ministerio Público divulgara pruebas fehacientes de la corrupción en esa institución. (Foto: Presidencia de Honduras).

 

Los militares se han convertido en el brazo estratégico del gobernante hondureño, Juan Hernández, quien es objeto de fuertes señalamientos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

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Perfil de los interventores

José Ernesto Leva Bulnes, presidente de la Junta Interventora, un general de brigada que se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar, es licenciado en ciencias de la ingeniería, ingeniero geógrafo con un post grado en gestión de empresas para ingenieros y sistemas de información geográfica, maestría en finanzas y control de gestión y maestría en ciencias con orientación en proyectos.

José Gustavo Boquín Suárez, interventor, es ingeniero civil con MBA del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente es el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, directivo del Régimen de Aportaciones Privadas y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ante Convivienda.

José Alberto Benítez Portillo, interventor, es ingeniero agrónomo con maestría en administración de empresas y orientación en finanzas. Actualmente es subsecretario de Agricultura y coordinador Nacional de Fideicomiso para la reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA).

De acuerdo con lo establecido por el gobierno la Junta Interventora “apoyará el proceso para sanear la situación administrativa, financiera y funcional Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). En caso de ser necesario, el periodo de intervención podrá ser ampliado hasta el cumplimiento de los objetivos”.

Los miembros de la Junta Interventora tienen la misión de buscar la continuidad y cumplimiento a los proyectos, procesos, contratos y programas vigentes y en ejecución, por parte de Invest-H, con prioridad en el sector agroalimentario y de Infraestructura vial.

Marco Bográn se declara inocente de las acusaciones en su contra por irregularidades en Invest-H

El exfuncionario rindió este martes declaración por una de las once líneas que investiga el Ministerio Público

Marco Bográn
El exdirector de Invest-H, Marco Bográn, a su salida de las oficinas de la FETCCO-ATIC junto a su hermana.

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. -El ex director de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn, se declaró inocente este martes al rendir su declaración en la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción (FETCCO), que lo investiga por la compra irregular de siete hospitales móviles, a una empresa de maletín y presuntamente con precios sobrevalorados.  

Bográn, quien se presentó a las 8:30 de la mañana tras haber aplazado su citatorio girado para el miércoles 1 de julio por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dijo escuetamente a la prensa que lo esperaba a su salida que todas sus acciones fueron del conocimiento del gobernante, Juan Hernández.

La declaración de Bográn se extendió por casi cinco horas y se efectuó de manera simultánea con la inspección por parte de la Fiscalía y la ATIC de trabajos de preparación de los terrenos en Tegucigalpa y San Pedro Sula para la instalación de los primeros dos hospitales móviles en las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula. También se intervino la Agencia Naviera Auropea S.A.(ANAVE) contratada para el desaduanaje de los contenedores e inspeccionaron la Operadora Portuaria Centroamericana, concesionaria de la Empresa Nacional Portuaria.

A su salida el exfuncionario salió y dio breves declaraciones a los medios de comunicación que lo esperaban y caminando rápido hacia su vehículo dijo que es inocente y que se encuentra tranquilo y que cada una de sus acciones emprendidas al frente de Invest-H, fueron del conocimiento del jefe de gobierno.

De igual forma, su apoderado legal, Marco Tulio Castro, dijo a la prensa, que su representado dio la declaración y que contestó todas las interrogantes que le hicieron. Sostuvo, que será el Ministerio Público el que determine si hay o no indicios suficientes para la presentación de un requerimiento fiscal. 

A Marco Bogran lo investiga el Ministerio Público por los delitos de fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios, ilícitos que habría cometido en la compra de los siete hospitales móviles valorados en 47 millones 500 mil dólares, (1,168 millones 500 mil lempiras) a la compañía  Elmed Medical Systems Inc. DBA Hospitales Móviles.

Esta empresa es propiedad de Axel López, un ciudadano americano de origen guatemalteco, quien es acusado por la compañía turca, SDI Global LLC de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio de los hospitales con el gobierno de Honduras.

Bográn compró los hospitales mediante las órdenes de compra, Marzo 2020-e-RFQ Y Marzo 30-2020-e-RFQ INVEST-H y según diversos sectores sociales, el precio ha sido sobrevalorado. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, informó recientemente, que de acuerdo a investigaciones realizadas por los empresarios, el gobierno le incrementó 680 millones de lempiras al precio real de los siete hospitales móviles.

