Tegucigalpa.-A finales de 2019 se expandía la última pandemia que la humanidad ha conocido y que mantiene en nuestros días a gran parte de los países en una pugna por dejar los confinamientos y tratar de volver a la vida que conocíamos hasta inicios de este 2020.
El origen del nuevo Coronavirus no ha sido determinado con un 100 % de exactitud, pero expertos en cambio climático lo atribuyen a la invasión de espacios de algunas especies de animales por parte del hombre.
Este extremo puede ocurrir en cualquier parte del mundo, así como sucedió en Wuhan, China, por lo que es válido preguntarse si ¿podría Centroamérica estar en riesgo de ser el epicentro de un brote de un virus desconocido que provoque una pandemia en el futuro?
Parece muy aventurado plantear esta hipótesis, pero la afectación de los hábitats que el humano provoca con deforestación, caza de especies y los efectos del cambio climático vuelven posible esta teoría.
Justo es lo que la jefa del Comité de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de Guatemala, Iris Cazali, planteaba recientemente en una conferencia con reporteros de Honduras, Guatemala y El Salvador en el marco de los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP).
“Tenemos animales silvestres que comemos y con los que todos tenemos costumbres culturales a las que no sabríamos cómo responder”, aseguraba Cazali, haciendo referencia al posible proceso de migración y mutación de un virus hacia los humanos.
Hasta el momento se sabe que el virus del SARS-CoV-2 (Covid-19) saltó a las personas tras un proceso zoonótico, es decir, que, tras vivir en animales se transmitió a individuos por el aire, picaduras o a través de fluidos, según conclusiones científicas.
La deforestación hace que las probabilidades de un proceso zoonótico se incrementen y América Central no está exenta de ello. Para el caso, en Honduras, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) calculó en 2019 que el promedio anual de deforestación alcanza las 23 mil 300 hectáreas, siendo las reservas del Río Plátano, la biosfera Tawahka Asangni y el Parque Nacional Patuca los tres sectores más golpeados.
Lo anterior expone aún más a la gente a manipulación de especies salvajes, aunque en Honduras es sabido que en zonas rurales el consumo de carne de animales como cusucos (Dasypus novemcinctus), guatusas (Dasyprocta punctata), e incluso ardillas (Sciurus sp.) es común.
Cazali agrega que la COVID-19 “puede ser uno de los resultados de los cambios que estamos generando en los ecosistemas”, advirtiendo los riesgos que esto puede significar para poblaciones como las de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador).
Expertos en medicina y virólogos no se han visto sorprendidos por la aparición de esta pandemia, ya que la frecuencia con la que se han presentado brotes de entes de la familia de los Coronaviridae (coronavirídos), ha sido alta.
En pláticas con Criterio.hn, la bióloga independiente, Estefanía Cálix, sostuvo que países como Honduras deberían preocuparse más por enfermedades como el dengue, que año con año registra miles de casos y no es transmitido por un mamífero, sino que, por un insecto, el zancudo Aedes Aegypti.
“Existe una posibilidad de que Centroamérica pueda convertirse en la zona origen de una enfermedad zoonótica en el futuro, pero es muy poco probable predecirlo, debido a las condiciones en las que esta pudiera gestarse”, refiere la bióloga.
Lo cierto es que los esfuerzos para mitigar las actividades de aprovechamiento de recursos naturales que vulneran los hábitats de animales silvestres deben ser prioridad para los gobiernos, para prevenir riesgos tan grandes para la salud pública como el brote de un virus semejante al SARS-CoV2, que hasta la fecha deja grandes lecciones a la humanidad.
La investigación analiza que el territorio hondureño es uno de los países más vulnerables a enfermedades virales en la región
Por: redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras I Criterio. Honduras, Nicaragua y Guatemala tienen menos de una cama de hospital por cada mil habitantes, dice el Banco Interameirrcano de Desarollo BID en la publicación ALC POST COVID-19 Retos y Oportunidades que analiza la situación en los países de la región de México, el istmo centroamericano, Haití y República Dominicana.
“La epidemia del coronavirus tendrá importantes efectos negativos en la salud, la economía y los avances sociales de la última década en el mundo. Se estima que la contracción de la actividad económica podría ser mayor a la registrada en el periodo de la gran depresión, por lo que es importante implementar políticas para amortiguar su impacto social, atender a la población vulnerable y apoyar una reactivación dinámica y sólida. Todo esto al tiempo que se mantiene la estabilidad macroeconómica”, dice la investigación.
La crisis de la COVID-19 ha implicado un deterioro de las perspectivas de crecimiento. La economía hondureña se venía desacelerando desde 2018 y siguió con un crecimiento en 2019 de 2.7% anual (2018 de 3.7%), afectado por la volatilidad del precio de materias primas, principalmente café, sumado al menor dinamismo comercial y la contracción registrada en la inversión extranjera directa.
Mientras que el FMI proyectaba un rebote en 2020 antes de la crisis, hoy proyecta una caída del producto de 3.3%, explicado por el efecto de por las medidas de distanciamiento social y la caída de demanda tanto doméstica por menores remesas por la contracción de la economía de EUA como externa por la contracción de la actividad económica de socios comerciales.
Honduras es uno de los países más vulnerables a enfermedades virales en la región. En 2019 fue uno de los países con mayor tasa de mortalidad de dengue en Latinoamérica con 1.6 por cada mil habitantes, por encima de países centroamericanos como Guatemala (1.3), El Salvador (0.5) y Nicaragua (0.2).
Por otro lado, Honduras sumó 112,708 casos de dengue (180 fallecidos), inferior a Nicaragua con 186,173 casos (30 fallecidos), pero superior a Guatemala que contó con 50,432 (66 fallecidos) y El Salvador acumuló 27,470 (14 decesos). A inicios de 2020, Paraguay y Honduras están a la cabeza del brote de dengue, particularmente Honduras, que en lo que va del año registra más de 3,200 casos y al menos tres muertes, según la OPS.
La investigación señala que la crisis ha dejado al descubierto la necesidad de diversificar las cadenas globales de valor, por lo que Honduras podría aprovechar esta nueva realidad para ampliar su participación en las existentes o ampliar a nuevos sectores con una visión de integración y planeamiento estratégico a largo plazo, reduciendo esquemas de intermediación que generan impactos negativos a los pequeños productores.
En este sector se deben evaluar la limitante en el acceso a créditos desde la banca privada, por lo que es necesario identificar alternativas de acceso al financiamiento como el fortalecimiento de cooperativas de ahorro y microfinancieras, que tienen mejor cobertura y facilidades a pequeños productores locales.
El plan de reactivación y recuperación económica de Honduras, según la investigación del BID, debería aplicar medidas en tres pilares. una estrategia de apertura económica inteligente, medidas sanitarias y de salud de gestión pública paulatinas, y protección eficaz del empleo actual y generación de nuevos empleos.
Tegucigalpa.-Fiscales del Ministerio Público encontraron accesorios médicos usados, deteriorados y que vencieron desde el 2016, entre el equipo que habría llegado al país como parte de los hospitales móviles adquiridos por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El Ministerio Público informó la tarde de este viernes, a través de sus redes sociales, que encontró como parte de los hallazgos preliminares, nebulizadores usados y en mal estado que venían como parte de los hospitales móviles.
