Tegucigalpa.- La Relatora Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, manifestó vía Twitter su preocupación ante los informes recibidos desde Honduras indicando que sigue abierta la investigación contra la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, y el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora.
En ese mismo posteo, Lawlor compartió el enlace a una carta dirigida al Gobierno de Honduras el 6 de octubre en la cual ella y la presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, solicitan información para clarificar los alegatos sobre los hechos que llevaron a la apertura de una investigación contra los defensores y la ausencia de avances sobre el paradero de los cuatro garífunas de Triunfo de la Cruz desaparecidos en julio 2020.
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En la misiva, indican que agradecerían recibir una respuesta en un plazo de 60 días, y que, pasado este tiempo, harían pública la comunicación y cualquier respuesta recibida del “Gobierno de su Excelencia”. La carta fue enviada al Gobierno de Honduras y no menciona por nombre a la presidenta Xiomara Castro, pero si hace nueve referencias a su “Excelencia”, dando por sentado que la misma iba dirigida a la mandataria.
En la página web de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se especificó que la comunicación permaneció confidencial por 60 días, durante los cuales se esperó la respuesta del gobierno. “Lamentablemente, el Gobierno no respondió dentro de este plazo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU”, especificó el anuncio.
Ante el silencio del gobierno, el Bufete Justicia para los Pueblos, en el que labora el abogado Edy Tábora, lamentó desde sus redes sociales que el Estado hondureño no respondiera a la comunicación de la relatora Mary Lawlor, pese a que Honduras es parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
PETICIÓN CONTENIDA EN LA CARTA
En la carta firmada por Lawlor y Baldé, señalan que sin prejuzgar los hechos alegados, expresan su preocupación ante la investigación supuestamente abierta contra la coordinadora de la Ofraneh y el abogado Tábora, “que parecería un acto de represalía directamente relacionado con el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica”.
Señalaron que “resulta profundamente preocupante que personas defensoras de los derechos humanos se vean expuestos a procesos judiciales y la posible privación de su libertad por haber ejercido pacíficamente sus derechos para exigir el cumplimiento del Estado con sus obligaciones en materia del derecho internacional y regional de los derechos humanos”.
Además, manifestaron su inquietud que la criminalización contra los defensores de derechos humanos estigmatice la búsqueda de verdad y justicia de la comunidad de Triunfo de la Cruz en el caso de la desaparición forzada de los cuatro jóvenes en julio de 2020. Asimismo, remarcaron su preocupación ante la presunta ausencia de avances en el caso y el supuesto rechazo de la demanda de la Comunidad de participar de manera activa en la investigación.
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De igual forma, solicitaron al Gobierno de Honduras proporcionar información detallada sobre el motivo y base legal de la investigación contra Miriam Miranda y Edy Tábora, así como del estado de la investigación sobre la presunta desaparición forzada de los cuatro miembros y las actividades de búsqueda realizadas para establecer y dar a conocer su suerte y paradero.
ANTECEDENTES
El 18 de julio de 2020, en medio del estado de excepción decretado por la pandemia de covid, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía, Alber Santana Thomas y Snider Centeno, fueron sacados por la fuerza de sus casas de habitación por hombres armados que vestían indumentaria policial.
En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó medidas provisionales requiriendo al Estado de Honduras la adopción de medidas para determinar el paradero de los cuatro miembros de la comunidad y para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los integrantes de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz.
Ante el silencio estatal, la Ofraneh y familiares de los cuatro jóvenes garífunas desaparecidos crearon en febrero de 2021, el Comité de Búsqueda e Investigación de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz, conocido como SUNLA, y del cual el abogado Tábora es integrante de la mesa jurídica.
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El 9 de agosto de 2022, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, integrantes de 46 comunidades garífunas junto a miembros de poblaciones indígenas lenca, maya chortí, tolupán y tawahka, acuerparon a la Ofraneh y al SUNLA en una manifestación pacífica dentro y fuera de las oficinas del Ministerio Público. El abogado Edy Tábora acompañaba a los manifestantes como su representante legal.
Las exigencias fueron la continuación en la búsqueda e investigación por la desaparición de los cuatro garífunas y la incorporación de SUNLA en la investigación y el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH sobre el caso, así como de la sentencia que el tribunal regional emitió en favor de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida.
No obstante, durante la movilización, el fiscal general adjunto Daniel Sibrián promovió violencia contra pueblos indígenas y negros durante movilización pacífica, al solicitar a la Secretaría de Seguridad el resguardo de las instalaciones. Posteriormente, indicando que la Dirección Policial de Investigación (DPI) estaba llevando el caso.
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El 17 de agosto, la Fiscalía Contra los Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), confirmaron que se había abierto una investigación penal contra la coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda; el representante legal y abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora; y una tercera persona. Los defensores de derechos humanos estarían acusadas de “perturbación del orden” y de “privación ilegal de la libertad”.
Criterio.hn contactó a la dirección de comunicación de la Secretaría de Derechos Humanos, por ser la instancia pertinente, para conocer la versión del gobierno sobre la ausencia de respuesta a la carta de las relatorías. No obstante, al momento de esta publicación (06:50 pm), después de cuatro comunicaciones con esta entidad no se obtuvo respuesta definitiva sobre las averiguaciones realizadas.