La Asociación Para una Sociedad más Justa, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, también ha denunciado que, en la compra de los hospitales, hubo negligencia, fraude y abuso de autoridad y sostiene que en esta adquisición el director de INVEST-H ignoró al Consejo Directivo, situación que podría conducirlo a responsabilidades penales.

Marco Bográn
El cuerpo de abogados de Marco Bográn, encabezado por Marco Tulio Castro Canales,  a su llegada a las oficinas de la FETCCO-ATIC.

Ante tal situación, pese a que en este momento no cuenta con las facultades para emitir un requerimiento fiscal, la Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio, informó Lorena Calix, vocera del Ministerio Público.

En noviembre del 2019 el Congreso Nacional, con la oposición de las bancadas de los partidos Libertad y Refundación y del PINU, aprobó el Decreto 116-2019 que le quita la facultad de investigar y requerir a funcionarios corruptos, mientras el TSC no emita el informe y les notifique las responsabilidades administrativas, civiles o penales. En el momento este Decreto se conoció como “El Pacto de Impunidad”

Bográn, además de estar bien conectado con el TSC,  desciende de una familia muy poderosa, cercana del presidente de la República, Juan Hernández y de la cúpula del Partido Nacional, por lo que no sería casual que el ente contralor del Estado lo exonere de responsabilidades. En ocasiones anteriores el TSC ya ha favorecido a este tipo de funcionarios. 

En abril del 2015 la revista digital, Revistazo.com, publicó una investigación que devela la forma en que la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, le borró responsabilidades por 297 millones de lempiras al ex alcalde de Tegucigalpa y líder del Partido Nacional, Ricardo Álvarez. Y desde ese momento la Fiscalía anticorrupción mantiene engavetadas dos denuncias interpuestas contra la funcionaria, por lo que no es creíble que ese decreto, aprobado en el Congreso,  sea el freno de la justicia en Honduras.

La primera de esas denuncias contra Anchecta la presentaron varios diputados del Partido Libertad y Refundación y la otra, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) tres años antes de que en el Congreso se aprobara el Pacto de Impunidad. 

Sin embargo, Calix dice que el informe del TSC es básico en la labor que desarrolla el Ministerio Público, pero que las acciones que realizan en este momento les permiten tener concluidas las investigaciones y emitir un requerimiento fiscal al momento de recibir el informe. Recordó, que en octubre del 2019 el MP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 116-2019 que le otorga más facultades al TSC de las establecidas en la ley.   

La Fiscalía mantiene once líneas de investigación por las compras de INVEST-H y aunque las posibilidades son remotas, con estas acusaciones, Marco Bográn podría pasar el resto de su vida en la cárcel, tal como ocurre con Mario Zelaya, ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, condenado a prisión perpetua por diferentes delitos en el robo de esa institución.

En la última década, el Ministerio Público ha perdido credibilidad por la forma en que ha manejado los casos de corrupción.  Personeros de la sociedad civil, como Lester Ramírez, director de Investigaciones de la ASJ, consideran que las irregularidades en las compras de la Covid 19 serán peor investigadas que las del robo del Seguro Social, donde todo giró alrededor del director, Mario Zelaya.    

En el caso de los hospitales, el Ministerio Público investiga las responsabilidades penales del exdirector, Marco Bográn, pero nadie desconoce que en este negocio también hubo participación de funcionarios con mayor poder que él, pues fue desde la Casa Presidencial donde lo autorizaron al uso discrecional de los recursos públicos destinados a la contención de la pandemia. 

El 16 de marzo, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, mediante el oficio 630-SS-2020 le solicitó la adquisición directa de los siete hospitales de aislamiento y la contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de esas clínicas modulares.

Y más arriba, el 10 de febrero, el presidente, Juan Hernández, en Consejo de Ministros, declaró emergencia nacional mediante el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y autorizó las compras directas, evadiendo los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.

Con salida de director de Invest-H, gobierno de Honduras pretende aplacar escandalosa corrupción

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-El director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn Corrales, fue separado de su cargo  por recomendación del Consejo Directivo de esa institución por señalamientos de corrupción en su contra, derivado de compras y contrataciones en el marco de la emergencia sanitaria.

Mediante un comunicado, los directivos de Invest-H informaron que, como resultado de una sesión efectuada los días 24 y y 25 de junio, se resolvió «recomendar al presidente de la República la remoción del actual director de Investi-H».

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Bográn compareció ante el Poder Legislativo el pasado 23 de junio luego que se descubriera que pactó la compra de siete hospitales móviles con la empresa Elmed Medical Systems Inc., representada por el guatemalteco, Axel López, quien utilizó una cotización de la empresa turca SDI Global LLC, para dicho propósito y mediante el cual el funcionario hondureño pagó casi 48 millones de dólares sin exigir ninguna garantía.

