Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Cuatro relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicaron en conjunto una carta de alegaciones dirigida al Estado de Honduras en el que expresan su «profunda preocupación» por la judicialización y prisión preventiva de Víctor Vásquez y José Santos Vijil, defensores indígenas de derechos humanos del departamento de La Paz.
La misiva es suscrita por la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez Damary; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calix Tzay.
En la misma, señalan que las acusaciones presentadas contra Vásquez y Vijil y las decisiones adoptadas, particularmente la que refiere al mantenimiento de la medida de prisión preventiva, parecerían no estar sustentadas por pruebas objetivas.
Víctor Vásquez y José Santos Vijil fueron detenidos el 11 y 9 de diciembre, respectivamente, luego de que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal el 1 de diciembre por los delitos de robo con fuerza agravado, daños y desplazamiento forzado. Los dos primeros delitos fueron objeto de sobreseimiento provisional. Sin embargo, se les dictó auto de formal procesamiento por el supuesto delito de desplazamiento forzado.
Las relatorías destacaron «la relevancia de este caso en el contexto de Honduras, en el que los defensores de los derechos humanos indígenas y de la tierra son los que están más expuestos a los riesgos y a los ataques; incluyendo la criminalización del ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y del derecho a la libertad de expresión».
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También resaltaron su «preocupación ante la utilización por parte del Ministerio Público del tipo penal de desplazamiento forzado mediante una acusación que aparentemente estaría desprovista de contexto y desvinculada de las circunstancias que motivan la creación de dicho penal. Recordamos que este tipo penal se establece como respuesta al desplazamiento forzado que ocurre como consecuencia de la violencia generalizada y el crimen organizado».
Por esto último, piden al Estado proporcionar información sobre la base jurídica para la detención preventiva y sobre las garantías del debido proceso en este caso, especialmente a la luz del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y políticos (PIDCP)
RELATORES SE REFIEREN AL ASESINATO DE LÍDER INDÍGENA EN LA PAZ
El 26 de diciembre de 2020, fue asesinado el defensor de los derechos de la tierra, territorio y medio ambiente, Félix Vásquez, en la comunidad del Ocotal, municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz.
Previamente en octubre había denunciado amenazas de muerte en su contra y en contra de Víctor Vásquez, detallando que los propietarios de un terreno privado colindante con la comunidad campesina de Nueva Esperanza habrían contratado a sicarios para materializar las amenazas.
Además, especificaron que diez días antes de su homicidio, Félix Vásquez, fue uno de los activistas que integró una protesta ante el juzgado de La Paz, exigiendo la liberación de Víctor Vásquez.
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Los relatores especiales expresaron su «grave preocupación» por el asesinato de Félix Vásquez y señalaron que de acuerdo a la información que han recibido «parecería indicar que el departamento de La Paz enfrenta actualmente una situación de profunda inseguridad para quienes defienden los derechos humanos, especialmente indígenas y campesinos».
El confinamiento durante la pandemia de Covid-19 dejó muerte, represión y desaparecidos en los pueblos indígenas y negros de Honduras. De acuerdo con el informe “El abandono tiene rostro y consecuencias”, presentado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y Oxfam, el confinamiento ha sido utilizado como carta blanca en beneficio de los proyectos extractivos.
