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Reporteros sin Fronteras pide al gobierno de Honduras frenar ataques contra la prensa

Reporteros Sin Fronteras

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Pide además la creación de una Fiscalía especializada para ataques a periodistas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió este martes al gobierno de Honduras que desmantele todas les leyes que atentan contra la libertad de expresión y el cese de ataques a los periodistas independientes.

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La petición la hizo el director de RSF para América Latina, Emmanuel Colombié, quien se encuentra en Tegucigalpa haciendo una visita exploratoria para conocer in situ la situación por la que atraviesan los medios de comunicación, periodistas, comunicadores sociales y el cumplimiento de las garantías sobre la libertad de expresión.

Previo a hacer las demandas al gobierno que encabeza Juan Hernández, Colombié, informó que Honduras se encuentra entre los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo, ocupando el puesto 140 de 180 países alrededor del mundo. Citó que en América Latina es superado únicamente por Cuba, México y Venezuela.

A continuación las demandas de Reporteros Sin Fronteras:

Pedimos desmantelar las leyes que atentan contra la libertad de prensa en Honduras y crear un marco legal propicio para que los periodistas puedan ejercer su profesión sin miedo.

Pedimos reforma de la ley sobre acceso a la información pública.

Pedimos a los representantes del estado que promuevan un discurso de dignificación de la profesión: no importa quién la ejerza, lo que importa es la libertad de prensa, el debate constante etc.

La creación de una fiscalía especializada para ataques a periodistas.

Pedimos al  Ministerio Público crear un protocolo especial para investigaciones de  ataques y crímenes contra periodistas.

Pedimos al Ministerio Público más informaciones y transparencia sobre las investigaciones, no se puede utilizar sistemáticamente el argumento de obstrucción de las investigaciones o violaciones a las leyes.

Pedimos al sistema judicial que sus actuaciones sean enmarcadas en los tratados y convenios internacionales sobre libertad de prensa, cuando se refiera al ejercicio del periodismo, es decir despenalizar la difamación, y la calumnia.

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