Refirió que como parte de un primer decomisó se encuentran 44 vaporizadores con su circuito de anestesia y kit de manguera de oxígeno, correspondientes a los hospitales móviles de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La Fiscalía anunció que en su momento dará un detalle de los hallazgos los que, adelantó, representan un riesgo para la salud de los hondureños.
En marzo pasado, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, le compró a compañía Elmed Medical Systems Inc. siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, (1,168 millones y medio de lempiras), los que supuestamente fueron sobrevalorados en sus precios y contratados con una empresa de maletín radicada en los Estados Unidos y representada por el ciudadano americano de origen guatemalteco, Axel López.
La trama corrupta fue descubierta en Honduras luego que la compañía turca, SDI Global LLC acusara a López de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio con el gobierno de Honduras, aparentemente en contubernio con funcionarios hondureños.
Según cálculos del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, el gobierno pagó 680 millones de lempiras más del precio real de los hospitales.
En medio de sospechas de corrupción el 7 de julio pasado atracó en el muelle de Puerto Cortés una embarcación procedente de Turquía con dos de los siete hospitales móviles adquiridos a la empresa Elmed Medical Systems Inc. El cargamento llegó en 78 contenedores y la Administración de Aduanas rechazó desde un inició las facturas por presentar incongruencias.
Bográn ha manifestado que la decisión de comprar los hospitales fue tomada por él y su equipo de asesores e incluso ha exonerado de responsabilidad al Consejo Directivo de la Institución, conformado por empresarios, otros funcionarios del gobierno y miembros de la sociedad civil afines al gobierno.
Este neubulizador, que más parece un deshecho, es parte del cargamento de los hospitales móviles.La Fiscalía ha anunciado que próximamente dará un informe concluyente sobre los hallazgos.
El pasado 7 de julio al comparecer ante Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción (FETCCO), que lo investiga por los delitos de fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios por la compra sobrevalorada de los siete hospitales, Bográn se declaró inocente, e incluso días antes amenazó con acudir a los tribunales de justicia a acusar por calumnia a quienes lo han acusado de ser corrupto.
Bográn fue suspendido del cargo el 27 de junio a solicitud de la Junta Directiva de Invest-h. Fue sustituido por la exsubsecretaria de Finanzas, Evelyn Bautista, quien ante la avalancha de irregularidades en el proceso de la compra de los hospitales móviles renunció al cargo a los 13 días de haberlo asumido.
A partir de este viernes el jefe de gobierno, anunció la conformación de una Junta Interventora transitoria por 180 días para que asuma el control en Invest-H.
Tegucigalpa.-“Desde las tres de la mañana estamos aquí”, me dice un hombre flaco que se pone a mi lado izquierdo, viste una camiseta y una calzoneta del equipo de fútbol español Barcelona, lleva una mascarilla de tela que se quita para hablar y confirma que desde la madrugada están allí, no sabe quién los convocó, pero llegaron a tomarse la calle para exigir que los dejen trabajar. Son cientos de taxistas afiliados a la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) que desde que comenzó la cuarentena están sin trabajar y por ende sin generar ingresos para sobrevivir.
La constante queja es que a ellos como taxistas registrados legalmente los tienen encerrados, mientras que los “brujos” y los pick ups se mantienen trabajando, y las autoridades lo permiten cuando no los detienen. “Esas pailas suben gente y les cobran de 50 a 60 lempiras”, me dice otro ruletero, mientras salta en la calle cerrada en el Bulevar del Norte en la ruidosa ciudad de Comayagüela.
Los taxistas cerraron el Bulevar del Norte a la altura de la clínica periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la colonia Santa Fe de Comayagüela, por alrededor de diez minutos, tiempo que aprovecharon para enfrentarse con sus competidores que recogían pasajeros.
Con el paso de las horas los directivos de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) aparecieron con raciones de alimentos para sus compañeros mientras estos continuaban aglomerados, silbando y gritando “fuera JOH”. Algunos usaban mascarillas, otros no.
De la colonia Policarpo Paz (La Polo) bajó un pick up rojo con camper que llevaba pasajeros. A su pasó salió un taxista que lanzó un grito de repudio, mientras sus demás compañeros corren y bloquean el acceso. Al lugar llegaron dos policías que intentaron mantener el orden, pero desde atrás llegaron más taxistas, quienes zangolotearon el carro y bajaron a sus ocupantes, ante la mirada paciente de los policías que no hallaban qué hacer.
Después del ataque, el conductor del vehículo rojo se bajó a recoger dos tablas y gritó con nerviosismo, “les están dando de hartar y no dejan de joder”. Cerró la puerta de golpeado vehículo y se fue sin clientes.
La protesta se fue calmando y entre la muchedumbre apareció un hombre con una mascarilla azul y gorra desteñida, gritando a todo pulmón: ¡jugo de limón, si no le gusta no lo paga! El vendedor retaba de esa manera a los compradores con su tradicional marketing que, por cierto, tuvo impacto, porque le fue bien.
Mientras los ánimos se apaciguaban los taxistas hacían una fila para reclamar la bolsa de alimentos que les entregaban sus dirigentes y que fue gestionada con el gobierno a través de los activistas del Partido Nacional que rectoran el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.
Tres hombres miembros de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) mantienen la toma en un carril del Bulevar del Norte en Comayagüela. Ellos fueron convocados para una nueva entrega de alimentos, pero aprovecharon un retraso para protestar cerrando el bulevar para exigir que los dejen trabajar con medidas de bioseguridad como: usar gel antibacterial, mascarilla y tres clientes dentro del vehículo.
Una asustada madre hala de la mano a su pequeño hijo, mientras éste observa la aglomeración de taxistas protestando. Este lunes, y debido a las nuevas medidas restrictivas del gobierno, se determinó que la circulación será reducida a un digito de la cédula de identidad, también el toque de queda se ha extendido hasta el 17 de mayo.
Un policía interviene cuando los manifestantes bloquearon un carro blanco al que acusaban de ser taxista «brujo» y estar trabajando durante la emergencia. Después de insultos y amenazas, el conductor llevó el carro hasta un estacionamiento, en el lugar donde funciona la oficina de Ataxish, a la altura de la clínica periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la colonia Santa Fe de Comayagüela.
Miembros de la PMOP esperan la orden de sus superiores para proceder a desalojar a los manifestantes. Al final no hubo desaojo porque los taxistas se quitaron de la vía pública.
Dirigentes de Ataxish intentan ordenar a sus afiliados para comenzar la entrega de alimentos. Un vecino de la colonia Bella Vista de Comayagüela, desinfecta la carreta de un vendedor de pan, antes de que este pase por uno de los puestos de control que los vecinos decidieron ubicar en todas las entradas y salidas de esa zona. Son siete los puntos de control en el que todos los residentes deberán colaborar para efectuar la desinfección de vehículos y personas, a quienes se les exige el uso de mascarillas.
En Honduras la crisis generada por la pandemia del Covid-19 está afectando a por o menos 7 de cada diez personas de la Población Económicamente Activa.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que la pandemia por el coronavirus (Covid-19) impactara negativamente en la estabilidad laboral y los medios de vida de la población mundial.
Los últimos datos de la OIT sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral revelan su efecto devastador en los trabajadores de la economía informal y en cientos de millones de empresas en todo el mundo.
A continuación CRITERIO.HN le presenta la versión noticiosa de la OIT
GINEBRA (Noticias OIT) – La caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del brote de COVID-19 significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento, advierte la Organización Internacional del Trabajo.