Al intervenir ante el pleno del Congreso, el director de Invest-H, excusó su improcedente acción a un panorama de escases en la adquisición de equipos hospitalarios en el mercado internacional producto de la pandemia por el Covid-19.

El funcionario admitió además haber soslayado los procedimientos que se contemplan en la Ley de Contratación del Estado y que para tomar la decisión no contó con el visto bueno de la Junta Directiva de Invest-H.

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Los congresistas de la oposición pidieron la destitución de Bográn y una investigación profunda alrededor de su gestión.

Asimismo, y raíz de las irregularidades, los miembros del Consejo Directivo de Invest-H comenzaron a abandonar al funcionario al retirarse de los proceso de veeduría, entre ellos la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Federación de Organizaciones Privadas de Honduras (Foprideh), quienes pidieron su destitución.

En virtud de que las irregularidades comenzaron desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Cruz Roja Hondureña fue la primera institución en retirarse del proceso de veeduría al denunciar que el funcionario se negó en entregarle la información requerida.

En una sexta entrega de una serie de informes llamados Corrupción en tiempos del Covid-19, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció que Bográn benefició con un millonario contrato a la empresa Consultores de Ingeniería S.A. de C.V. (Cinsa), cuyo socio y presidente es su tío Napoleón Bográn Idiáquez.

Investigación

El nuevo escenario que salpica de corrupción a la administración de Juan Hernández podría quedar en la impunidad como ha ocurrido con otros casos, en virtud que en Honduras se ha aprobado un escudo legal que impide se investigue y castigue a los corruptos.

El jueves 25 de junio el Ministerio Público informó que había citado a Bográn para que se presente a declarar ante esa institución el próximo miércoles 1 de julio a las 10:00 de la mañana.

En el marco de la emergencia sanitaria el gobierno ha aprobado alrededor de 100 mil millones de lempiras para atender la pandemia, con recursos provenientes del presupuesto nacional, préstamos con organismos internacionales y algunas donaciones.

En abril pasado, medios de comunicación y ciudadanos, develaron a través de las redes sociales, compras y contrataciones sobrevaloradas realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), quienes simplemente renunciaron al cargo y hasta el momento no existe ninguna investigación para castigar a los responsables.

Sobre el manejo de los fondos no existe transparencia, pues escudándose en la emergencia, el gobierno acudió a dejar en suspenso la Ley de Acceso a la Información lo que, sumado a la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales, impide la rendición de cuentas.

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Otra de las trabas para investigar la corrupción es la aprobación de varias leyes por parte del Congreso Nacional que impiden que el Ministerio Público ejerza acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios.

De acuerdo con la Ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales, aprobada en octubre del año pasado, la investigación sobre mal manejo de fondos públicos compete ahora al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que ha realizado auditorías a las instituciones que manejan los fondos de la emergencia sanitaria, pero hasta al momento sus resultados no han sido determinantes para castigar la corrupción.

Mediante el comunicado el  Consejo Directivo de Invest-H, señala que la destitución del funcionario es sin perjuicio del derecho a la defensa que asiste a Bográn, «así como el resultado que derive de la investigación que realizan los organismos contralores del Estado relacionadas con sus actuaciones en el marco de la emergencia provocada por el Covid-19».

Corrupción Honduras

Oficialismo en el Congreso se niega a investigar corrupción en Copeco e Invest-H

Junta directiva violenta el derecho a la palabra a los diputados

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –La Junta directiva del Congreso Nacional, se negó este miércoles a nombrar una comisión que investigue los actos de corrupción que se han originado en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y en la oficina de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) con los fondos de emergencia por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El oficialismo se negó a realizar la investigación al no aceptar una moción de orden que pretendió introducir al pleno el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix.

El congresista pedía mediante la moción de orden que se nombre una moción multipartidaria, integrada por un diputado de cada bancada, elegido por estas, con el propósito de que “amparados en el artículo 205 numeral 21 de la Constitución de la República y con las facultades de ahí consignadas, pueda investigar cada una de las compras, contrataciones u cualquier otra erogación presupuestaria, realizada por Invest-H y Copeco durante la emergencia por la pandemia del Covid-19”.

Calix establece en su moción de orden truncada, que la comisión multipartidaria debería presentar un informe al pleno de diputados dentro de diez días calendario, con las conclusiones de la investigación y las recomendaciones a seguir.

