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Sociedad civil exige un verdadero estado de derecho

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Los panelistas del foro “Caiga quien Caiga” demandaron despolitizar el Estado hondureño. Al foro asistieron políticos, académicos y representantes de la sociedad civil.

Por: Redacción CRITERIO

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En un concurrido foro denominado “Caiga quien Caiga”, representantes de la sociedad civil hondureña, demandaron mejores practicas de un Estado de Derecho para adecentar la justicia y deducir responsabilidad penal contra los partícipes de actos de corrupción que se han puesto a la luz en los últimos días.

Los participantes coincidieron en la imperiosa necesidad de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI), que conlleve a un proceso de salvar la institucionalidad, porque actualmente no hay independencia de poderes.

También propusieron que se elimine  la politización en la  integración de la nueva Corte Suprema Justicia (CJS), acto previsto para enero del próximo año, de acuerdo al mandato constitucional.

Asimismo pidieron la presencia de fiscales internacionales que apoyen al Ministerio Público para que ejerza su función de ponerles límites a los funcionarios, a los políticos y a los empresarios que se creen estar por encima de la ley.

El grupo de panelistas estuvo encabezado por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos; el economista, Hugo Noé Pino; el representante de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández y Omar Rivera, director ejecutivo de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), esta última instancia, organizadora de la actividad que se desarrolló en un hotel capitalino.

La rectora de la UNAH, Julita Castellanos, dijo que la falta de transparencia ha incidido en todo lo que ha pasado con las instituciones de previsión, siendo el caso más emblemático el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde se registró un fraude de 7,000 millones de lempiras (unos 350 millones de dólares).

Castellanos manifestó que en los últimos días ha visto el clamor popular, mediante el cual se exige justicia para quienes defalcaron el IHSS, lo que le genera ánimo y esperanza.

Por el escenario que se vive, dijo que, es “mejor ver desmoronarse la institucionalidad que se desmorone la sociedad”.

También, expresó que espera que los políticos rectifiquen y  piensen en el futuro de sus  hijos y de la sociedad en general, porque las autoridades deben dar el ejemplo de integridad y transparencia.

Consideró que mientras los que gobiernen Honduras no den indicios de ser funcionarios íntegros y responsables en el manejo correcto de los fondos, la corrupción no será erradicada.

Añadió que si por ahora el Estado no le pone límites a la voracidad de los empresarios y clase política, “no habrá cuando”. Los empresarios deben competir con sus productos ofreciendo mejores precios, pero no deben enriquecerse con la muerte la sangre y el sufrimiento de la gente más pobre, acotó.

Castellanos señaló que una costumbre en Honduras es que los empresarios terminan creando fundaciones, para limpiarle el rostro a sus empresas, pero “no se vale que donen en sus fundaciones si esos dineros salen de la corrupción y de los negocios que hacen con el Estado”.

El presidente de Transparencia Internacional para Homnduras, Carlos Hernández, expresó que este es el momento de exigir que se desvincule la política de los entes operadores de justicia.

“El pueblo hondureño debemos mantenernos en pie de lucha, exigiendo y demandando no a la politización”, apuntó, al tiempo que aseguró que ya se han escuchado rumores de quienes podrían integrar la nueva Corte Suprema de Justicia, pero que eso no se puede dar.

“Tenemos que recuperar esas instituciones y que esas instituciones estén al servicio del pueblo hondureño”, enfatizó.

“Ante la falta de credibilidad, nosotros estamos  proponiendo un equipo de fiscales internacionales que vengan y que apoyen a la Fiscalía y que haya veeduría social para ver si en efecto existe la voluntad política y el interés que los casos de corrupción avancen”, añadió.

Aclaró que la presencia de los fiscales internacionales es al margen de que el gobierno solicite la instalación de la CICI y que su labor estará supeditada a la veeduría social y que tampoco tendrán función penal.

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