En comparación con los niveles anteriores a la crisis (cuarto trimestre de 2019), ahora se prevé un deterioro del 10,5 por ciento, el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo (asumiendo una semana laboral de 48 horas semanales). Según la previsión anterior, el descenso sería del 6,7 por ciento, el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo. Ello se debe a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento.
Por lo que respecta a las regiones, la situación ha empeorado para la totalidad de los principales grupos regionales. Las estimaciones indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12,4 por ciento en el segundo trimestre en las Américas (frente a los niveles anteriores a la crisis) y al 11,8 por ciento en Europa y Asia Central. Las estimaciones para el resto de los grupos regionales son bastante cercanas, y todas superan el 9,5 por ciento.
Repercusiones sobre la economía informal
La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal (el grupo más vulnerable del mercado laboral), de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo mundial de 3.300 millones de personas. Son dos los desencadenantes: las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados.
A nivel mundial, el primer mes de la crisis se habría cobrado un 60 por ciento de los ingresos de los trabajadores informales. Esto equivale a una caída del 81 por ciento en África y las Américas, del 21,6 por ciento en Asia y el Pacífico, y del 70 por ciento en Europa y Asia Central.
Si no cuentan con una fuente de ingresos alternativa, estos trabajadores y sus familias no tendrán medios de supervivencia.
Las empresas en situación de riesgo
En las dos últimas semanas, la proporción de trabajadores que vive en países sujetos a la obligación o la recomendación de paralizar las actividades ha pasado de 81 a 68 por ciento. La reducción de la estimación anterior del 81 por ciento señalada en la segunda edición del Observatorio (publicada el 7 de abril) se debe fundamentalmente a los cambios en China; en los demás países, las medidas de paralización han aumentado.
En todo el mundo, más de 436 millones de empresas afrontan el grave riesgo de interrupción de la actividad. Estas empresas pertenecen a los sectores de la economía más afectados, incluidas unas 232 millones pertenecientes al comercio mayorista y minorista, 111 millones, a las manufacturas, 51 millones, a los servicio de alojamiento y servicio de comida, y 42 millones al sector inmobiliario y otras actividades comerciales.
Se necesitan medidas políticas urgentes
La OIT insta a adoptar medidas urgentes, específicas y flexibles para ayudar a los trabajadores y las empresas, en particular, a las empresas más pequeñas, los trabajadores y trabajadoras de la economía informal y demás personas en situación de vulnerabilidad.
“Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro. […] A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable.»
Guy Ryder, Director General de la OIT
Las medidas de reactivación de la economía deben basarse en un alto nivel de creación de empleo, y debe ser respaldadas por políticas e instituciones laborales más fuertes, y por sistemas de protección social más amplios y dotados de más recursos. Para que la recuperación sea efectiva y sostenible, también será decisiva la coordinación internacional de paquetes de medidas de estímulo y medidas de alivio de la deuda. Como marco, pueden utilizarse las normas internacionales del trabajo, que ya gozan de consenso tripartito.
“A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable”, dijo Guy Ryder, Director General de la OIT. “Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente desaparecerán”.
Tegucigalpa.-Con una temperatura de 32 grados Fahrenheit y una visibilidad de un kilómetro amaneció este miércoles el Distrito Central, producto de al menos 40 incendios que han consumido el bosque del Parque Nacional La Tigra.
Las ciudades gemelas que integran el Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela, no se ven entre sí debido una densa capa de humo que se extiende por barrios y colonias de esta precarizada capital que hoy más que nunca echa de menos el agua en sus grifos.
Pese a las vicisitudes cotidianas que se suman a los problemas colaterales surgidos con la propagación del coronavirus (Covid-19), las actividades económicas de los vendedores informales no se detienen. La necesidad los hace salir a buscar el sustento diario, burlando un toque de queda impuesto desde el 16 de marzo cuando en Honduras se decretó un estado de excepción.
Comayagüela ha sido el lugar de residencia de la mayor parte de la fuerza laboral del Distrito Central, el comercio informal domina la economía de esta ciudad, que comienza a salir poco a poco del encierro, impuesto por la cuarentena.
Luis Antonio Inestroza (31), madruga todos los días a comprar las frutas al mercado Zonal Belén. Después empuja la carreta y emprende su ruta de 5.5 milómetros hasta llegar al redondel de Las Ministras, a inmediaciones de bulevar Morazán.
A diario se pueden ver -hoy no por el humo- muchas personas empujando una carreta llena de mangos, bananos, ciruelas, papayas, en general frutas y verduras, que todavía se encuentran porque en su mayoría son de la temporada de verano. ¿Pero qué pasará cuando se agoten las frutas y verduras? Una pregunta a la que el gobierno hondureño no podría dar respuesta y que se complicará si se hace hincapié a la advertencia del Programa Mundial de Alimentos, que ha alertado que durante y luego de la pandemia viene una escasez de alimentos sin precedentes en la historia.
«Esto significa que 135 millones de personas en el mundo se están muriendo de hambre, pero lo peor es que el análisis del Programa Mundial de Alimentos muestra que para finales de 2020 tendremos otros 130 millones adicionales de seres humanos que estarían en las mismas circunstancias, lo que arrojaría una cifra total de 265 millones de personas muriendo de hambre», dijo David, Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
La historia de Luis Antonio Inestroza de 31 años es una de estas. Obligado por la necesidad empuja a diario una carreta de frutas, con la que recorre las calles desde el barrio Morazán hasta llegar a las cercanías del redondel de Las Minitas, próximo al bulevar Morazán de Tegucigalpa. “El gobierno no nos va a mantener”, dice Luis Antonio.
El comerciante compra las frutas, que comercializa, en el mercado Zonal de Comayagüela hasta donde se dirige antes de que salga el sol para luego hacer el recorrido del día.
El contaminado ambiente no impide que Luis Antonio vista un estilo medio kitsch, diseños geométricos en su camisa, gorra multicolor, la que usa hacia atrás, sin cubrir toda la cabeza, barba descuidada, manos callosas, piel morena (más quemada por el sol que por la naturalidad de la pigmentación).
Limones, mangos jade, unas piñas y unas papayas detenidas con cartones. Los carros pasan, algunos compran, otros solo ven, mientras Luis va empujando su carreta con dirección al bulevar Morazán adonde se encontrará con más vendedores intentando vender su carga más rápido que los demás.
En este recorrido Luis abriga la fe: dice que “gracias a Dios siempre se vende”.
Heber Mdina (23) se queja porque los policías no le permiten se ubique en un lugar más estratégico para sus ventas.
Heber Medina de 23 años también está en una acera de la avenida San Martín de Porres en el barrio Morazán vendiendo mangos y ciruelas. Su caso es distinto porque él sí es de los vendedores ambulantes que se estacionan en la proximidad de la Feria de “El Agricultor y el Artesano”. Heber denuncia que los policías municipales los desalojaron de la parte del Estadio Nacional, lo que lamenta porque la venta en este nuevo lugar es lenta. “Nosotros por necesidad tenemos que estar trabajando donde ellos nos pongan, porque si uno no obedece le mandan el camión de decomisos y nosotros somos los que per
demos, por eso nos hemos venido para acá abajo”, cuenta, mientras con una rama hace hoyos a la bolsa de ciruelas que acaba de llenar y cerrar.