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El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, justificó que la moción de Jorge Cálix no fue considerada porque no contaba con los votos necesarios. “Si la moción de Jorge Luis Cálix hubiese sido en sesión virtual o en sesión presencial no hubiera alcanzado los votos, es decir, si la hubiera presentado en el Congreso Nacional, dicha moción de orden, tampoco se hubiese aprobado porque no tiene la cantidad de votos”, manifestó Rivera Callejas.

Ante la negativa, el diputado electo por el Partido Alianza Patriótica y ahora denominado independiente, Jorge Yllescas, persuadió al oficialismo en el Congreso Nacional que su accionar los está haciendo quedar mal porque varios medios de comunicación y las redes sociales han informado sobre las irregularidades en el manejo de los fondos que han sido aprobados en ese poder del Estado para atender la pandemia.

Yllescas le reclamó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que esperó más de una hora para que hoy le dieran la palabra y que tampoco se haya incluido en el debate ni uno de los cuatros proyectos de decreto que envió a la directiva a través de correos electrónicos.

“Por otro lado señor presidente, con el debido respeto, la admiración y el cariño que yo siempre le he tenido, es necesario que no se boicotee el derecho a la palabra de los diputados, imagínese que yo, en teoría soy vicepresidente del Congreso Nacional y a veces, en su momento, pido la palabra y me hacen ver como un ridículo, porque estoy clamando por la palabra…qué no pueden esperar los demás diputados”, manifestó Yllescas.

Por otra parte, el congresista pidió a la Junta Directiva el retorno a las sesiones presenciales adoptando las medidas de bioseguridad necesarias, al considerar que las sesiones virtuales no están funcionando. “Le están dando la prioridad exclusivamente a los miembros del Partido Nacional”, cuestionó.

El diputado dijo además que en el marco de las sesiones virtuales se les está violentando los derechos a los diputados de la oposición, a quienes se les quita o simplemente no se les da la palabra para abordar temas de relevancia.

Al respecto el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, argumentó que en la sesión de este miércoles se les dio la palabra a los diputados que habían quedado pendientes de la sesión del pasado jueves. Asimismo, que los proyectos de ley son sometidos al pleno de acuerdo con su llegada.

Con pose soberbia, Oliva concluyó diciendo que “para bien o para mal, tengo la prerrogativa constitucional de creer y pensar, con mis modestas capacidades, cuando un debate está suficientemente agotado”.

Corrupción

Las autoridades de Copeco y de Invest-H han sido señaladas de propiciar actos de corrupción mediante contrataciones y compras sobrevalorada de productos y artículos médicos y biomédicos.

En el marco de la emergencia sanitaria el gobierno de Honduras ha aprobado sumas millonarias de fondos para hacerle frente a los efectos del Covid-19. La administración de Juan Hernández ha informado sobre la disposición de 3,804 millones de lempiras. Hasta el 15 de abril informó sobre el gasto de 2,949.1 millones de lempiras. Este monto comprende, entre otros, la contratación de recurso humano de salud y asistencia humanitaria, equipo médico, equipo de protección, transporte de muestras, insumos de bioseguridad, reactivos, medicamentos, capacitación, mejoras de infraestructura, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos a través de saco y bolsa solidaria, según el portal de transparencia de la secretaría de Finanzas.

La corrupción es tan evidente que por el hecho de propiciar la información que evidenció los actos de corrupción, el gobierno suspendió de su cargo al administrador Copeco, Cristian Elías Santelli Echeverría.

La suspensión del funcionario fue ordenada por el secretario privado y jefe del gabinete presidencial, Ricardo Cardona, quien dio la instrucción al secretario del Sistema Nacional de Riesgos y Contingencias Nacionales, Gabriel Rubí, mediante el oficio SPGO-030-2020 con fecha 14 de abril de 2020, que fue filtrado a través de las redes sociales. Después de este hecho se procedió a la destitución de Gabriel Rubí, siendo esto una aceptación tácita de las irregularidades.

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Hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado ningún cargo contra los funcionarios involucrados en los actos irregulares que también salpican al director de Invest-H, Marco Bográn, quien justifica la sobrevaloración de precios en la emergencia.

Este miércoles el Congreso Nacional aprobó varios decretos de ley, entre ellos uno presentado por el presidente de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, encaminado a otorgar acuerdos de permanencia al personal de salud que ha estado laborando bajo contrato a través del programa Código Verde, una iniciativa proselitista para emplear a los activistas del Partido Nacional.

La sesión de hoy miércoles se extendió por más de cinco horas y se convocó para mañana jueves a las 9:00 de la mañana.