Por: Redacción CRITERIO
Tegicigalpa.-El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se abstuvo este miércoles pronunciarse sobre el espinoso tema de la reelección presidencial, impulsada por el Partido Nacional y el presidente, Juan Hernández.
“La ley no me permite hablar de esa situación”, respondió Argueta ante la interrogante de la prensa esta mañana en la sede del Poder Judicial, donde minutos antes había recibido la lista de los jueces y magistrados anticorrupción.
Causa extrañeza que el presidente de la Corte no emita opinión sobre una resolución, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte anterior en abril de 2015, que declaró la inaplicabilidad de los artículos 239 y 245 de la Constitución, que prohíben la reelección presidencial, pero que según la institucionalidad hondureña, abrió la posibilidad para que Hernández vaya en busca de un segundo mandato.
Para la actual Corte, la reelección es también “cosa juzgada”, porque así lo estableció en una nueva resolución emitida en agosto de 2016.
El asunto ha sido también “cosa juzgada” para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que basado en ese mismo argumento procedió a la inscripción del mandatario.
Pero lo más asombroso, es que Argueta diga que la ley le prohíbe hablar del tema, cuando la semana pasada la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial declaró la inadmisibilidad de los recursos interpuestos por los líderes de la oposición política en contra de la inscripción de Hernández ante el TSE, alegando que los recurrentes no agotaron los requisitos a lo interno del ente electoral.
¿Por qué la reelección es ilegal?
La Carta Magna de Honduras prohíbe la reelección presidencial, pero Hernández y la cúpula del Partido Nacional, sustentan su legalidad en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró la inaplicabilidad de los artículos 239 y 245 de la Constitución.
Sin embargo, expertos en Derecho Constitucional sostienen que la reelección sigue siendo prohibida porque la sentencia del Poder Judicial solo derogó la prohibición para hablar del tema y porque la alternancia en el poder sigue vigente.
Asimismo porque el tema abarca artículos pétreos que solo pueden ser modificados o derogados mediante una Asamblea Nacional Constituyente.
Según la Constitución hondureña, Hernández debe entregar el poder el 27 de enero del 2018 al ganador de las elecciones del último domingo de noviembre del 2017.