Este hombre les pide a los policías municipales se toquen la consciencia y lo ubiquen, junto a sus compañeros, en un mejor lugar.
Heber no tiene mascarilla, usa la gorra hacia atrás, una delgada cadena de plata cuelga de su cuello, viste una camisa blanca por dentro y una de manga corta blanca, abierta y un pantalón negro, no deja de trabajar mientras cuenta que ahora la carga de ciruela cuesta 700 lempiras y que antes la conseguía a 500.
Heber vive en el sector de la Tres de Mayo en Comayagüela, ahí tampoco ha llegado la ayuda del gobierno.
Con tristeza, evidente en su voz, advierte que la temporada de ciruelas se está terminando y debe pensar qué venderá ahora. Antes era más fácil, ahora debe pensar qué vender en un contexto de emergencia nacional por un virus que no se termina de conocer, pero que sí está matando.
Tegucigalpa. – Los días del confinamiento van pasando y con ellos se van acumulando los problemas económicos de miles de hondureños que ya no encuentran qué hacer para seguir sobreviviendo. El mercado Zonal Belén en Comayagüela es una clara muestra de lo que está ocurriendo.
En las últimas semanas la gente ha optado por no visitar el mercado por el miedo a un contagio por el Covid-19, por lo que las ventas se han venido abajo. Los vendedores de frutas y verduras fueron trasladados al bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa y otros se están yendo a las aceras de las calles circunvecinas.
Manuel Méndez de 47 años vendía ropa adentro del mercado, ahora junto a su familia y gracias a préstamos familiares (remesas de parientes en los Estados Unidos) cambió su nicho por productos de higiene: cloro, detergente, jabón, papel higiénico, pasta dental y aceite de cocina. Su familia ha montado el nuevo negocio en la avenida Cabañas del barrio El Country de Comayagüela.
En tiempos del Covid-19, lo que vende Manuel se ha convertido en productos de primera necesidad, quizás el miedo al contagio hace que la gente compre hasta de manera compulsiva.
En unos cinco metros se ven torres de papel higiénico, líneas de botes de cloro, detergente y jabones, que surcan la acera, impidiendo así el paso de los transeúntes. Unos le compran y otros se quejan por la estrechez del camino.
El sol se ha ocultado en una densa y enorme capa de humo que cubre el Distrito Central. El calor se mezcla con el humo y se transforma en vapor. Pero, eso no hace que Manuel baje los brazos y se dé por vencido, él sigue haciendo promoción a sus productos.
El hombre convence a sus clientes sobre la necesidad de abastecerse para ganarle la lucha al Covid-19 que ingresó a Honduras el 11 de marzo con la entrada al país de una mujer procedente de España. Lo que ha olvidado Manuel es que en muchos hogares capitalinos el agua no llega y esto frena cualquier medida de bioseguridad.
TRAGEDIA
Hasta la fecha el departamento de Francisco Morazán reporta 65 casos de Covid-19, una proliferación menor a la registrada en la zona norte, epicentro de la pandemia. La zona central se ha liberado un poco del virus, pero está siendo atacada por los incendios forestales.
En todo el territorio hondureño las llamas han consumido al menos 15 mil hectáreas en los primeros cuatro meses del 2020, lo que provocará a corto plazo, mayor escasez de agua, elemento básico para la sobrevivencia y que en Tegucigalpa ha estado siendo utilizada por los bomberos para controlar los incendios forestales, e incluso, para apagar las llamas que absorbieron el mercado Colón de Comayagüela.
Muy a pesar del contaminado clima, Manuel y su esposa continúan la venta
en compañía de sus tres hijos adolescentes, quienes que venden y cobran. Adelante de ellos estás estacionados varios vehículos tipo pick up con frutas y verduras.
La historia de Manuel es similar a las de miles de hondureños que se están reinventando para sobrevivir en tiempos de una pandemia que ha desbaratado las robustas economías de países desarrollados de Europa y Asia. En Honduras, el panorama es desalentador y se complica aún más por los elevados índices de pobreza y la corrupción.
Los ingresos de Honduras descansan en un 70 por ciento de la economía informal, sector que está siendo el mayor afectado por los efectos del coronavirus. El confinamiento está provocando el cierre de negocios mientras el gobierno vuelve su mirada a la gran empresa. Pero los reclamos por esta preferencia se han comenzado a sentir.
Pese a la medida de confinamiento, los capitalinos siguen saliendo a las calles a buscar los ingresos para sobrevivir.
Este lunes, acordonado por cintas amarillas simulando peligro y precaución, el empresario de San Pedro Sula, Roberto Contreras, inició una huelga de hambre exigiendo la absorción del 100 por ciento de la factura de la energía eléctrica por parte del gobierno, Empresa Energía Honduras (EEH) y los generadores térmicos.
Contreras reclama porque pese a que su negocio ha estado cerrado desde hace 42 días, cuando el gobierno ordenó el cierre de las actividades económicas como medida para evitar la propagación de la pandemia, ha seguido pagando la factura por 200 mil lempiras.
La propuesta del empresario es que la EEH, las térmicas y el gobierno absorban el costo de la energía desde el 16 de marzo, cuando comenzó el confinamiento hasta que se reactive la economía y que el gobierno prescinda de los contratos leoninos de energía que establecen un precio de 21 centavos por kilovatio hora, mientras en Guatemala y El Salvador es de ocho centavos.
Mientras Contreras continúa protestando dentro de esa maraña de cintas, Manuel Méndez y su familia continúan vendiendo. “La necesidad nos obligó a esto”, dice Méndez mientras cuenta un dinero que es el cambio de un cliente.
Tegucigalpa. –El gobierno de Honduras determinó prorrogar por siete días más, hasta el domingo 3 de mayo a la 1:00 de la tarde, la alerta roja en los 18 departamentos, para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).
La alerta roja comprende la aplicación del confinamiento domiciliar obligatorio y medidas de restricción de circulación y de actividades económicas.
La prórroga de las medidas se sustenta en el Decreto Ejecutivo PCM 036-2020 y fue oficializada en cadena nacional de radio y televisión por titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Carlos Cordero y el portavoz de la Policía Nacional, Jair Meza.
Se prorrogó además el cierre total de los municipios de los departamentos de Colón y Cortés, el municipio de El Progreso en el departamento de Yoro y se incluyó al municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Estos lugares reportan el mayor número de casos de Covid-19.
Prorroga de medidas
Se determinó ampliar el plazo de la restricción de circulación, segmentando para la población conforme a la terminación de los dígitos de su tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residente, con la finalidad de que puedan abastecerse de alimentos, medicinas, combustibles y realizar sus trámites bancarios y en cooperativas y compras en ferreterías.
Se exceptúa de la restricción de circulación, el personal incorporado para atender la emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos y servicios públicos indispensables, incluyendo al personal que atiende las plantas de generación de energía del sector privado.
Asimismo, hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y farmacias; la industria de la maquila para la confección de mascarillas y equipo biomédico requerido para atender la emergencia.
Se incluye además al sector agroalimentario para garantizar la producción y distribución de alimentos; gasolineras, mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías; transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores.
Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación incluyendo radio, televisión, diarios y cableras. La industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos y las empresas de seguridad privada.
El internet no llega a las casas de los niños pobres, quienes están quedando excluidos de la educación en la actual emergencia sanitaria, ya que las clases en línea se han convertido en una necesidad.
