Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – El gobierno de Iris Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026) ha recibido cuestionamientos en varias ocasiones debido a lo que muchos sectores llaman justificaciones, respecto a las secuelas de los problemas heredados después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y 12 años bajo un narcoestado.
Pese a que es la primera vez que no gobierna el bipartidismo, varios sectores, incluso de las mismas bases de Libertad y Refundación (Libre), preguntan si es que, a seis meses de iniciar, el gobierno aún no ha terminado de llegar y mencionan que muestran varias debilidades e incluso que han repetido algunos comportamientos del gobierno anterior, por ejemplo, a la hora de las hacer algunas juramentaciones.
Para Criterio.hn, el director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, señaló que percibe que los funcionarios del actual gobierno son más activistas políticos que funcionarios públicos.
“Cumplen más la tarea apologética de defender el gobierno que de cumplir su papel como funcionarios públicos, es uno de los grandes peligros, que no se dediquen a cumplir con la función para a cuál fueron nombrados”, expresó Moreno.
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La percepción generada es que los problemas heredados que mencionan los altos funcionarios se han convertido en la excusa para evitar despegar, de ser así, los problemas del pasado estarían extendiéndose, como ser la criminalidad, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, mismas que al seguir montadas significan la desestabilización del actual gobierno.
A juicio de la analista y socióloga, Leticia Salomón, en conversación con Criterio.hn, manifestó que los problemas heredados no se pueden usar como excusas, pero es necesario remarcar el detrimento que causó el Partido Nacional en 12 años de gobierno, puesto no puede dejarse pasar los actos de corrupción de muchos de sus funcionarios.
Sin embargo, Salomón apuntó que el gobierno tampoco puede pasar los cuatro años justificándose en problemas heredados de la administración pasada. En ese sentido, razonó que es necesario señalar el daño y la corrupción causada, pero dar resultado y respuestas a esos daños que flagelan a la sociedad.
En los últimos años se dispararon los índices de impunidad, corrupción, pobreza, migración masiva, delincuencia, violencia, inseguridad, violación a los derechos humanos, narcotráfico, entre otros. El deterioro de la sociedad hondureña ha sido evidente y las secuelas de la narcodictadura y las imposiciones después del golpe de Estado de 2009 continuarán sintiéndose.
El analista y sociólogo Lelys Paz, manifestó a Criterio.hn que no es nada fácil para la vida pública y administrativa de Honduras reconstruir de los escombros que dejó el gobierno anterior, sobre todo en el tema económico, político, destruido institucionalmente y sin una verdadera democracia y sin Estado de derecho.
“Arrancar de cero implica un enorme esfuerzo y sacrificio, principalmente al reordenar las finanzas del Estado y recuperar el Estado de derecho, y hay que reconocer objetivamente que no es fácil”, apuntó el sociólogo.
Entre las opiniones cuando se habla de los problemas y la situación heredada, hay quienes piden abstenerse de repetir ese discurso de haber heredado un desastre, pues, aunque la población lo sabe, empieza a parecer una excusa, tal como lo hacían los gobiernos anteriores, quienes culpaban al gobierno del defenestrado José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) para justificar sus desaciertos.
Pese a que la corrupción me hereda un Estado altamente endeudado y a la escalada internacional de precios; instruyo a la Secretaría de Finanzas absorber el 50 % del aumento al diésel, mientras valoro otras alternativas aún en estas precarias condiciones.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) March 14, 2022
Paz apuntó que son pocos los casos de narcoestado en Latinoamérica como ha sucedido en Honduras, durante el mandato del exmandatario extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2021), o la dictadura de Manuel Antonio Noriega Moreno en Panamá (1983-1989).
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En Honduras se ha reiterado, tanto por entes nacionales como internacionales e, incluso, la misma justicia estadounidense ha resaltado que la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado se apoderó de la institucionalidad, y esta continúa montada en los entes de justicia como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la Fiscalía.
Asimismo, funcionarios, la Policía Nacional y la misma presidenta Xiomara Castro, han señalado que las masacres y el crimen que acontece en Honduras se deben a estructuras criminales montadas por el anterior gobierno.
Por ejemplo, tras la masacre del 14 de julio, en la cual fue asesinado el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), Said Lobo Bonilla, Castro aseguró que escuadrones de la muerte fueron los responsables y que estos operan desde hace años en total impunidad.
Solidaria con ex Presidente Porfirio Lobo, Rosita, y familiares de jóvenes asesinados vilmente. Condeno escuadrones de la muerte que operan hace años con impunidad en Honduras. No descansaremos hasta desmontarlos @SSEGURIDADHN y @PoliciaHonduras.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) July 14, 2022
