Por: Redacción CRITERIO.HN
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Foto portada: Cofadeh
Tegucigalpa. Organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales repudiaron el asesinato del líder indígena y defensor del territorio Lenca Juan Carlos Cerros Escalante, ocurrido el domingo 21 de marzo a inmediaciones de una iglesia católica en Nueva Granada, en el municipio de San Antonio, Cortés.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció por Twitter el crimen cometido contra el líder indígena originario del municipio de Chinda en Santa Bárbara, donde coordinó las Comunidades Unidas de Chinda y fue miembro del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
Cerros Escalante fue opositor de la represa hidroeléctrica «El Tornillito» en el departamento de Cortés, y tenía medidas de protección por el Mecanismo Nacional de Protección tras sufrir un atentado, informó la coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Betty Vásquez al sitio Defensores en Línea.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del líder indigena y defensor del territorio lenca. Asimismo exhortó al Estado de Honduras a investigar diligentemente el crimen bajo un enfoque étnico-racial incluyendo la hipótesis de defensa del territorio.
El Foro Mujeres por la Vida también denunció y repudió, la persecución, los crímenes de odio en contra de las y los defensores de la vida, de los bienes naturales y comunes. Además exigieron que «se investigue y se penalice a los autores intelectuales y materiales para que no quede en la impunidad».
La coalición Rights and Resources Initiative (RRI) se pronunció con respecto al crimen y condenó «el violento asesinato del ambientalista y líder Juan Carlos Cerros Escalante» y recordó que Cerros Escalante luchó contra la construcción de la presa hidroeléctrica «El Tornillito» que amenaza a diez comunidades.
El pasado 3 de marzo se cumplió el quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y ambientales, quien junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras lideró la resistencia contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
- Nota relacionada: Autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres aún gozan de impunidad
El confinamiento motivado por la pandemia del Covid-19 ha dejado una estela de muerte, represión y desaparecidos en pueblos indígenas y negros en Honduras, un grupo poblacional que se estima representa el 10% de la población hondureña [unas 934,000 personas], distribuida en nueve grupos étnicos.
La persecución y violencia es la respuesta del Estado de Honduras a comunidades indígenas y negras que defienden sus territorios, afirmó a Criterio.hn el año pasado, la abogada y enlace de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Naama López, tras la desaparición forzada de cinco jóvenes garífunas.