El acceso tecnológico no puede ser una realidad mientras el 43 por ciento de los centros educativos públicos no cuentan con electricidad, según un informe de la secretaría de Educación de 2014.
Datos del INE de 2018 indican que solamente el 16.6 % de los hondureños tienen acceso a internet en su casa, y apenas el 12.8 % acceden a este servicio desde una computadora y el 87.2 lo hace desde un teléfono móvil o “celular”.
Tegucigalpa.- Seci, es una niña de nueve años, residente de El Pedregalito, un barrio de Comayagüela. Cursa su cuarto año en una escuela pública local. El confinamiento, igual que a millones de menores les ha dejado las tareas para la casa.
Nos cuenta que su profesora le envía mensajes a través de WhatsApp a su madre para designarle trabajos. Terminados, los fotografía y se los envía mediante la plataforma antes mencionada. Pero a Seci, esto no le agrada del todo. Ella, desea regresar a las aulas, ver a sus compañeros y compañeras. Finalizar su año con «normalidad».
Seci, cuenta con pocos recursos y su madre y padre no siempre tienen acceso a internet diariamente y tampoco tienen una computadora en su casa. Como ella, son cientos de casos con las mismas similitudes. Enfrentándose a la agonía de no contar con el acceso a la red, de pensar en los alimentos, en los daños psicológicos presentes y futuros y detenerse a cuestionar: ¿podré culminar mi año escolar?
La crisis sanitaria no solo ha puesto en evidencia la debilidad del sistema de salud por la corrupción estatal que impera en el país. También, ha desnudado la inoperancia para priorizar en los contenidos curriculares de quienes están cursando su año escolar en las instituciones públicas, específicamente a niños y niñas a quienes se les encomienda el futuro de la nación, una carga mayúscula para un país que pone su foco de interés en militares y policías que, en casi poco o nada abonan a disminuir los altos niveles de inseguridad. Los uniformados más bien reprimen salvajemente a la gente cuando sale a protestar y exige salud y educación gratuita, como ocurrió entre abril y junio del año pasado cuando los trabajadores de estos dos gremios salieron masivamente a las calles con el apoyo de la ciudadanía.
Seci tiene limitaciones en su formación académica porque su familia no cuenta a diario con el servicio de internet y tampoco tiene una computadora.
Educación privada y pública: ¿una situación similar?
Carlos Sabillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), contabiliza mil quinientos centros educativos privados, en las modalidades de prebásica, básica y media, con una matrícula de alrededor de 250,000 alumnos. Estos están diseminados en los 18 departamentos del país. Hasta en aldeas, nos comenta. Este señalamiento es un diagnostico negativo, pues implica la privatización de un derecho humano.
En la actual crisis sanitaria, la educación de los niños, adolescentes y jóvenes de Honduras está siendo afectada, tanto por la pobreza que impide pagar los servicios de internet, como por el acceso y cobertura de este derecho humano que en Honduras es un negocio transnacional y que no está llegando a tierra adentro.
Sabillón considera que la emergencia sanitaria por el coronavirus está afectando de manera negativa al sector privado de la educación debido a las restricciones que ha decretado el gobierno, ya que la mayoría de quienes sostienen las instituciones educativas privadas, son las familias que viven del sector informal de la economía y con el confinamiento no están generando ingresos. Esto ha hecho que la mora en los pagos se haya disparado desde marzo.
Lo expuesto por el gerente de la Fenieph pone al descubierto que la precariedad está tocando también las puertas de los hogares de los estudiantes que están matriculados en las instituciones privadas.
Pagar por un derecho humano
Leticia, madre de Alexandra, una estudiante del sexto grado de la escuela El Cenáculo de Tegucigalpa, exterioriza que tomó la decisión de matricular a su hija en dicho centro bilingüe, porque el país carece de un sistema de educación público de calidad, y mucho menos bilingüe, y comprende que el idioma inglés en este mundo globalizado es fundamental para el desarrollo profesional.
Leticia contó que la escuela ha decidido integrar las clases virtuales, por las plataformas de classroomm, meet y kahn academy, reestructurando el plan educativo para hacerlo más dinámico, y teniendo a diario un acercamiento tanto con los padres y madres, a través de la aplicación WhatsApp, para estar al día con los avances educativos de los niños.
“Para mi hija, y en general para los niños, es más fácil adaptarse a los cambios, incluso, en este momento están haciendo uso de recursos audiovisuales que son más llamativos y captan la atención, creo que en este sentido no hay ningún problema con el rendimiento educativo de mi hija», recalca.
La madre no considera que se presente una baja en el rendimiento educativo, pero si cree que habrá una afectación en la parte emocional porque los niños, al igual que todos los seres humanos, necesitan socializar con los demás
Esta madre tiene la esperanza para que Honduras demuestre un cambio y espera que quienes llevan la batuta del poder rectifiquen lo que han venido haciendo mal y las inversiones se proyecten en el sistema de salud y educación.
Leticia tiene la capacidad económica de pagar una cuota mensual para que su hija tenga mejores oportunidades en el futuro, pero confiesa que es una dicha que no tiene la mayoría de los hondureños, quienes en estos momentos de la pandemia han sentido que sus problemas se les han acumulado.
“Las familias no tienen ni para comer y ahora se sienten agobiadas porque no pueden solucionar el acceso a la educación de sus hijos”, manifiesta. Leticia respira y comenta que conoce el caso de una familia que vive en la colonia Roberto Suazo Córdova, en el sector de El Pedregal de Comayagüela. Esta familia sobrevive de la venta de tortillas. En la casa vive una familia extendida: abuelos, padres, hermanos y nietos.
En este hogar hay dos niñas matriculadas en la escuela República del Perú y un varón en el Centro Básico San José de la Vega. Ellos no tienen contacto con sus maestros, no tienen sus números telefónicos y aunque lograran contactarse sería difícil establecer un mecanismo para seguir las clases porque no cuentan con un celular. El joven papá es el único que cuenta con un aparato móvil, pero solo para recibir y hacer llamadas para salir a dejar las tortillas. El teléfono es básico, no tiene ni WhatsApp.
Mientras Seci tiene limitaciones en el servicio de internet, Alexandra, la hija de Leticia, tiene a su disposición una plataforma digital que le permite recibir sus clases en línea en la comodidad de su casa los lunes, miércoles y viernes de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde y los martes y jueves los ocupa para cumplir las asignaciones que le establecen sus maestros de la escuela bilingüe El Cenáculo.
El estudio refiere que las mensualidades de los institutos privados rondan entre 1,000 a 1,500 lempiras. En el caso de las bilingües, exceden un gasto en algunos casos de 10 mil lempiras, una cuota alcanzada solo para quienes ostentan trabajos con salarios elevados y las condiciones de vida menos precarias, al contrario de las escuelas y colegios públicos, donde los y las estudiantes acuden con lo necesario y en ocasiones sin nada, sumado a las pésimas condiciones de infraestructura y la precariedad de los bienes, como el agua, la energía eléctrica y el internet.
Concorde al informe, otro elemento a considerar durante la crisis del coronavirus en el sistema educativo, los elevados niveles de pobreza y desigualdad social que imperan en el país. “Condiciones que se asocian con una baja conectividad a internet. De acuerdo con datos del Banco Mundial (2019), a finales del año recién pasado el 52.6% de la población hondureña estaba en condiciones de pobreza, y un 17.2 % en condiciones de extrema pobreza”. Pero estas cifras son conservadoras porque el propio gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reconoce que la pobreza afecta al 62 por ciento de la población de 9.3 millones de personas y la pobreza extrema engloba a 3.5 millones de los 9.3 millones de hondureños.
