Por: Luis Escalante
Tegucigalpa. – Una vez que se les convoque en asamblea, las organizaciones de sociedad civil, que tendrán un representante titular y un suplente en la Junta Nominadora, esperan ser tomados en cuenta durante el proceso de nominación y elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Previo a la aprobación de la nueva ley, aseguran algunos sectores, la socialización fue «selectiva» y «excluyente».
La madrugada del 19 de julio, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una normativa que vendrá a sustituir a la anterior ley que, entre 2001 y 2016, rigió tres procesos de nominación y elección de las más altas magistraturas del Poder Judicial.
A pesar de que la nueva normativa difiere en gran medida con su predecesora, algunos representantes de la sociedad civil, entre ellos el director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno Coto, han asegurado a Criterio.hn que el proceso de socialización previo a su aprobación, además de su superficialidad, se caracterizó por ser «selectivo» y «excluyente»
«No es tanto que la ley no haya sido socializada, sino que se ha realizado con un grupo muy reducido. Podemos decir que solo ha sido socializada entre sectores élite de la sociedad civil, por lo que ha existido en ella una especie de incoherencia», indicó Moreno Coto.
Una vez que la Junta Nominadora sea instalada, que se prevé que ocurra durante la primera quincena de septiembre, la Secretaría de Transparencia convocará en una asamblea a las organizaciones de sociedad civil que acrediten el diseño y la ejecución de proyectos relacionados con derechos humanos y justicia. A diferencia de procesos anteriores, a estas agrupaciones no se les exigirá un registro en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, una novedad que a través de sus diputados el oficialismo ha calificado de «incluyente» y la oposición de «opaca».
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El pasado 29 de junio, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se reunió con la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), una plataforma que aglutina a 29 organizaciones de sociedad civil enfocada a contribuir al fortalecimiento del deteriorado sistema judicial hondureño. Durante el encuentro, la ACTJ realizó sugerencias a 22 de los 28 artículos de la ley, que está pronta a ser promulgada por la presidenta Xiomara Castro, y desarrolló una buena parte de la redacción del artículo seis, que establece el proceso de elección de los representes de la sociedad civil.
«Desafortunadamente fuimos nosotros, como plataforma, quienes buscamos a la comisión de dictamen y no ellos a nosotros. A pesar de ello, nos alegramos de haber sido recibidos con mucha amabilidad y prontitud. También nos satisface que muchas de nuestras sugerencias hayan aparecido en el dictamen que se le presentó a los diputados», comentó a Criterio.hn la representante de la ACTJ, Jimena García, quien lamentó que el 18 y 19 de julio, cuando los diputados y diputadas aprobaron la ley en su totalidad, no se les permitiera ingresar a las instalaciones del Legislativo.
Por otra parte, desde la perspectiva del autor de la ley que regirá el proceso en cuestión y también ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, otorgarle un calificativo a la inclusión de organizaciones de sociedad civil sin el registro especificado, acerca de si será útil o no, no representa relevancia. «Entiendo que se hizo así porque hay varias organizaciones de reciente creación que, aunque han influido en la elaboración de la ley a través de sugerencias, todavía no cuentan con una personería jurídica», dijo Orellana a Criterio.hn.
NIMD: BUEN ACIERTO DE LA LEY
Contrario a la postura que ha caracterizado a diputados de la oposición, sobre todo del conservador Partido Nacional, quienes han señalado que el artículo seis abrirá puertas a «injerencias ideológicas y político-partidarias», analistas consultados por Criterio.hn han concluido que, debido al amplio espectro y a la carencia de mecanismos reales de selección en cuanto a coordinación y representación, permitir a organizaciones de sociedad civil de reciente creación, pero que han desarrollado trabajos destacables, es uno de los elementos más destacables de la nueva ley de nominación y elección de magistrados de la Corte.
El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, sigla en inglés), Luis León, expresó a este medio de comunicación que «abrirle la oportunidad a organizaciones que no son tomadas en cuenta, pero que son beligerantes, puede democratizar de alguna manera la representación de la sociedad civil».
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En anteriores procesos, como el que dio paso a la elección de la actual y controvertida Corte Suprema de Justicia –la que avaló, por ejemplo, la inconstitucional reelección del expresidente y actualmente procesado por narcotráfico en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández–, se denunció influencia de parte de grupos de poder y estructuras del crimen organizado en cuanto a la designación y representación de la sociedad civil en la Junta Nominadora.
«Debido a que los últimos representantes de la sociedad civil se han cuestionado en Honduras porque no han sido elegidos por la propia sociedad y porque han tenido las características de haber representado a solo un sector, me parece un buen acierto de la ley», añadió León.
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PADRE MELO: PROCESO SERÍA SIMILAR A ANTERIORES
A pesar de las novedades presentes en la ley, al menos desde la perspectiva de Ismael Moreno Coto, también conocido como Padre Melo, la poca socialización que hubo durante su realización puede ser un preámbulo a lo que ocurrirá durante el resto del proceso de nominación y elección que concluirá el 23 de enero de 2023 con la selección, por parte de los 128 diputados –con el voto mínimo de 86 de ellos–, de los 15 abogados y notarios que fungirán como magistrados de la Corte entre 2023 y 2030.
«Creo que el resto de las decisiones tampoco van a ser discutidas por todos los sectores de la sociedad, sino que quedarán en manos de los de siempre, los propietarios de los partidos políticos, que siempre han diseñado a su antojo el órgano impartidor de justicia», concluyó Moreno Coto, quien agregó que, a la postre, los representantes de la sociedad civil más bien figurarán como «legitimadores» de un proceso en el que «quienes toman las decisiones están en contra de los intereses de la sociedad».
