Por: Rodil Rivera Rodil
Pocas funciones públicas son tan complejas y difíciles de ejercer a cabalidad como las de los jueces de lo penal. Decidir sobre el destino de otras personas equivale un poco -y a veces mucho- a jugar al papel de Dios. ¿Quién está verdaderamente capacitado para privar a un ser humano de su libertad, o de su vida en los países donde existe la pena de muerte? El profesional del derecho, constreñido por los fríos preceptos de la ley penal, o el ciudadano común y corriente, carente de todo bagaje jurídico, que integra un jurado y cuya guía principal, sino la única, será solo su conciencia. El debate sobre el tema, siempre apasionado, nunca se ha cerrado.
Pero es un hecho que, con jurado o sin él, la ciudadanía, particularmente en los casos emblemáticos, suele emitir su propio juicio, o lo que es igual, dictar su propia sentencia. Que puede coincidir o no con la del Estado, pero que tiene una gran fuerza moral. “La voz del pueblo, es la voz de Dios”, dice la conocida expresión, la cual, curiosamente, no parece tener ningún fundamento bíblico. Pero, como alguien dijo alguna vez, las convicciones populares “sean o no acertadas se imponen por su fuerza irresistible, y no es prudente oponerse a ellas”.
La anulación del juicio de Kevin Solórzano le resta seriedad al Poder Judicial. No se puede travesear con la administración de justicia. La resolución se asemeja más al lavado de manos de Poncio Pilato que a la conclusión de un profundo discernimiento jurídico. El jurado de conciencia de la nación, sin embargo, ya declaró inocente a Solórzano. Por asociación de ideas, la reacción de la población en los medios y en las redes sociales me ha traído a la memoria una célebre causa criminal acaecida en Francia en los inicios del sigo pasado que dice mucho sobre la influencia de la “voz del pueblo”.
Al atardecer del lunes 16 de marzo de 1914, madame Henriette Caillaux, la atractiva y elegante esposa de Joseph Caillaux, prominente político francés, ex primer ministro y a la sazón ministro de finanzas, visitó en su despacho a Gaston Calmette, editor de “Le Figaro”, uno de los diarios más influyentes del país, y, luego de un breve intercambio de palabras, extrajo de su costoso abrigo de piel una pequeña arma de fuego y le infirió varios balazos en el pecho, a consecuencia de los cuales el periodista falleció a las pocas horas. Cuando fue apresada, la homicida se limitó a advertir a los agentes que intentaban esposarla: “No me toquen. Soy una dama”. Fue tal el estupor que causó el suceso en toda Europa que opacó la enorme preocupación por la inminente amenaza de la Primera Guerra Mundial, que comenzaría apenas cuatro meses más tarde.
¿Cuál fue la causa de tan extraordinario crimen? Muy simple. Por razones políticas, Calmette había desatado una furibunda campaña de prensa para denigrar a Joseph Caillaux y lo amenazaba con publicar la correspondencia amorosa cursada con Henriette varios años atrás, cuando ambos eran casados. Madame Caillaux se declaró confesa y el juicio por asesinato que se le instruyó, que acarreaba la pena de muerte, despertó igual o mayor agitación que el mismo crimen.
Pero la sentencia dictada cuatro meses después, el 28 de julio de ese mismo año, causó una más grande conmoción aún, casi tanta como el estallido de la contienda mundial que, coincidentemente, se produjo ese mismo día: madame Caillaux fue absuelta por unanimidad de votos del jurado tras una deliberación de tan solo 35 minutos.
¿Cómo fue posible semejante veredicto? El consenso de los analistas de entonces lo atribuyó a que la opinión pública francesa ya de antemano había juzgado y condenado el vil proceder de Calmette y justificado su muerte. En otras palabras. Se trató de esa en extremo simple, pero terrible idea de la justicia que en las grandes ocasiones de la historia asumen los pueblos con implacable rigor. He aquí un párrafo del editorial de un rotativo inglés, en el que, dicho sea de paso, el lector podrá reconocer el quehacer cotidiano de algunos medios de comunicación de la Honduras actual:
“No nos ha sorprendido la absolución de madame Caillaux. Cuantas personas hayan seguido, como nosotros, las incidencias del proceso, seguramente también tendrían descontado el desenlace…Sin embargo, creemos que a Madame Caillaux no la ha absuelto el Jurado sino Francia. La opinión francesa, que, alarmada por deplorables y repetidas campañas de su prensa, ha visto en el hecho de madame Caillaux la vindicación de una sociedad constantemente amenazada por periódicos que, sin respetos para nadie, ni para sus mismos lectores, contaban intimidades que pertenecían a lo sagrado del hogar”.
El pueblo francés, pues, convirtió a Madame Caillaux en poco menos que una heroína. Y, dicho sea de paso, le fue muy bien el resto de su vida. Años después volvió a adquirir fama, pero esta vez como historiadora de arte, y murió en paz en 1943 en su casa de habitación a los 69 años de edad. Pese al mandamiento que lo prohíbe y a la repulsa universal contra la pena de muerte, uno no puede evitar preguntarse: ¿sería que, al menos en esa oportunidad, la voz del pueblo era, efectivamente, la voz de Dios?
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En Honduras, la justicia del Estado, o más bien, la del gobierno de Juan Orlando, marcha en dirección totalmente contraria a la del pueblo hondureño. Mientras la primera reparte cartas de libertad a los corruptos, como en un juego de naipes, la segunda los condena a las máximas penas. Mientras la primera alarga la agonía de Kevin Solórzano, la segunda lo declara inocente y quiere que sea devuelto a su familia.
Pero Juan Orlando también utiliza su “justicia” como moneda de cambio para negociar con la nueva administración de Biden que lo dejen llegar al final de su espurio mandato a cambio, entre otras concesiones, de reprimir con la fuerza militar a los emigrantes y de echar a andar unos cuantos procesos judiciales de corrupción, comenzando por el de los hospitales móviles. Aunque ya se sabe que en unos pocos días o semanas los acusados serán puestos en libertad. No faltaba más, para eso, justamente, aprobaron los diputados corruptos el nuevo código penal.
Y, claro, la primera captura a la que se comprometió Juan Orlando tuvo que hacerla montando el show correspondiente para que mister Biden crea que va en serio. Así, le tendieron una trampa al director de Invest para apresarlo y, supuestamente, internarlo en la penitenciaría de Támara, pero esto fue únicamente para fines publicitarios, ya que inmediatamente después lo trasladaron a un batallón. Y para probar la celeridad con que cumplía su parte, JOH ordenó al fiscal general que corriera a grabar una declaración sobre el caso que lo mostrara en plena acción ¡hasta en mangas de camisa!. Solo faltó que la leyera en inglés para que no requiriera traducción.
No obstante, Juan Orlando no las tiene todas consigo, pues fue debidamente advertido por el asesor de Biden, Juan Gonzales, que “el Departamento de Justicia de EE.UU. funciona de forma independiente y le aclaró que desde el Ejecutivo no pueden dirigir qué pueden y qué no pueden hacer”. Dicho de otro modo, quedó enterado de que si la fiscalía de Nueva York interpone una acusación contra él el gobierno norteamericano podría verse obligados a tomar otro camino.
En fin, parece que ni el señor Biden ni sus asesores han entendido aún que Juan Orlando Hernández no es la solución para el combate a la corrupción y al narcotráfico, o lo que es lo mismo, para el problema migratorio de los Estados Unidos y menos que es parte de la solución. ¡Él es el mismísimo problema!
Tegucigalpa, 13 abril de 2021.