Datos del INE de 2018 indican que solamente el 16.6 % de los hondureños tienen acceso a internet en su casa, y apenas el 12.8% acceden a este servicio desde una computadora y el 87.2 lo hace desde un teléfono móvil o “celular”.
Si el coronavirus ha obligado a emigrar a plataformas digitales, los niños y niñas del sector público y privado no pueden cubrir estos espacios de enseñanza, debido a la crisis económica en que viven y ante la realidad es más beneficioso un plato de comida, que unos megas de internet, contrario de quienes los privilegios de clases les ha otorgado estudiar en un espacio donde la doble lengua está presente, donde las clases en línea si son posibles, y son quienes, se han llevado en los últimos años los presupuestos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y las becas internacionales.
El impacto del confinamiento en la educación
Si bien es cierto, no todos los países estaban preparados para enfrentarse a una crisis sanitaria como la que se vive actualmente en el mundo. Algunos, con todo y el peso que conlleva, han destinado esfuerzos y recursos para mantener a los y las estudiantes con las actividades de aprendizajes. Sin embargo, en países como Honduras, las brechas sociales se acrecientan y demuestran durante la pandemia.
En declaraciones brindadas a medios de comunicación, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, ha insistido que las tareas que se han dejado, desde que se decretó el toque de queda, no tienen ningún peso evaluativo para las asignaturas.
Lo anterior sustenta las denuncias de padres de familia y de los propios docentes, que han afirmado que los maestros están dejando tareas sin sentido, pues solo lo hacen para cumplir con la orden del gobierno que se aleja de establecer un plan con impacto curricular.
Bueso se ha alejado un poco del tema educativo. Actualmente coordina la entrega de alimentos del programa “Honduras Solidaria”.
#HondurasSolidaria informa que a casi un mes del inicio de operaciones hemos llegado a 1,756,850 personas en las 6 Ciudades priorizadas en el mecanismo centralizado. Aquí te avisamos donde estaremos mañana en el DC. #HondurasQuedateEnCasapic.twitter.com/dGUtEKFRKA
Para el docente del Instituto “Central” Vicente Cáceres, Luis Rodríguez Torty, nadie se encontraba listo para la situación que se atraviesa y la determinación tomada es improvisada. “Se tomó la decisión de suspender clases sin la preparación de docentes y estudiantes, ni al personal directivo. Y después que ya los estudiantes y docentes estaban en sus casas, empezaron desde las departamentales a exigir a los docentes que enviarán trabajos y que contactaran a los alumnos”, señala.
Rodríguez Torty nos indica que el lenguaje utilizado por las autoridades departamentales y del ministerio, plantea la educación como un espectáculo y un entretenimiento en el cual se envían las tareas para pasar el tiempo y no visto como un proceso de aprendizaje.
El docente también nos comenta que la carga académica está recayendo en los padres y madres y estos suelen recurrir a las viejas prácticas violentas de enseñanza, lo que representa traumas psicológicos en los menores.
Apunta que la relación entre docentes y estudiantes se ha construido en las aulas de clases. Los maestros desconocen la situación de los alumnos, y eso pasa por la inseguridad, pues muchos docentes han sido víctimas de extorsión y por ello no existe la práctica de compartir datos como números de teléfonos o correos electrónicos. Esta situación está impidiendo que los alumnos y docentes del “Central” estén conectados en este periodo de la pandemia.
A juicio del expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) y catedrático de la asignatura de español en la UNAH, Sergio Rivera, el impacto se acentúa en el sector público que es a donde asiste la población estudiantil que más carece de recursos económicos y que en estos días, junto a su familia, han invertido esfuerzos y recursos en tratar de sobrevivir y alimentarse. Son ellos los que son hijos de los miles y miles de hondureños a los que muchas empresas privadas los han despedido, sin tomar en cuenta los traumas psicológicos que conlleva la pandemia.
Sin energía eléctrica
El informe de la Universidad Pedagógica refiere que un estudio de la secretaría de Educación reportaba en el año 2014 que, el 43 % de un total de 18,089 centros educativos no tenían electricidad en ese momento. Los departamentos más afectados son: Olancho con 1,027 planteles; El Paraíso, con 883 planteles; Yoro, con 710 planteles; Lempira, con 628 planteles; Santa Bárbara, con 445 planteles; Choluteca, con 455 planteles; La Paz, con 403 planteles; Comayagua, con 439 planteles y Francisco Morazán, con 514 planteles.
Los monopolios que se apropian de la enseñanza
Mientras estas carencias aumentan el gobierno no desaprovecha para aprobar decretos que favorecen a las empresas de telecomunicaciones transnacionales con el argumento de fortalecer con tecnologías al sector educativo público. Tal es el caso, del decreto 33-2020 aprobado el pasado dos de abril en el Congreso Nacional, que faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para modificar los criterios de contratos suscritos a las telefónicas de servicio móvil o “celular”.
El pasado 20 de marzo en cadena nacional de radio y televisión, el gobernante Juan Hernández, en compañía de los representantes de las transnacionales de las telecomunicaciones, Tigo y Claro, brindó a la población la “oportunidad” de utilizar cincuenta mensajes gratis y cinco minutos de llamadas telefónicas diarias por un periodo de 30 días, durante el encierro. Este ofrecimiento, además de ser una burla para los usuarios que pagan exorbitantes cantidades por los servicios, fue el punto de partida de transacciones, que hasta el momento nadie conoce.
El ofrecimiento de los 50 mensajitos y los cinco minutos de llamadas gratis por parte de las empresas de telefonía móvil ha sido repudiado por los hondureños a través de las redes sociales. En la imagen el gobernante hondureño, Juan Hernández, junto al gerente de Claro, Froylan Ayón y al presidente ejecutivo de Tigo, Antonio Tavel Otero, el día que se hizo el anuncio en cadena nacional. (Foto: Presidencia de Honduras)
El teólogo y filósofo cubano, José Ignacio López Vigil, en una intervención en las Jornadas Internacionales: “El derecho ciudadano a informar y estar informado”, señaló que existe una concepción errónea sobre quién es el propietario de las frecuencias. La ciudadanía aduce que el Estado es el único dueño de ellas, sin embargo, esta falacia inyectada en el imaginario colectivo se implantó para justificar los monopolios estatales de la radiodifusión.
Para Vigil, las frecuencias son un bien colectivo, patrimonio común de la humanidad y debe reglamentarse en aras de promover el ejercicio de la libertad de expresión.
El docente Sergio Rivera cuestiona la entrega de ese rubro a manos de dos transnacionales como Tigo y Claro, a las que se otorgan privilegios, cuando en otros países se ven obligados a prestar los servicios de manera gratuita en los centros educativos.
“Hay una fuerte desconsideración con los estudiantes del área rural y con los estudiantes que no cuentan ni con computadoras ni recargas, recordemos que Honduras cuenta con los servicios más caros de la región en concepto de conectividad inalámbrica, dado que el Estado vendió a un precio muy bajo la exclusividad de explotar”, detalla Rivera.
