Defensa de JOH asegura que los fiscales no les han entregado todas las pruebas
Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.- Después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la defensa del expresidente, Juan Orlando Hernández, acordaron reprogramar la audiencia de presentación de pruebas contra el acusado, lo único que se deduce es una extensión a su agonía, pues la Fiscalía asegura tener las pruebas suficientes para hundirlo.
«Postergar la audiencia es normal, es un derecho, lo que se busca es proteger los derechos del imputado. Si la defensa dice que un medio de prueba todavía no lo tiene, eso deja indefenso al acusado. Pero eso no cambia el criterio que pueda tener el juez, el Tribunal o la Corte, solo alarga los tiempos», explicó a Criterio.hn el abogado criminalista, Gonzalo Sánchez.
Hernández, extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril y acusado por tres cargos de tráfico de drogas y armas, tenía previsto presentarse -junto a su equipo de defensa- ante el juez Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el próximo 28 de septiembre.
Allí, durante esa audiencia, se esperaba que los fiscales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentaran los medios de prueba contra el expresidente Hernández, y que la defensa los rebatiera.
Sin embargo, según indicó recientemente el abogado Raymond Colon -defensor de Hernández-, la celebración de la audiencia pasó al 27 de octubre. El defensor explicó que la postergación corresponde a que la Fiscalía no les ha entregado todas las pruebas.
«Una semana atrás me llamó la Fiscalía y me preguntó qué haríamos en la audiencia. Sencillo, yo pregunté ‘dónde están las pruebas que me deben'», expresó en las últimas horas Colon.
A inicio de julio, Colon informó que la Fiscalía le había entregado un disco duro con 1,000 GB (1 TB) de pruebas, aunque aseguró que «no había nada que lo vinculara (a Hernández) con narcotraficantes».
Aún así, existe información clasificada a la que Raymond Colon, ni ningún otro integrante de la defensa de JOH -como se le conoce al exmandatario hondureño-, no tiene acceso. El defensor ha insistido en que, de mantenerse clasificadas esas pruebas, «se violentaría el debido proceso».
Kevin Castel, juez que conoce el caso de JOH ordenó, a solicitud de la Fiscalía y en obediencia a la Ley de Procedimientos de Información Clasificado (CIPA en inglés), mantener en secreto, hasta noviembre de 2022, toda la información que pudiera hundir a Hernández.
Los vaciados telefónicos también permanecen bajo secretividad.
«El gobierno admitió que tenían información clasificada, voy a hacer un pedido al juez Castel para que descarten los cargos porque sin esa información no voy a poder formar una defensa apropiada y comprensiva le van a negar el derecho al debido proceso y un juicio justo», dijo Colon a mediados de julio.
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Al margen de ello, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York asegura contar con la suficiente carga probatoria que compruebe la participación de Juan Orlando Hernández en actividades de narcotráfico.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre 2004 y 2022, el expresidente hondureño conspiró en el tráfico de 500,000 toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Además de ello, haciendo uso de su influencia política, habría ofrecido protección a narcotraficantes hondureños y de otros países. A cambio, se habría visto beneficiado con millonarios desembolsos que le sirvieron, de acuerdo con la acusación, para financiar sus campañas como aspirante a diputado y como candidato presidencial.
Hernández fue presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, y de allí dio el salto a la presidencia de la República, de 2014 a 2022, aunque su segundo período, legitimado por un inconstitucional fallo de la Corte Suprema, fue ilegal.
JOH EN LA MIRA DESDE 2021
Durante el juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes, en marzo de 2021, la Fiscalía había ofrecido evidencia que vinculaba a JOH y a su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, en la conspiración para traficar cocaína. Su hermano enfrenta una cadena perpetua.
A raíz de ello, y de otras serias vinculaciones con el negocio ilícito, la justicia de Estados Unidos le había revocado la visa a Hernández desde mediados de julio de 2021, meses antes de dejar el poder el 27 de enero y entregárselo a la presidenta Xiomara Castro.
Finalmente, el 15 de febrero de 2022 se solicitó su extradición al Estado hondureño y dos meses después, el 21 de abril, se consumó su traslado hacia la nación norteamericana. Desde entonces, Hernández permanece recluido en una cárcel de Nueva York a la espera del juicio que, se prevé, iniciará a en enero de 2023.
