Tegucigalpa. – La consciencia social, restructuración y la transformación del pensamiento de las fuerzas de seguridad del Estado, sería el primer paso relevante que hace falta para cumplir con los tratados, convenios, y hasta con las medidas de reparación dictadas contra el Estado de Honduras por infringir los derechos humanos en general, incluyendo a las poblaciones LGBTIQ+.
Así desglosa la coordinadora de la implementación de la Convención de Belem do Pará y es la Secretaria Técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía, en entrevista exclusiva con Criterio.hn, quien expuso que los procesos para eliminar la violencia tienen que iniciar cuanto antes.
El caso de Vicky Hernández Vs Honduras se debe mantener en debate en la agenda política nacional junto a la sentencia contra el Estado de Honduras, y esos debates no inician solos desde el Estado o desde el gobierno, estos pueden empezar desde muchos espacios.
En la medida que haya más conciencia social sobre los temas que se quieren abordar, hay más posibilidades para obligar a un gobierno que no quiera participar.
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Por ejemplo, es contradictorio que, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), ordenó al Estado como medida de reparación de la sentencia por el caso Vicky Hernández Vs Honduras, llevar a cabo el proceso de cambio de nombre en su DNI según la identidad de género auto percibida, quienes estén encargados de desarrollar ese procedimiento para implementar la Ley de Identidad no tengan esa concientización en el tema, lo cual hace que el Estado pierda se vea mal internacionalmente.
A la fecha, el Estado de Honduras no ha accionado concretamente para dar cumplimiento a las medidas de reparación dictadas en 2021 por la Corte-IDH, luego de la condena a Honduras por el asesinato de la líder transgénero Vicky Hernández, la misma noche del golpe de Estado en manos de las Fuerzas Armadas, es decir, la orden de implementar la Ley de Identidad o el matrimonio igualitario siguen rezagados y hasta satanizados, sobre todo por las élites de poder.
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ESTADO DE HONDURAS SIGUE DESESTIMANDO SENTENCIAS DE CORTE-IDH
La representante de MESECVI, apuntó que se trata de un trabajo completo y complejo que tiene que incorporar a todas las fuerzas vivas del país por más resistencia que exista. En los temas de género, tiene que participar los sectores progresistas, la academia y todos los que pueden aportar a la transformación.
Lo que sucede con muchas de las leyes que se crean, por ejemplo, ejecutar una sentencia de la Corte-IDH puede tomar muchos años, porque lo más fácil es satisfacer la parte pecuniaria, es decir, que el gobierno dé a la familia de Vicky Hernández unos USD 10 mil, pero eso no resolverá la situación de peligro que viven las poblaciones LGBTIQ+.
Desestimar las sentencias contra el Estado de Honduras y que no exista protección para las poblaciones diversas, en este caso para la comunidad transgénero, permite que se sientan vulnerables ante los cuerpos de seguridad del Estado.
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“Lo que hace que las mujeres trans se puedan sentir seguras frente a los órganos de seguridad del Estado es una transformación del pensamiento del funcionario de seguridad, quien se cree en el derecho a reprimir a una persona trans por el hecho de ser una persona trans, con abuso de poder, uso excesivo de la fuerza, etcétera”, apuntó Mejía.
Un caso reciente denunciado por abuso de autoridad y uso de la fuerza de la Policía Nacional en contra una mujer transgénero, fue denunciado a finales de agosto por la Organización Iguales y el Comité LGBTI del Valle de Sula.
Según las organizaciones que reportaron esta denuncia ante el medio Reportar sin Miedo, explicaron que los oficiales de la Policía detuvieron a una mujer trans y la llevaron desde el barrio Guamilito a una posta en la colonia Armenta, en San Pedro Sula, porque ella y otras personas que la acompañaban no quisieron pagar la extorsión que los policías les exigían.
Lo anterior fortalece lo expresado por Mejía, sobre que, el objetivo debería ser transformar la forma de pensar actual de los entes de seguridad del Estado sobre las poblaciones LGBTIQ+. Eso mismo, debe hacerse para el conocimiento y respeto de los derechos de las mujeres y poblaciones indígenas.
Lo anterior, porque el pensamiento imperante es que son minoría, que están solos y solas, que son gente subordinada, con menos valor, que su vida es menos importante, todo eso, es lo que debe transformarse.
“Las leyes son importantes para la transformación social que acompaña, por eso, la ley tiene que ser parte de una política de Estado sistemática permanente acompañada de una sociedad civil fuerte”, destacó Mejía a este medio digital.