«En Honduras la conectividad inalámbrica de internet no llega a la mayoría de la población, incluso, muchas regiones aún no cuentan ni con señal telefónica ni energía eléctrica; a mi criterio se hace una discriminación a los estudiantes rurales y pobres», puntualiza el docente.
De igual manera, el docente Luis Rodríguez Torty, problematiza en cuántos estudiantes cuentan con un teléfono inteligente, quiénes disponen de internet y herramientas, como las computadoras. Para él no existe una plataforma, una base de datos que evidencie quiénes tienen el acceso a los recursos detallados.
“No sabemos cuántos de ellos están tratando de sobrevivir, no solo al virus, sino que al hambre”, sostiene Rodríguez Torty, un exdirigente del Copemh, que se ha retirado de la dirigencia magisterial convencido de que los tentáculos de la corrupción también han llegado y se han quedado en ese gremio.
Los zapatos que no llegaron y las computadoras paralizadas
Durante el período presidencial del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) el embajador de Taiwán, Joseph Kuo hizo entrega de un donativo de cuatro millones de dólares, que representaba más de ochenta millones de lempiras, a la ministra de Presidencia, María Antonia Guillén y a la primera dama, Rosa Elena Bonilla.
Los fondos tendrían que ser utilizado para el fallido programa “Educactrachos” y la ampliación de los programas “Ver Para Aprender”. Además, la entrega de meriendas, uniformes, exámenes de la vista y lentes gratis.
Este programa se oficializó el cuatro de junio de 2011 en la escuela Mélida de Jesús Muñoz” de la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, por ser uno de los centros en cumplir los 200 días de clases programados.
El exmandatario prometió dotar con más de 100,000 computadoras a estudiantes y 2,751 para docentes y supervisores técnicos
El embajador de China Taiwán, John Lai, explicó durante la entrega que su país, se había comprometió en trabajar por la educación del pueblo hondureño, especialmente de aquellos que, por su condición, más lo necesitaban.
La sepultada Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), develó que la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, se apropió de fondos destinados a programas sociales, durante el período presidencial 2010- 2014. La red de corrupción que integró Bonilla se apoderó de doce millones de lempiras, a través de un blanqueo de capitales, según la misión anticorrupción de la OEA. En una de las cuentas manejadas por ella se contabilizaron ingresos de 94.6 millones de lempiras, provenientes de diversas fuentes, entre ellas de las donaciones otorgadas por Taiwán.
El 4 de septiembre de 2019, Bonilla fue condenada a 58 años de reclusión y al pago de una multa consistente al 10 % del valor de lo defraudado, es decir 1.277,897 lempiras, tras ser encontrada culpable por ocho delitos de fraude y un delito de apropiación indebida, por la sustracción de 12 millones de lempiras de fondos del Estado.
En el juicio contra la ex primera dama se evidenció que ocho personas que firmaron los contratos no eran zapateros y recibieron cheques por cantidades que alcanzaban hasta cien mil lempiras y a las personas que, si se dedican a este rubro, solo se les cancelaba con treinta mil lempiras y fueron un total de 86 zapateros reales los contratados.
Si las cantidades destinadas a programas sociales hubiesen recaído en manos limpias y los fondos no hubieran llegado a los bolsillos de quienes se sostienen mediante los pactos de impunidad, los niños y niñas tendrían el recuerdo de un gobierno que cumplió con el deber de brindar herramientas básicas para sobrellevar cualquier situación, incluso, la que se vive hoy en día.
La lucha que no se ganó y fortaleció la corrupción
Las calles eran tomadas en el verano de 2019, entre abril y mayo, para ser exactos. Desde lo alto se observaban sombrillas de múltiples colores, gabachas blancas, azules, una que otra colorida y al unísono se escuchaba: “menos cocaína, más medicina” “la educación pública no se vende, se respeta y se defiende”, fueron parte de las consignas que acompañaron a la paralizada Plataforma por la Defensa de la Educación y Salud en Honduras.
La Plataforma, integrada por los gremios de la salud y educación, tenía el objetivo de derogar varios decretos ejecutivos aprobados por el titular del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. Los decretos incluían la intervención en el sistema educativo y el sistema de salud, mediante compras y contrataciones directas como parte de un proceso de privatización, denunció en aquel entonces la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa.
Los días pasaron y la historia se repitió. El gobierno con las tácticas divisionistas logró que un sector de los supuestos dirigentes magisteriales se dejará endulzar el oído y la Plataforma cayó. De un momento a otro, se aprobaron otros PCM que contenían los mismos resultados que los primeros.
Estas imágenes evidencian la pujanza que tuvo en su momento la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación.
Hoy, el coronavirus pasa la factura a la corrupción y la descascara más con el debilitamiento de los sistemas de salud y educación.
“Muchos padres de familia y muchos sectores de la sociedad no nos comprendieron cuando andábamos en las calles defendiendo la educación y la salud pública. Porque el modelo neoliberal destruyó la educación pública, gratuita, laica y obligatoria”, rememora el docente Luis Rodríguez Torty.
El profesor nos ilustra que en los últimos diez años en el Instituto “Central” Vicente Cáceres las carencias son enormes, ya que el docente debe comprar los insumos como: marcadores, borradores y pizarras, por el deterioro de éstas.
“A partir del golpe de Estado ha habido un proceso de destrucción sistematizado de la educación y salud. Por lo tanto, ante la crisis queda evidenciado la destrucción del Estado y su papel como garante de la educación y salud, como derechos humanos y no como mercancías”, subraya.
Por su parte, Sergio Rivera, considera que lo más grave es que la Secretaría de Educación está siendo conducida por un político entusiasta, formado en el área de las ingenierías. Nunca ha impartido una clase, y desconoce los procesos administrativos de la educación, de allí que no proceden las denuncias de los padres de familia y los propios estudiantes debido a que hay un mando vertical, hay niveles de impunidad porque además del apoyo gubernamental el hábil ministro supo hacer alianzas con varios dirigentes magisteriales que no reclaman el derecho de sus agremiados, dice el expresidente del Copemh
Y advierte que la política errática de la secretaría de Educación aún no sabe qué hacer. Por una parte, declaran que no se tomarán como válidas las evaluaciones realizadas durante la cuarentena, pero a los docentes se les exige evidencias e informes de que han estado evaluando a los estudiantes, quieren fotografías de estudiantes haciendo evaluaciones, de chats, de clases en plataformas virtuales, estadísticas de evaluaciones, etc. Por otro lado, el retorno a clases solamente se podrá definir por recomendaciones científicas y de plena seguridad, recordando que la mayoría de nuestras aulas cuentan con gran número de estudiantes.
¿Qué alternativas pueden adoptarse?
“Para estas emergencias deberían elaborarse planes de contingencia educativa, adecuaciones curriculares, capacitación a los docentes en el manejo de la educación virtual, capacitación a los estudiantes para el uso de las plataformas virtuales, consideraciones sociales para la exigencia de tareas, exámenes e investigaciones”, considera Rivera.
En otros países de América Latina, las brechas digitales, lograron ponerse en un mismo nivel en los sistemas públicos y privados. Tal es el caso de Uruguay, que obtuvo aulas digitales aún en los lugares más remotos. En Chile los contenidos se desplegaron a través de guías y bibliotecas digitales. Perú está haciendo uso de los medios nacionales como la Televisión, la radio para emitir programas educativos y en el país vecino, Costa Rica, se trabaja con la estrategia “Aprendiendo en casa”, que consiste en la transmisión de contenidos mediante los medios digitales y estatales.
