Treinta y tres legisladores solicitaron la intervención del secretario de Estado y la representante de Comercio para apoyar la defensa de Honduras ante la demanda ISDS interpuesta por Próspera
Fotos: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa.- Mientras en Honduras las y los congresistas dan largas a la ratificación de la derogación de las reformas y leyes que dieron vida a las ciudades privadas bajo la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en Estados Unidos 33 legisladores expresaron su preocupación frente a la demanda de Próspera contra Honduras.
Mediante una carta dirigida a la representante de Comercio, Katherine Tai, y el secretario de Estado, Antony Blinken, las y los legisladores demócratas encabezados por la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y el representante Lloyd Doggett de Texas pidieron la intervención de ambas agencias para poner freno a un campo de juego que beneficia a las grandes corporaciones, a la vez que socava la soberanía de los Estados.
Las y los senadores y representantes remarcaron la disparidad existente en los tribunales de arbitraje privados, los cuales exigen a los gobiernos que paguen millonarias sumas sin que los trabajadores y consumidores tengan la misma apertura
Las y los representantes y senadores apuntan que el sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) es usado por grandes corporaciones como una arma defectuosa y antidemocrática que bajo la idea de resolver disputas, beneficia sus propios intereses a expensas de los trabajadores, los consumidores y las pequeñas empresas a nivel global.
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“Por lo tanto solicitamos que sus agencias investiguen todas y cada una de las opciones a su disposición para eliminar las obligaciones bajo el marco ISDS de los acuerdos comerciales y de inversión existentes”, señala la carta.
La misiva detalla que el mecanismo del ISDS no es necesario para promover inversiones productivas, en cambio sí perjudica los derechos humanos y obstaculiza los esfuerzos para abordar el cambio climático.
En un comunicado de prensa publicado tras la divulgación de la carta de las y los legisladores demócratas, se remarcó la disparidad existente en los ISDS donde las quejas son manejadas “por tribunales de arbitraje privados compuestos por abogados corporativos” quienes exigen a los gobiernos que paguen millonarias sumas sin que los trabajadores y consumidores tengan la misma apertura para presentar quejas y hacer cumplir los compromisos laborales y ambientales en los acuerdos comerciales.
DEMANDA DE PRÓSPERA NO ES UN CASO AISLADO EN AMÉRICA LATINA
Con respecto a la demanda de Próspera contra el Estado de Honduras por aproximadamente US $11 mil millones, las y los legisladores resaltaron que la misma es el más reciente ejemplo “de la preocupante tendencia del aumento del ISDS en América, tanto en el número de casos como en las elevadísimas demandas”.
Agregando que los gobiernos de América Latina han pagado cerca de 28 mil millones de dólares en indemnizaciones a empresas extranjeras a costa de sus contribuyentes, simplemente por poner en marcha políticas públicas encaminadas a la protección del medio ambiente, acceso a la salud y el bienestar económico de sus comunidades.
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En el caso de Próspera contra el Estado de Honduras, señalan que en diciembre de 2022 esta presentó una demanda en virtud del CAFTA-DR ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual “obligará al gobierno de Honduras a gastar potencialmente millones de dólares para defenderse por responder a la voluntad de su pueblo y hacer valer su soberanía sobre estas jurisdicciones de gobernanza especial que operan en su territorio”.
Destacan que la millonaria suma que busca Próspera no es el único motivo que genera serias preocupaciones. Apuntan que la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE a través del Congreso Nacional fue una gran victoria para la democracia del país, puesto que estás más allá de atraer inversión extranjera directa dentro de las fronteras de la nación anfitriona, “permitió la creación de zonas de gobernanza privada mucho más extremas que tienen ‘autonomía funcional y administrativas’ del gobierno nacional”.
En la nota de prensa lanzada tras la publicación de la carta explican que “las ZEDE son zonas de gobierno privado cuasi-soberanas donde las empresas pueden operar casi independientemente del gobierno hondureño, estableciendo sus propios códigos fiscales, sistemas judiciales y leyes laborales”.
En la misiva recuerdan que tanto el gobierno como el congreso de los Estados Unidos han reconocido “hasta cierto punto” los problemas con el sistema ISDS, algo en lo que desde ya trabajan de forma bipartidista para reducir significativamente las obligaciones bajo ISDS.
“Le solicitamos que intervenga—a través de una declaración de apoyo, un amicus curiae y cualquier otro medio a su disposición—en apoyar la defensa de Honduras en el caso de la demanda ISDS interpuesta por Prospera, para garantizar que casos tan atroces dejen de perturbar la formulación de políticas democráticas, y trabajar para la eliminación de obligaciones bajo ISDS en acuerdos preexistentes en nuestro hemisferio”, expusieron en la carta.
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LA LARGA ESPERA DE UNA RATIFICACIÓN QUE NO LLEGA
Curiosamente, mientras en Estados Unidos las y los legisladores señalan la inequidad al interior del sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado, en Honduras a un año de la derogación de las ZEDE, su ratificación sigue a la espera.
Criterio.hn consultó con la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, el porqué el tema de la ratificación de las ZEDE no parece prosperar en el Congreso Nacional de Honduras, y ella vislumbra que estos temas de interés pueden ser utilizados por las y los políticos como moneda de cambio, utilizando los votos en favor o en contra para obtener beneficios propios.
García Merino sostuvo que un diputado le compartió que la bancada del Partido Nacional ofrece los votos para la ratificación de la derogación de las ZEDE siempre y cuando se les proporcione inmunidad, entre otras negociaciones.
“Lamentablemente la función legislativa sigue en la balanza tendiendo más a los intereses particulares, que al bien común y al respeto de nuestra soberanía”, deploró.
En Honduras, diputadas y diputados de la bancada del Partido Nacional podrían estar utilizando la ratificación de la derogación de las ZEDE como una moneda de cambio para obtener inmunidad, entre otros beneficios propios, dice fundadora de Honduras Resurge.
A la vez que expuso que a más de tres semanas en la agenda el tema de la ratificación de la derogación de las ZEDE, “las y los diputados deben estar conscientes que el pueblo los está observando y que habrá un duro voto de castigo para quienes no ratifiquen la derogación”.
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