Tegucigalpa. El experto en materia penal internacional y consultor del Código Penal para Honduras, el doctor Francisco Javier Álvarez García, declaró en entrevista exclusiva a Criterio.hn que las recientes reformas a la normativa son consideradas como “el doble asesinado de Berta Cáceres”.
El pasado jueves 7 de octubre, los diputados del Congreso Nacional de Honduras, valiéndose de un feriado nacional y un espectáculo deportivo, aprobaron un sinfín de reformas al recién instaurado Código Penal que blindó aún más la lucha contra la corrupción, se penalizó las protestas sociales y se otorgó exoneraciones a los congresistas y a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que no es más que la venta del territorio nacional y la soberanía.
Para el penalista español contratado por el Estado de Honduras como consultor del Código Penal, con las reformas que entraron en vigencia el primero de noviembre, se laceró y sepultó los derechos de las comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes de la nación centroamericana calificándolo como la segunda muerte de Berta Cáceres.
“Se quiere volver a la represión más dura en materia de usurpación ya sea de aguas o tierras, esto para mí significa la doble muerte de Berta Cáceres, por eso digo que esta legislación es de dictadura”, aseveró.
Berta Isabel Cáceres Flores fue una reconocida líder indígena de la comunidad Lenca, activista de derechos humanos y defensora del medio ambiente, asesinada un 2 de marzo de 2016 por estructuras de poder político corrupto de Honduras. Ganó el premio Goldman, mayor reconcomiendo a nivel internacional por la defensa de la naturaleza y el medio ambiente.
Además, Álvarez reveló que la normativa aprobada en 2017 por los congresistas hondureños es contraria a lo que se elaboró en 2014 en la Comisión de Dictamen junto con los expertos y representantes de las instituciones nacionales.
El artículo 613 de la ley contemplaba literalmente, en su segundo párrafo, que “el ejercicio legítimo del derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la conservación y uso de fuentes naturales de agua no se considera desvió, obstaculización o impedimento a los efectos del delito de usurpación de agua. Los conflictos que puedan surgir con el uso de las aguas deben encausarse por la vía civil”.
Es decir que, los defensores del ambiente y el agua no serían criminalizados por las acciones de protección de los recursos naturales de sus comunidades como sucede en la comunidad de Guapinol, en el departamento de Colón o en Zacate Grande, Amapala, sin embargo, el párrafo fue derogado en su totalidad.
“Con estas reformas solo hace falta leer que va justamente en la dirección contraria a la protección de los derechos de la generalidad de los ciudadanos hondureños y se apunta exclusivamente a apoyar y defender las pretensiones de las personas que están sentados en las mesas del poder”, cuestionó.
Asimismo el experto aseguró que lo acordado en la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional se mejoraba la lucha contra la corrupción, en una nación en la que se pierde alrededor de tres millones de dólares por el flagelo, se introducían nuevas figuras delictivas y se contemplaban más agravantes, no obstante, lo aprobado fue todo lo contrario beneficiando a los corruptos y corruptores.
“En la historia del derecho penal, en la historia del mundo del derecho penal, no conozco una reforma tan desvergonzada como esta, ni siquiera en la Alemania de los años 1930 llegaron al nivel de desvergüenza al que se ha llegado con la reforma que se ha hecho”, recriminó Álvarez.
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ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS PRESENTARÁN RECURSO CONTRA EL CÓDIGO PENAL
Diversas organizaciones de sociedad civil y defensoras de los derechos de las comunidades indígenas de Honduras presentarán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra las recientes reformas a la normativa penal debido a que vulneran, perjudican y ponen en precario la lucha de los y las defensoras.
Las reformas agravan los delitos de usurpación, ponen en riesgo y buscan criminalizar a los defensores y defensoras de los territorios en un contexto de saqueo, judicialización y expulsión que amenaza el derecho al acceso a las tierras de los pueblos.
“Nosotros creemos que este código penal se aprobó en el marco de la captura de la institucionalidad pública por parte de una mafia de corruptos, por parte de una mafia relacionada con el narcotráfico y que da razón de ello los juicios que se han llevado a cabo de Nueva York”, manifestó Edy Tábora, abogado del bufete Justicia para los Pueblos.
Las organizaciones que presentarán el recurso legal son: Estudios para la Dignidad, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Plataforma Agraria y el Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz en Honduras (Milpah).