El informe del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional encuestó a 31,426 docentes en servicio. Según los detalles, el personal cuenta con alta conectividad de internet pero no con equipos como computadoras. Un 60 % dijo tener computadoras para fines personales o familiares. El sector urbano presenta una cifra baja en cuanto a la posesión de estos bienes.
Entre los métodos más utilizados para acercarse al estudiantado, están las llamadas telefónicas y grupos de WhatsApp con los responsables de los menores y el uso de correos electrónicos o aulas virtuales representa lo menos utilizado en el aislamiento.
Entre las recomendaciones que se ofrecen en el informe, destacan la paralización de toda actividad durante el mes de mayo y parte de junio para retomar las clases bajo el formato habitual con medidas sanitarias para los meses de junio y julio y reponer los meses perdidos durante el periodo de vacaciones. Según los docentes esta es la vía que visualizan más factible.
La otra es variar entre las clases virtuales y las presenciales, pero en zonas donde sea imposible por la falta de recursos, se debe alternar los días de clases para los grados cursantes.
Otra opción recae en resaltar un calendario de septiembre a junio, bajo un modelo semi presencial y los periodos entre abril y agosto se utilizarían para capacitar personal docente y elaborar materiales para distribuirlos entre los educandos y que las autoridades mejoren las condiciones de infraestructura de los centros escolares.
En Honduras, la mayor concentración de los medios informativos recae en las manos de empresarios y políticos, que juegan al estira y encoge con los derechos de la población. En cambio, los medios comunitarios solo cuentan con menos del 1 % del espectro radioeléctrico y algunas de ellas sufren persecución constante de parte de Conatel.
Si bien, los medios tradicionales son una inyección para la desinformación, en estos tiempos de confinamiento deberían prestarse para fomentar programas educativos que ayuden a los padres, madres, docentes y al educando a realizar las labores educativas y no perder el año escolar o, «regalarlo» como en los tiempos del golpe de Estado, que todos los estudiantes fueron promovidos al siguiente año lectivo.
Desde que la pandemia atravesó las fronteras hondureñas las promesas de las autoridades han sido permanentes. El gobierno ha pintado un escenario donde todos los ciudadanos tendrán garantizadas todas sus necesidades básicas. En educación se ofreció un sistema digital que no se ve por ningún lado. La preocupación crece en los y las estudiantes y los resultados no se visualizan.
Si el Ministro de Educación no apresura un plan que garantice el derecho a la educación en iguales condiciones, la tasa de analfabetismo ascenderá y la calidad educativa descenderá a niveles insospechados. Y los niños, niñas y adolescentes serán vistos en las calles limpiando parabrisas en las esquinas de cada semáforo, lustrando zapatos o, en el peor de los casos, reclutados por las maras y explotados sexualmente.
Tegucigalpa. –En 16 días el Ministerio Publico (MP) remitió un total de 129 casos de violencia domestica al Juzgado contra la Violencia Domestica y a la Dirección de Policía de Investigación (DPI), aunque administrativamente ambas instituciones se encuentran sin funcionar desde el pasado 15 de marzo de 2020 en apego a la suspensión de labores, amparada en el Decreto Ejecutivo PCM 201-2020.
De acuerdo con el boletín informativo del MP de fecha 23 de abril de 2020, del 6 al 22 de abril (16 días), se registraron 129 casos de violencia doméstica, es decir un promedio de ocho agresiones por día.
Las denuncias han sido remitidas por parte del MP a las instituciones estatales pertinentes, las que deberán esperar que se suspenda el toque de queda para iniciar el debido proceso: “A todas se les ha dado admisión y se encuentran a la espera de la asignación de un expediente. En estos casos de dará fecha de audiencia una vez normalizada la actividad laboral en el Poder Judicial”, dice el texto, lo que implica que las víctimas deberán esperar hasta que las labores se normalicen.
Según el MP, de los 129 agresores, 31 fueron detenidos en flagrancia por violencia doméstica, los cuales fueron remitidos a los despachos judiciales. De manera inmediata 16 de los 31 agresores entraron a audiencia con la parte, a quienes se les impuso medidas de seguridad, medidas cautelares y en algunos casos medidas precautorias.
De las mujeres que denunciaron agresiones del 6 al 22 de abril, sólo el 12.5% tuvo acceso a una justicia inicial.
Desde el 15 de marzo del presente año, como medida de previsión ante la epidemia del Covid-19, el Gobierno de Honduras impuso un toque de queda que obliga a la ciudadanía a quedarse en sus casas.
Diario tormento: con o sin pandemia siempre hay violencia contra las mujeres
Para Sara Tome, defensora de los derechos de las mujeres, históricamente en Honduras las mujeres han sido víctimas eternas de la violencia, dentro de un sistema de justicia patriarcal al que no le importa la vida de las mujeres.
“Desde los años noventa que se empezó a impulsar iniciativas y mecanismos de protección a las mujeres, frente a la violencia de Estado patriarcal al que no le interesa la vida ni la seguridad de las mujeres, no ha hecho esfuerzos para garantizar la vida de las mujeres”, denunció Tomé.
Datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establecen que en el año 2019 ingresó un promedio de 58 denuncias diarias por violencia doméstica, y en los últimos 10 años el promedio anual de denuncias ingresados a la Corte es de 20,523 casos.
Entre tanto, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, publicó en junio de 2019 que el 72% de las resoluciones son caducadas, lo que significa que las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia doméstica no continúan con el proceso por diversas causas, entre ellas, lo tardío del proceso.
En el contexto de la actual pandemia, el confinamiento provoca un incremento en la violencia, ya que el ámbito doméstico es el espacio de explotación, violación y desigualdad, asegura Tomé.
“La violencia se intensifica porque el ámbito doméstico representa para algunas mujeres mayor vulnerabilidad e indefensión, puesto que aumentan las tareas que recaen en las mujeres y éstas a su vez delegan a sus hijas mujeres el apoyo en las mismas”, preciso la defensora.
Otro factor que contribuye a la violencia, según Tomé, es la frustración económica, ya que cuando “los hombres no tienen trabajo y los niños piden comida, las mujeres les piden a los hombres, lo que crea frustración y estrés por no poder cubrir esta necesidad básica”.
Con base al artículo 4, párrafo cuatro de la Ley Contra la Violencia Doméstica, el Poder Judicial instruyó desde el 16 de abril a los Juzgados de Paz Penales y Mixtos, darle una especial atención a las denuncias por violencia doméstica.
«A los efectos de dicha ley, todos los días y horas son hábiles para la práctica de actuaciones», refiere el artículo 4. Sin embrago, la defensora de los derechos de las mujeres, Sara Tomé, denunció que no se está cumpliendo con la atención especial por violencia doméstica. “El 911 está en manos de personal sin conciencia que no prioriza la violencia, a ellos no les importan las denuncias por violencia doméstica, su enfoque es el coronavirus”, enfatizó.
La defensora dijo que el hecho de que a raíz del confinamiento no haya servicio de transporte público, también abona para que las mujeres no puedan interponer las denuncias de manera presencial. En tal sentido habrá que dimensionar los casos de mujeres que no pueden acceder a la denuncia y continúan engullidas en el ciclo de la violencia, durante la medida de aislamiento social para combatir la epidemia del Covid-19.
